La necesidad de la extinción de dominio en la República Dominicana

Por Noel R. Báez Paredes lunes 18 de enero, 2021

A propósito de los últimos acontecimientos en materia de crimen organizado y lavado de activos es prudente analizar la figura que a duras penas sigue pasando desapercibida por nuestro honorable congreso, la extinción de dominio, que no es más que un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Por ende, es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.

En ese sentido, imaginemos una organización que se dedique a este tipo de actividades ilícitas y logre acumular un patrimonio considerable. Sin embargo, como todo lo mal habido no debe de ser permitido pues dicha organización es llevada a los brazos de la justicia y los bienes sobre los cuales se pueda probar el vínculo proceden a ser decomisados, pero es prudente citar que una vez dichos sujetos haber cumplido con las penas impuestas, retornan a su ciclo normal, pero con una leve diferencia, ya pagaron por lo que cometieron, más sin embargo su patrimonio producto de actividades ilícitas sigue en su poder y puede ser objeto de comercio y explotación, aun a pesar de que el mismo fue resultado de dichas actividades por las cuales se cumplió la pena. Siendo esas situaciones las que regularía en caso de ser aprobada la Ley de Extinción de Dominio; este marco normativo vendría a fungir como régimen de consecuencia que evitara que el bien conseguido fuera de la ley sirva como fin y beneficio de quien en principio cometió el ilícito.

Ante tal escenario, es necesario indicar la necesidad colectiva de que el Estado pueda contrarrestar el poder económico de las organizaciones criminales y que mejor forma que afectando sus recursos financieros mediante la figura de la extinción de dominio. Así lograr evitar el descaro de personas que han sido objeto de cuestionamientos penales y a pesar de esto, vemos como continúan sus operaciones comerciales como si las mismas hubiesen sido estructuradas bajo el esquema legal que la mayoría de la ciudadanía aplica para emprender y lograr tener una mejor calidad de vida.

Los mecanismos actuales como el decomiso no son eficientes pues, el mismo no puede llevarse a cabo sin una determinación previa de responsabilidad penal que dé como resultado una sentencia condenatoria y esta así lo disponga, por ende, resulta ser una sanción accesoria que está necesariamente condicionada a la determinación previa de responsabilidad penal.

Dicho esto, es menester contar con instrumentos eficientes que permitan dar solución real a la problemática criminal.

Noel R. Báez Paredes

Docente/Consultor Jurídico

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