La presunción de inocencia en el caso del exsacerdote Vivas Ortiz

Por Elias Samuel Rosario Mata viernes 13 de diciembre, 2019

La presunción de inocencia es la seguridad jurídica y moral, que le garantiza a toda persona, que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que eliminen tal presunción; esto es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra.

El artículo 7 de la Constitución dominicana define a nuestro país como un Estado Social y Democrático de Derecho y establece que se instituye sobre la base del “respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, la soberanía y la separación e independencia de los poderes públicos.

En su artículo 8, dispone que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social.

En el 69 nuestra Carta Magna, consagra el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; el derecho a ser oído en un plazo razonable, por una jurisdicción competente e imparcial; el derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA y ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.

La presunción de inocencia, es una garantía consagrada en nuestra Constitución Política; en tratados internacionales sobre derechos humanos, como en el artículo 11 de la Declaración Universal Derechos Humanos; artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Estos artículos no se cumplen, por esta razón, nuestro sistema judicial es una de las instituciones de mayor descredito en nuestro país y en la región.

Algo anda muy mal y es deber de cada ciudadano, hacer algún aporte para corregirlo. Cuando la sociedad en general (gobiernos, medios de comunicación, redes sociales y un largo etcétera) alientan procesos de “linchamiento público” contra personas, que son acusadas de la comisión o participación en algún delito, condenándolas sin juicio previo; vulnerando su derecho a defensa y sometiéndolas al escarnio público.

Significa que el sistema judicial ha perdido el norte y su función principal, de mantener el equilibrio, para que la sociedad no caiga en el caos y se convierta en una selva.

En el caso del sacerdote, el primero en ponerse donde el capitán lo vea, fue sus superior inmediato, el obispo Víctor Emilio Masalles, quien condenó los hechos y pidió disculpas por los delitos del sacerdote, sin aportar ninguna prueba para sustentar su condena.

Por el contrario, hizo caso omiso sobre la denuncia del sacerdote, de que la fiscal lo mantuvo nueve días esposado a los barrotes de la cárcel de Palenque y ocho días sin permitirle bañarse y con la misma vestimenta.

Violando todos sus derechos sin ninguna contemplación, sometiéndolo a una tortura corporal y psicologica, que pueden llevar a cualquier ser humano a intentar contra su vida.

En tanto, que Salvador Potentini, abogado del inculpado, calificó la decisión como un abuso y dice que fue adoptada por presión, alegando que el tribunal se negó a ver las entrevistas en la cámara Gesell que se le hicieron a la menor.

La cámara Gesell es un ambiente administrado por el Instituto de Medicina Legal (IML) del Ministerio Público y dividido en dos espacios. Uno es solamente para la entrevista con el menor y la otra es donde estarán presentes los fiscales, abogados y padres. Ambos ambientes estarán separados por una pared de vidrio espejado.

¿Por qué el tribunal se negó a ver la entrevista?  La respuesta es obvia, se la dejamos a los lectores.

Además, agregó que no se le ha dado aseso a toda la documentación del caso, que le permita preparar una defensa adecuada, y que la fiscal de San Cristóbal tomó sus decisiones sin antes citar al acusado e informarle sobre el proceso investigativo, “sorprendiendo al juez de la instrucción, violando la norma en un caso no flagrante, y solicitando una orden de arresto y allanamiento del domicilio del sacerdote”.

No cabe duda, de que hay una manipulación perversa en este caso, que debe ser investigada, por las autoridades de las altas instancias, para evitar que la justicia continúe por el camino del desprestigio.

Es inconcebible, que fiscales supuestamente capacitados para ejercer una labor profesional que adecente la justicia, en vez de ser agentes de equilibrio, pasen de un extremo al otro, como son los casos de colocar drogas y falsificación de firmas, que han provocados asesinatos de mujeres, por un lado y por el otro, violarle todos los derechos y someter a tortura a un imputado.

No conocemos personalmente al sacerdote, ni a ningunos de sus familiares, ni a los victimarios. Pero el prejuicio es evidente y como dijo el sabio Terencio: Soy un hombre, nada humano me es ajeno.

Por Elías Samuel Rosario Mata

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