«Ante informaciones falsas y calumniosas, referidas a la supuesta detención de 160 personas a partir del 15 de abril del 2019 (…), nuestra institución policial informa que al día de hoy no hay ninguna persona detenida en celdas policiales por delitos relacionados a graves alteraciones al orden público», indicó la Policía Nacional en una declaración.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia señaló este lunes al Gobierno de Ortega de seguir incumpliendo los acuerdos relativos a derechos y garantías ciudadanas suscritos el pasado 29 de marzo y que, desde entonces, la Policía Nacional ha detenido a 160 manifestantes, de los cuales 13 todavía permanecen en prisión.
En su declaración, divulgada también por el Ejecutivo y dirigida a la comunidad internacional, la Policía Nacional no confirmó ni negó de que hayan detenido a 160 manifestantes antigubernamentales en ese lapso, como denuncia la Alianza Cívica.
La semana pasada, esa institución informó que «15 personas fueron notificadas y trasladadas inmediatamente a sus casas de habitación, donde fueron recibidas por sus familiares», tras intentar participar en una movilización opositora.
En esa ocasión, la Unidad Nacional Azul y Blanco, organizadores de esa actividad convocada para el miércoles pasado, reportaron 67 detenidos por intentar participar en la movilización contra el presidente Ortega.
Entre los detenidos estaban tres mujeres y el periodista Abixael Mogollón, quien fue capturado mientras cubría el suceso y liberado horas después en una calle y tras sufrir, según denunció, «torturas, manoseo y robo» de sus pertenencias por parte de la Policía, que no se ha referido a ese caso.
Esas capturas ocurrieron en la víspera del primer aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018, y tres semanas después de que el Gobierno se comprometiera en una mesa de negociación para superar la crisis a respetar los derechos y las garantías ciudadanas.
El Ejecutivo y la Alianza Cívica culminaron el pasado 3 de abril una negociación para superar la crisis, sin acuerdos en temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.
Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre los puntos de verdad, justicia, reparación y no repetición, además de democratización y reformas electorales.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Por EFE
