EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy "la campaña de desinformación y calumnias" contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y especialmente contra su director, Iván Velásquez, y alabó el trabajo que realiza.
En una rueda de prensa, Liz Throssell, portavoz del organismo de la ONU, subrayó que la CICIG ha sido clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano, y recordó que colabora intensamente tanto con Naciones Unidas como con la Fiscalía.
Throssell recordó que Velásquez describió la semana pasada la campaña contra la entidad "como una guerra psicológica de las estructuras criminales para evitar ser eliminadas".
Desde abril de 2015, el organismo y la Fiscalía han desmantelado una serie de estructuras de corrupción en las que, además del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxanna Baldetti, están implicados altos funcionarios, exfuncionarios, empresarios y otros particulares.
Asimismo, la portavoz recordó que el propio secretario general de la ONU, António Guterres, defendió ayer públicamente el trabajo de la CICIG y de su director, recordando la innegable labor en defensa de la Justicia y la lucha contra la impunidad.
Preguntada por qué cree que la campaña, si bien antigua en el tiempo, se ha intensificado en las última semanas, Throssell respondió que no puede especular sobre las causas, pero que sucede en un momento en que se está debatiendo en el Parlamento la reforma de la Justicia.
Precisamente, un grupo de expertos de Naciones Unidas instó ayer a los parlamentarios guatemaltecos a que mantengan el consenso alcanzado para la reforma de la Justicia y que se preserven los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.
Throssell dijo que el Alto Comisionado se alinea con lo expresado por los relatores.
En abril de 2016 los tres poderes del Estado lanzaron en Guatemala un diálogo social para la reforma de la Justicia que contó con la participación de todos los sectores de la sociedad (más de 1.500 participantes), incluida una gran representación indígena.
La reforma, entre otras cosas, busca mejorar el acceso a la Justicia, especialmente para mujeres e indígenas, que se mejore la independencia del sistema y evitar que los jueces sean elegidos por los políticos.
Si bien hubo consenso al final del diálogo, durante el proceso parlamentario algunos diputados intentaron introducir enmiendas en sentido contrario a lo pactado, algo que la ONU censura.
