En el ámbito de cualquier relación del quehacer humano puede surgir el conflicto. Por lo que se hace necesario reconocer que el conflicto, forma parte de una realidad insoslayable, inherente a la sociedad misma.
Y la política no puede excluirse o sustraerse de esa realidad. Es que la política en democracia nace y vive del conflicto. De ahí es que este, en ocasiones, se convierte en un componente dinamizador, que pone en movimiento el contexto de las relaciones sociales.
Es, por tanto, que hay que procurar siempre los esfuerzos necesarios para darle una solución, porque si se enquista, se torna parecido a las consecuencias de un cáncer, haciendo metástasis severas en las relaciones, las cuales pueden deteriorarse progresivamente y hacer del enfrentamiento algo irreversible.
Los partidos políticos de la República Dominicana no escapan a esta realidad de conflictos. Dado que, desde la desaparición de la dictadura trujillista, uno de los inconvenientes que ha venido afectando al sistema dominicano de partidos políticos, es el mantenimiento de su unidad.
Unas de las razones fundamentales, que podemos colegir del fraccionamiento que han experimentado los partidos políticos en sus sucesivos períodos de crisis, ha sido su incapacidad expresa, de manejar de manera adecuada sus conflictos; es decir procurar salidas más saludables para sus organizaciones.
Y esto ocurre a pesar de que la normativa jurídica electoral nuestra, les ha conferido a los partidos políticos, ciertas libertades para organizar su funcionamiento interno y garantizar los derechos de participación política a sus militantes.
Pero lamentablemente al no ajustarse a la misma, es decir a la norma, se puede apreciar a lo largo de la historia una cadena de dificultades y grados distintos en la institucionalidad y democracia interna. Del análisis anterior, se puede deducir que la magnitud de las divisiones de los partidos políticos es una referencia por donde se sitúa la cultura política democrática del país.
Pero, claro está, debemos entender que las democracias no son sistemas donde las diferencias, intereses contradictorios, roces, discrepancias y hasta el conflicto social no existen.
Eso lo enfatizamos antes; al contrario, las diferencias o divergencias de opiniones son un valor en las democracias, pero se reconoce que, a diferencia de otros regímenes, en las democracias el conflicto se canaliza o debe canalizarse productivamente en instituciones, mecanismos, procedimientos legales y legítimos.
Al respecto, los partidos políticos actúan o deberían actuar como “agentes o representantes de la gestión y transformación del conflicto” procurando siempre el fortalecimiento del sistema democrático.
De ahí es que no debemos negar la trascendencia de los partidos políticos en la democracia; Hans Kelsen, llegó a plantear que: ¨ la democracia sin partidos políticos¨ no tiene sentido.
Sin embargo, la desconfianza en los partidos políticos ha llevado a que un número significativo de ciudadanos, consideren que es posible tener una democracia sin partidos políticos.
En tal sentido, somos de opinión que los partidos políticos deberían abocarse a generar en su interioridad, ese cambio cultural para gestionar de manera oportuna los conflictos. Esto debe ser una necesidad, ya que, para ser más eficaces, ganar confianza en la población, mantener la unidad y ser más competitivo deben ser capaces de resolver sus pugnas internas sin escisiones.
En nuestro país, cabe señalar que en los actuales momentos se trabaja poco en la prevención del conflicto a lo interno de los partidos políticos, y únicamente se aborda el mismo cuando éste se ha recrudecido, y normalmente, no queda otra vía que la judicial para intentar su solución. De ahí deriva, fruto de esa mirada, el aumento de la judicialización de la política, fenómeno este, que debemos estudiar.
Es en ese orden, se hace necesario que todos los actores políticos y sociales del sistema político dominicano, tomen conciencia, en cuanto a que se posibilite un idóneo y oportuno abordaje de los conflictos, a través de nuevas vías o formas para la resolución de estos, distintas a la jurisdiccional.
Dada esas razones, se hace necesario la aplicación de la mediación electoral en la República Dominicana, la cual sería, un mecanismo que contribuya a resolver conflictos en el seno de los partidos políticos.
De lo que se trata es que los partidos políticos cuenten con espacios democráticos, participativos e imparciales para debatir sus diferencias a lo interno con métodos adecuados en la que participarían sus dirigentes con las técnicas que proveen los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos.
Creemos que la figura del mediador electoral es justamente lo que nos permitiría avanzar, bajar la judicialización de los asuntos. Es más, quizás podría verse esta figura a nivel de conflictos en nuestro sistema de justicia electoral o algunos de los juicios en los que pueda resolverse únicamente con la mediación.
Es que soy de opinión, que las disputas internas deben resolverse primero internamente y no a través de los tribunales. Aunque entiendo y favorezco que las situaciones de los partidos que no se resuelvan internamente sean resueltas de manera por el sistema de justicia electoral en procura de lograr algún tipo de salida.
Sin embargo, sostengo que en los casos resueltos por la Justicia solo una de las partes tiene la razón; “una gana y la otra pierde, mientras que en una solución política (acuerdo) ambas partes tienen algo de ganancia (ganar-ganar).
Finalmente, planteo la realización de un Plan o Pacto Estratégico del Sistema de Justicia Electoral Dominicano, en donde participen los partidos políticos dominicanos y la sociedad civil, a fin de desarrollar e implementar los métodos alternos de resolución de conflictos.
Para ello deberá adoptarse la realización de unas series de medidas organizativas y legislativas que permitan el progresivo establecimiento de procedimientos y sistemas para una solución de los conflictos electorales alternativa a la vía judicial. Todo esto con el objetivo de desjudicializar la política y de ofrecer a los integrantes de los partidos políticos nuevas formas de arreglo de problemas, quedando el recurso a los tribunales como razón última.
Por Ángel Gomera