EL NUEVO DIARIO, SAO PAULO.- La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva continuó hoy analizando las posibles vías jurídicas para lograr su liberación, mientras cientos de militantes seguían en vigilia ante el centro policial en que ha sido recluido.
Fuentes vinculadas a su equipo de abogados han dicho que una de las posibilidades sería intentar una nueva apelación ante la Corte Suprema, a pesar de que hasta ahora ese tribunal ha negado uno a uno todos los recursos presentadas en favor del exmandatario, condenado a doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Otro camino sería esperar a que fructifiquen las presiones que ejercen algunos magistrados del Supremo para que sea revisada una decisión que esa misma corte adoptó en 2016, la cual autoriza que un condenado en segunda instancia comience a cumplir su pena, que es el caso de Lula.
El juez Marco Aurelio Mello, uno de los once miembros de la Corte Suprema, dijo este domingo que está dispuesto a proponer al pleno del tribunal discutir el asunto, sobre la base de una acción que le ha sido presentada por el Instituto de Garantías Penales, que dirige el abogado Antonio Carlos de Almeida Castro.
Ese abogado, conocido como Kakay, es un respetado criminalista que ya ha prestado servicios a numerosos políticos de todo el arco partidario y ahora se ha sumado a quienes consideran que la prisión de Lula ha sido «ilegal» y que contraría normas constitucionales.
Si la decisión adoptada en 2016 por el Supremo fuera revisada, la apuesta del equipo de defensa de Lula es que se vuelva a las normas anteriores, según las cuales una persona sólo puede ir a prisión una vez que se agoten todas las apelaciones posibles, que en el caso del expresidente aún incluyen dos instancias superiores.
Mientras los abogados se aferran a esa posibilidad, cientos de militantes han mantenido una vigilia en los alrededores de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, a donde Lula fue trasladado el sábado una vez que puso fin a 26 horas de resistencia al arresto que había sido dictado el jueves.
Durante la mañana de hoy, aunque sin que se registraran heridos, los manifestantes, entre quienes se incluyen dirigentes de diversos partidos de izquierda y algunos parlamentarios, tuvieron algunos encontronazos con personas que festejaban la situación de Lula.
La precandidata presidencial del Partido Comunista do Brasil, Manuela d’Ávila, dijo que había sido «agredida» verbalmente por un hombre, sobre el cual afirmó que salió de la sede de la Policía Federal en que está Lula, a la que habría regresado después.
«Queremos saber quién es y si está protegido por la Policía, pues si fuera así debemos preocuparnos por la integridad física de Lula», denunció d’Ávila.
El presidente del Sindicato da la Policía Federal en Curitiba, Francisco Carlos Breus, no comentó ese asunto pero explicó algo de la rutina a la que ya está sometido el expresidente y aclaró, entre otras cosas, que no será obligado a usar uniforme de presidiario y que tampoco se le rapará la cabeza.
«Esas son exigencias en los penales comunes», pero no en los centros de detención de la Policía Federal, dijo a periodistas.
También aclaró que Lula, mientras permanezca allí, «cuidará personalmente de su higiene y la ropa que use será la que trajo».
El presidente brasileño, Michel Temer, que aún no se ha referido directamente a la situación jurídica de Lula, reiteró hoy que Brasil pasa por «un momento difícil en lo político», pero subrayó que «es necesario seguir adelante», lo que supone «cumplir la Constitución y cumplir rigurosamente el sistema normativo nacional».
Un mensaje similar había transmitido Temer el pasado sábado, cuando todavía Lula no se había entregado a las autoridades, a pesar de que ya había vencido el plazo que le había dado la Justicia para presentarse.
