El ministerio de Educación, con la aprobación del Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana ha emitido la Ordenanza 24/2017, con el propósito competitivo de selección de las ternas para la designación de los 18 directores regionales y 122 distritales de educación a nivel nacional. De esta decisión se ha producido varias reacciones de sectores ligados a la educación; pero de manera frontal, de los directivos del gremio que agrupa a los docentes del país, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, manifestando su rechazo a la medida que ha de iniciar sus trabajos después del próximo 31 del presente mes de enero, cuando los interesados hayan depositados sus solicitudes conforme la convocatoria.
Entre los alegatos de la ADP, para su rechazo a la ordenanza, plantea que, «sólo hay vacantes en unas 5 direcciones regionales y 20 distritales», además de algunos interinos, por lo que «son los únicos puestos que deben ser llamados a concurso». Y, advierte que llevarán su reclamo “hasta las últimas consecuencias”, que esa medida podría traer el desasosiego en el año escolar que se reinicia».
No comprendemos la actitud de la ADP, toda vez que el ministerio al parecer está ajustado a la Ley Orgánica de Educación 66-97, y a la Ley 41-08 de Función pública y sus Reglamentos de Aplicación, (aunque estos son cargos de libre remoción) que establece claramente la manera en que la administración pública pueda atraer y captar ciudadanos con vocación de servicios, capacidad e idoneidad para que puedan brindar servicios públicos de calidad que satisfagan a sus usuarios y esto se logra con el reclutamiento y selección de personal.
El ingreso a la función pública, la permanencia y su ascenso dentro de ésta debe basarse en el mérito personal lo cual debe estar dispuesto a demostrar el servidor público activo en la evaluación de su desempeño, y someterse a los procesos dirigidos a complementar y actualizar la educación técnico profesional con la finalidad de desarrollar sus aptitudes, habilidades y destrezas con miras al eficaz ejercicios de sus funciones. Y el ciudadano que aspire ingresar a la administración pública debe estar presto a someterse a los concursos externos necesarios.
En tal virtud no logro comprender las razones que llevan a los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores al asumir tan negativa actitud frente a una ordenanza que busca la eficientización del sistema educativo nacional. Igual método es recomendable aplicar para la designación de los maestros que en su mayoría carecen de la preparación, aptitudes y destrezas necesarias para desarrollar una eficiente labor en beneficio del alumnado nacional. Es preciso elevar la calidad de la educación, desde la preprimaria hasta la preuniversitaria con lo que evitaríamos las lagunas que prevalecen en el sistema.
Ojalá, que el rechazo de la ADP, a esta ordenanza no busque el mismo propósito obtenido con la Orden Departamental 33-05, del 19 de julio del año 2005, que a pesar de que, con ella se declaró de alto interés el sistema de concurso de oposición para designar directores, subdirectores y cargos de funciones equivalentes en los centros educativos públicos en todos los niveles, la dirección de Recursos Humanos nunca la pudo poner en práctica, porque la intervención de los políticos no lo permitió, ya que sus intereses no prefieren un personal con capacidad de gestión administrativa y menos docente para dirigir los centros escolares.
Y al escuchar al ministro Navarro decir que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), están apostando al fracaso de la revolución educativa que impulsa su gestión y que “No es posible que hoy en día haya dirigentes del PLD, vinculados a la ADP, capaces, frente a una cámara, en público, de estar en contra de una medida de transformación, que lo que va es a traer transparencia y eficiencia a la institución”, por actitudes como ésta nos convencemos cada vez más que la intervención de los políticos, ha impedido siempre que la meritocracia sea la base que prime para operar el sistema educativo nacional.