El Demócrata
La Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya emitió el viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin a quien acusa de crímenes de guerra por el conflicto con Ucrania y me pregunto ¿Estará consciente este tribunal de las implicaciones de esta decisión?
La Organización de las Naciones Unidas claramente cree que hay evidencia suficiente para acusar al líder ruso de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, los problemas prácticos y logísticos para llevar adelante el caso son inmensos.
Putin podría ser detenido solamente si abandona el país. Pero, dado que su libertad de movimiento ya está severamente limitada por las sanciones internacionales en su contra, es poco probable que viaje a un país que quiera enjuiciarlo.
De hecho, Putin tiene prohibido viajar a 123 países tras la orden de arresto que emitió la CPI. Sin embargo, el fiscal de la CPI ha dicho lo siguiente: “quienes creen que es imposible que Putin sea detenido por los actos cometidos en Ucrania no entienden la historia”. La frase es una advertencia clara: Putin sí puede ser arrestado.
Putin, específicamente está señalado como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal conocido como Estatuto de Roma.
La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Pero, aunque el principal fiscal de la CPI diga que sí es posible arrestar a Putin la verdad es que sigue siendo poco probable, no por faltas de evidencias, sino por lo que representa el poder.
En la actualidad, el líder ruso disfruta de un poder indiscutible en su tierra natal, por lo que no hay perspectivas de que el Kremlin lo entregue a la CPI.
Desde que las tropas rusas invadieron Ucrania en febrero de 2022, Putin solo ha visitado ocho países. Siete de ellos serían considerados por él como parte del «extranjero cercano» de Rusia, es decir, eran partes constituyentes de la Unión Soviética antes de que colapsara a fines de 1991.
El único destino reciente que no entra en esta categoría es Irán, que visitó en julio del año pasado para reunirse con el líder supremo de la teocracia, Alí Jamenei.
Dado que Irán ha ayudado al esfuerzo bélico ruso con el suministro de drones y otros equipos militares, es poco probable que una visita repetida a Teherán ponga a Putin en peligro.
Otro problema es que Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI. El estatuto que crea la CPI establece que es el deber de todo estado ejercer su propia jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes internacionales.
La CPI solo puede intervenir cuando un estado no puede o no quiere llevar a cabo la investigación y enjuiciar a los perpetradores.
En total, 123 estados acordaron cumplirlo, pero hay algunas excepciones significativas, como es el caso de Rusia (y también de Estados Unidos que tampoco la reconoce).
Algunos países, incluido Ucrania, han firmado el tratado, pero no lo han ratificado. Por lo tanto, la posición legal no es muy firme.
Si bien no es raro que hayan juicios que se lleven a cabo sin el acusado en el banquillo, esa no es una opción en la CPI. Este tribunal no lleva a cabo juicios en ausencia, por lo que esa vía también está cerrada.
La idea de juzgar a las personas por crímenes de lesa humanidad es anterior a la existencia de la CPI.
Comenzó en 1945 después de la II Guerra Mundial con los Juicios de Nuremberg, que se llevaron a cabo para castigar a miembros clave de la jerarquía en la Alemania nazi por el Holocausto y otras atrocidades.
En este contexto no vemos que sea imposible, como bien señala el principal fiscal del CPI, pero sí creemos que será muy difícil, aunque estamos de acuerdo que sea enjuiciado. Se ha dicho que lo estratégicamente deseable, debe ser tácticamente posible.