Muchas formas de violencia se ejercen sobre la población más vulnerable, los niños, niñas y adolescentes. Un tema que requiere un trabajo arduo, constante y de terreno, adentrarse a la comunidad para hacer práctico lo que dicen los protocolos de atención, las leyes, los acuerdos internacionales.
Las políticas públicas que se adopten deben tener un enfoque integral no desde una institución particular, sino que debe ser todo un engranaje que genere vínculos fuertes para obtener una sólida red de apoyo y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y de esa forma reducir el riesgo de abusos en su contra.
Protegerlos de la exposición al uso de alcohol, drogas, prostitución, y todos los demás tipos de violencia que arropan a nuestra niñez y adolescencia. El adulto quien en la mayoría de las ocasiones comete el abuso contra el niño, niña o adolescente es quien además tiene la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo y contamos con un sistema de justicia que pone sobre el adulto la responsabilidad de denunciar el abuso.
¿Qué pasa entonces cuando ese adulto responsable de la protección del niño, niña o adolescente es el mismo abusador? ¿Cómo podemos protegerlos eficazmente? Nuestro sistema actual solo contempla la posibilidad de que ese niño o niña sea rescatado del entorno familiar y llevado a uno de los hogares de paso, los cuales no son suficientes y tampoco cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer o garantizar una efectiva protección de ese niño, niña o adolescente.
Los principales factores de esa desprotección institucional los son: la falta de capacitación del personal en el tema de protección, la ausencia de recursos para proveer al niño, niña o adolescente de los programas adecuados para su desarrollo, carencias de medidas de seguridad dentro de ese sistema, y la falta de supervisión por parte de las autoridades encargadas de la operatividad de los centros.
¿Qué podemos hacer entonces? La situación es compleja, pero totalmente prevenible si se aborda de forma integral desde el monitoreo de las familias en las comunidades, la protección empieza desde las escuelas, centros comunitarios, supervisando las medidas de seguridad y calidad del entorno en el que se desarrolla el niño, niña o adolescente.
Es muy importante recalcar que hay que entrar al barrio, a la comunidad ofrecer soporte psicológico, educativo y económico para que los adultos puedan desarrollar comportamientos adecuados y sin violencia en la crianza de sus hijos e hijas y así evitar en la medida de lo posible la institucionalización de la niñez, ofreciéndole en sus propias comunidades las garantías de seguridad y protección necesarias para hacer posible un desarrollo integral.
El órgano coordinador de estas políticas públicas debe tener los recursos necesarios y la estabilidad suficiente, para que se puedan ver los efectos de la implementación de los programas de atención. Esperamos que en estos cambios del tren gubernamental sean priorizados estos temas y se reenfoquen de manera efectiva los recursos en favor de la niñez dominicana.
Por Lic. Katherine Matos