La presencia del voto en la importancia de los órganos electorales

Por Francisco Cabrera Mata

La instauración del voto con los rasgos que le conocemos hoy, es decir, universal, libre, voluntario, directo y secreto, es la expresión de soberanía popular que mayor legitimación puede agregar a la detentación del poder en una sociedad que se precie de democrática. Ciertamente, el sufragio ejercido en un contexto de igualdad y transparencia es insumo para construir una sana voluntad electoral. Para esto, las democracias reservan la organización y control de los procesos electorales a manos de instituciones que, llamadas a garantizar el funcionamiento del sistema, intervienen como piezas imprescindibles.

El caso nuestro es un buen ejemplo de lo que venimos de decir. Pues, la puesta en escena de órganos autónomos, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, independientes de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, enseña que hemos aportado a la adecuada respuesta que demanda la lucha de los pueblos por elecciones transparentes. Así, en eso de blindarnos contra los vicios que históricamente han afectado a la democracia en la región, al separar las funciones de administrar y juzgar, el tema exhibe nuevo rostro desde la reforma constitucional del 2010.

En ese contexto, nos sumamos a las tareas más notorias de los constituyentes del área de los últimos tiempos y suscribimos el esquema de los países que cuentan con dos organismos electorales: uno con atribuciones administrativas, encargado predominantemente de la organización de los comicios, y otro con funciones jurisdiccionales para resolver los conflictos que surjan con motivo de los mismos[1]. Basta apreciar el modelo de que tratan las dos secciones que comprenden el Capítulo II, Título X, de la Constitución; de suerte que, hablamos de la Junta Central Electoral (JCE) y del Tribunal Superior Electoral  (TSE).

Tal diseño, a juicio del Tribunal Constitucional (TC), nos coloca ante órganos extrapoderes nuevos o renovados que son receptores de funciones o subfunciones desmembradas de los poderes tradicionales[2]. Es notorio, entonces, la adopción con fuerte arraigo jurídico de un patrón para la promoción, implementación y protección de los derechos electorales, orientado a llenar la obligación del Estado de garantizar la diafanidad de toda elección popular más allá del ente organizador que, hasta la renovación de su matrícula en el año 2010 y desde el año 1927, conservaba ambas  potestades.

En efecto, aun cuando fue creada en el año 1923[3] e incorporada a la Constitución a través de la reforma de 1924, con competencias para dirigir las elecciones, no es sino a  partir de la revisión constitucional de 1927, que a la JCE le fueron agregadas las atribuciones de juzgar. Pero, como hemos adelantado, con el ordenamiento vigente ha quedado consolidada como la máxima autoridad en materia de administración y de organización de los procesos electorales; en tanto que, con historia que pronto habrá de llegar a la edad de la adolescencia, la justicia electoral ha sido confiada al TSE.

Ambos órganos son de naturaleza colegiada. La JCE está integrada por 5 miembros y sus respectivos suplentes, elegidos por el Senado de la República para un período de 4 años, observando el voto favorable de las dos terceras partes de los que participen en sesión fijada a esos fines[4]; al momento de la elección, el Senado indicará en forma precisa cuál de ellos será el presidente. En cuanto a los requisitos para integrar el órgano, estos varían según se trate del Presidente y su suplente o del resto de los miembros y sus suplentes.

De su lado, lo contencioso electoral, que no es un invento nuestro, ya que responde a la tendencia contemporánea que en el derecho comparado ha apuntado a la judicialización de los procedimientos electorales, busca que cualquier conflicto que surja sea resuelto conforme a derecho y de acuerdo con los principios de constitucionalidad y legalidad, en vez de acudir a los criterios ampliamente discrecionales de la oportunidad y negociación política[5]. Es una fórmula típicamente latinoamericana que la Constitución nuestra hizo suya.

Salvo lo relativo al control jurisdiccional de los actos materialmente administrativos que emanan de la JCE, el señalado órgano es el responsable de la justicia electoral, sus decisiones son vinculantes para todos los órganos electorales, las organizaciones políticas y las partes que intervienen en el proceso [6]. Este tribunal está integrado por cinco jueces electorales y sus respectivos suplentes, quienes son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez, designa quién ocupará la presidencia. Se corresponde con una designación a término, sujeta a un período de cuatro años.

En la actualidad, JCE y TSE comparten la presidencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, entidad no gubernamental que data del 1991 y cuya creación tuvo lugar en Caracas, para reafirmar la relevancia de la democracia como único sistema que permite el desarrollo del ser humano en un ambiente de plena libertad. Allí convergen organismos electorales de Centro América y el Caribe, América del Sur y otros de américa que lo soliciten[7]. Pese a que sus resoluciones no tienen carácter vinculante, no por ello dejan de ser recomendaciones y orientaciones con peso específico.

En fin, estamos ante instituciones cuya importancia y compleja conformación no es accidental; pues, viene dada por la relación de dependencia del poder y la representación, con el adecuado desarrollo de la función electoral en la tarea de preservar la calidad del voto. Esto explica y justifica la constitucionalización experimentada. Por demás, dicha relevancia pone de manifiesto que tales órganos dotan al Derecho Electoral de criterio jurisdiccional propio, lo que sumado al andamiaje normativo que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de éstos, constituye caldo de cultivo para el discurso de la autonomía en esta disciplina jurídica.

[1] OROZCO HENRÍQUEZ, Jesús. Tendencias recientes de la justicia electoral en América Latina. REYNOSO NÚÑEZ, José y SÁNCHEZ DE LA BARQUERA Y ARROYO, Herminio (Coordinadores). La Democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario, 2009, p. 405-424.

[2] Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0001/15, del 28 de enero de 2015.

[3] Ley núm. 3413, del 12 de abril de 1923

[4] Artículo 11, Ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral.

[5] Aragón Reyes, Manuel, “Legislación electoral comparada y garantías jurídicas del proceso electoral”, Elecciones y democracia en América Latina, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, 1988, p. 106

[6]  Artículo 22,  Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del estado civil.

[7] Ver en la web https//uniore.org/es.do/quienes-somos

 

Por Francisco Cabrera Mata

Comenta

Apple Store Google Play
Continuar