La marcha, la corrupción y los partidos políticos

Por Tommy Mejía Pou lunes 23 de enero, 2017

Desde Buenaventura Báez o desde siempre la corrupción viene paseándose impunemente por todos los rincones del país. El último caso conocido, Odebrecht, ha hecho saltar todas las alarmas entre la ciudadanía, si es que estas no habían saltado ya.

La ciudadanía está escandalizada. Un conjunto de organizaciones realizaron una extraordinaria ¨marcha por el fin de la impunidad¨ para exigir que la investigación sobre el caso de los sobornos de Odebrecht llegue hasta las últimas consecuencias. Creemos que este caso es una “punta de lanza” para aspiraciones mayores, como abarcar los demás casos de corrupción que están sobre el tapete y de esa manera ir creando una cultura anticorrupción.

El caso Odebrecht abarca tanto a la oposición como al gobierno, en menor o mayor grado. Así como también estos coinciden en graves casos de corrupción que han quedado impunes.

Esta marcha recibió el apoyo de los partidos opositores. Es curiosa la relación de los políticos con la corrupción. Todos aseguran que la aborrecen y que la consideran uno de los mayores males del país. Pero a la hora de elegir a los funcionarios públicos y a los miembros de los Tribunales, la Cámara de Cuentas, etc., los partidos distribuyen las cuotas de poder y las posiciones claves dentro del engranaje del estado, en atención a sus alianzas, públicas o privadas, y a sus intereses personales o de grupo. Así se conforma un modelo de clanes, basado en lealtades de los socios que pertenecen a los estrechos círculos que rodean al poder.

La politización sectaria, es la razón primera que explica la debilidad de las instituciones, su vulnerabilidad, su falta de credibilidad y la ausencia de la legitimidad social requerida. Es la causa principal de la corrupción que nos invade y corroe. A mayor politización sectaria de las instituciones, mayor es el espacio para la corrupción administrativa.

La politización privilegia la lealtad política por encima del correcto desempeño de la función pública. Da primacía al servilismo del activista, mientras desprecia e ignora la destreza del profesional capaz y honesto.

Como ejemplo de lo anteriormente expresado, principalmente en lo que se refiere a los acuerdos políticos, tenemos el caso de la Cámara de Cuentas que es el órgano que debe controlar los recursos públicos para evitar la corrupción; su razón de ser es precisamente proteger el patrimonio del pueblo dominicano, sin embargo nunca esta Cámara de Cuentas ha completado un proceso ante la justicia que haya llevado algún corrupto a la cárcel ni recuperado las riquezas robadas. Léase bien: ¡¡¡NUNCA!!! En ningún gobierno.

Los partidos políticos solo han acreditado su compromiso con el combate a la corrupción de la boca para afuera; sin embargo cuando se trata de pasar al terreno de las acciones su comportamiento es ambiguo o hace caso omiso. El combate a la corrupción y la impunidad han sido convertidos por estos en herramientas publicitarias usadas para fines electorales.

En el juego político entran la negociación de impunidades y el silencio. Cuando un funcionario corrupto participa en unas elecciones, ¿Qué puede ofrecer que no sea financiamiento para la campaña? Y ¿Qué puede buscar que no sea impunidad?

Cuando se presentan casos de corrupción los responsables de esclarecerlos más bien hacen agua lodo para evitar el costo político para los partidos o los gobiernos.

El combate a la corrupción es indispensable no solo para sanear los partidos y prestigiar la actividad política, sino para hacer posible el desarrollo y ganar la batalla contra la pobreza.

Muchos piensan que exigirle al gobierno mejorar el sistema judicial para que los casos de corrupción sean castigados, o que haga un auténtico ejercicio de transparencia ante los ciudadanos, resolverá el problema. Eso es necesario, pero lo que es absolutamente necesario es cambiar la educación moral de los dominicanos. No olvidemos que cuando hay un corrupto también hay corruptores, corrompibles y cómplices. Los corruptores provocan el aumento del presupuesto de las obras del estado para pagar los sobornos y recibir jugosas comisiones o ganancias extraordinarias que como se ve acaba saliendo siempre, de una manera u otra, de las arcas públicas. Hacen tanto daño como los corruptos, pero para ellos existe una impunidad total tanto judicial como moral o social. Aquí la inmensa mayoría ve la corrupción como algo normal, cada uno en su medida, y el problema es que repudian la corrupción lejana pero celebran la cercana.

La educación moral y cívica es la diferencia entre nosotros y los países donde existe menos corrupción, especialmente los países nórdicos europeos.

Esta caminata contra la impunidad debe ser el principio de una campaña, sin la participación de los partidos políticos, que conjuntamente con el sometimiento a la justicia de los acusados de cometer actos de corrupción promueva entre los servidores públicos y ciudadanos la lucha contra ese flagelo que detiene nuestro progreso y nos mata de hambre. Esta campaña debe difundir mensajes positivos para incentivar a la gente a corregir prácticas comunes que afectan la moral, la ética, y la integridad, con el objetivo de tomar conciencia que pueda generar un cambio en las instituciones y en el país.

Mientras no haya un cambio de mentalidad la corrupción seguirá estando presente. Podemos quitar los políticos que están ahora gobernando y poner los opositores, pero los que entren nuevos terminaran haciendo lo mismo.