La medida de coerción en los espacios del estatuto de libertad

Por Francisco Cabrera Mata

Aun cuando le sea impuesta otra medida, de no intervenir prisión preventiva, la persona investigada en ocasión de un hecho punible suele estimar que sus derechos han quedado intactos. A la inversa, de la misma circunstancia, la víctima y el responsable de la investigación asumen que se trata del colapso de la justicia. Con todo esto, gran parte de la población ha levantado una noción tan precaria del estatuto de libertad que defenderlo en su justo alcance expone a la recriminación; incluso, te tildan de ser aliado del crimen.

Pero, resulta que en todo Estado democrático de derecho, dicho instituto constituye principio y valor de incuestionable relevancia. En el caso nuestro se sustenta en la Constitución, tratados internacionales sobre derechos humanos y en la Ley 76-02, que implementa el Código Procesal Penal. Claro está, no siendo un derecho absoluto, tiende a ceder frente a la necesidad de determinar la responsabilidad que corresponda por la comisión de un tipo penal y, con mayor razón, cuando ello ha sido establecido.

Por supuesto, la libertad es más que no estar sujeto a confinamiento en un centro determinado. Al efecto, en la etapa preparatoria, nuestra ley de garantías procesales no solo se refiere a la prisión preventiva como vía para promover el éxito de la investigación, sino que en busca del mismo propósito muestra interés y extiende el abanico de posibilidades hasta la restricción de otras manifestaciones de dicha prerrogativa; de modo que, afectado el ejercicio de otros derechos, el principio también sufre cuando interviene una medida distinta.

Naturalmente, por ser la más drástica, heredada de la cultura inquisitiva, la que todo imputado teme y la preferida por víctima y aliados, no hemos de extrañar que para el imputado, una vez descartada la prisión, cualquier otra salida le resulte un gesto devaluado y que, bajo esta dinámica, vea en su suerte un favor recibido del funcionario encargado de la decisión. Pero jurídicamente no es así, las medidas perturban todas y detrás de la libertad vive la dignidad humana. Por ello, como la coerción no es invisible e inocua, al margen de la que sea adoptada, necesario será armonizar la limitación que surge con el carácter instrumental del acto.

No en vano la restricción tiene que ser dispuesta por un juez, previa solicitud de parte y bajo el supuesto de que el solicitante pruebe los elementos orientados a determinar que la persona cuyos derechos van a ser afectados intentará evadir el accionar de la justicia o a entorpecer la investigación[1]. Tampoco es inútil que deba concurrir, además, la probabilidad de que ésta haya participado directa o indirectamente en la comisión de un tipo penal investigado en tiempo hábil y que la prisión preventiva sea de aplicación extraordinaria.

El propio Tribunal Constitucional, al ratificar que el sistema procesal penal está fundado en el principio de libertad como regla general, argumenta que tales medidas solo deben ser adoptadas excepcionalmente por los jueces en forma proporcional al peligro que se pretende resguardar. Para esto, adoptarlas exige de fundados motivos a través de resolución judicial escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado durante el procedimiento[2].

Bajo esta perspectiva, promover el criterio de que cualquier medida es grave no es una aventura; la literatura vinculante sobre el particular no es escasa y procura convencer de la conveniencia de preferir la menos perjudicial. Luego, asumir el reto es construir en terreno  firme, pues en adición a lo comentado, bastaría un ejemplo cuando desde el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se predica que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla”[3]. Como bien agrega el Tribunal Constitucional de Perú, no puede constituir regla general a la cual recurra la judicatura, sino una medida excepcional de carácter subsidiario, razonable y proporcional[4].

Con todo, lo triste es que aun cuando constitucionalmente predicamos una especie de modelo procesalista de la privación de libertad que tiene carácter cautelar, la práctica dominante asume sin reservas el anémico desarrollo legislativo que justifica su adopción en preceptos que terminan refugiando el acto en los criterios sustancialistas de la prisión preventiva[5]. De esta forma, la validez constitucional de la medida de coerción, respecto a los derechos a la presunción de inocencia y al estatuto de libertad, parece un gesto desprovisto de valor.

No es que la herramienta sea irrelevante para la investigación. Defendemos su legitimidad, erosionada cuando la severidad es adherida para dejar la impresión de que el sistema es fuerte o que ofrece una respuesta contundente contra la indignación del momento. En este contexto, recurrir a la prisión como primera opción le resta a su naturaleza de última ratio y, adornada como un fin en sí misma, la arrastra a usurpar el rol que corresponde a la pena; una expresión pura de que no tomamos en serio los derechos ajenos.

Así que, auspiciar un ambiente que guarde la adecuada consideración a la medida de coerción de mayor impacto, la prisión preventiva, invita a llevar conciencia del peso que agrega al afectado la más leve de tales restricciones; de modo que, observadas las pautas del ordenamiento constitucional, la medida a tomar pueda rendir tributo a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad. Entonces, ante la alerta, revisemos lo que hemos hecho y no habrá que esperar la desgracia propia para leer los derechos en primera persona. Seguir sin la debida pausa solo sumará vanidad a la filosofía que nos vende como Estado democrático de derecho.

fcocmata@gmail.com

[1] Artículo 40, Constitución de la República Dominicana

[2] Tribunal Constitucional [en línea]. TC/0087/14, de fecha 26 de mayo, párrafo 11.2.4. Disponible en:  https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc008714

[3] Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia­les y Culturales [en línea]. artículo 9.3. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

[4] República de Perú. Tribunal Constitucional [en línea]. Recurrente Alejandro Rodríguez Medrano. Expediente N° 1567-2002-HC/TC, FJ. 2, del 05 de agosto de 2002. Fundamentos, párrafo 4. Disponible en https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01567-2002-HC.html

[5] Artículo 229, ordinales 3,4,6 y 8,  de la Ley No.76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, modificada por la Ley 10-15, del 10 de febrero de 2015.

 

Por Francisco Cabrera Mata

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