El presidente de la república, Luis Abinader Corona, abrió varios flancos en la lucha contra la corrupción administrativa desde que asumió el poder y juro cumplir su mandato por cuatro años ante los miembros de la asamblea legislativa, e invitados de países hermanos del hemisferio. Justo esa mañana, rumbo a la toma de posesión, se informó a la prensa y al país que su jefa en la Procuraduría General, brazo persecutor del estado dominicano, sería la magistrada Miriam Germán Brito. Además se daba a conocer la designación de los magistrados Wilson Camacho Peralta y Yeni Berenice Reynoso Gómez como procuradores adjuntos a cargo de la función ministerial de perseguir la corrupción administrativa. ¡Que junte!
El mensaje fue contundente, designar figuras sin vínculos político-partidista, con excelente e intachable trayectoria pública, sin cola que le pisen, evidenciaban las intenciones del mandatario antes de iniciar su periodo: se acabó la impunidad. Muy bien lo dijo durante el proceso de campaña, bajo su gobierno la justicia no respondería a intereses partidistas para ocultar actos indecorosos contra el estado.
La justicia dominicana sería completamente independiente, sujeta a criterios divorciados de la melcocha propia del escenario político. Las palabras pronunciadas mil y una vez, “tengo muchos amigos, pero no tengo cómplices”, fueron presagio del panorama actual.
Pulpo, Caracol, Coral son las designaciones hechas por el ministerio público a las múltiples acusaciones encausadas en los tribunales por las autoridades en el transcurso del actual gobierno. Todas dirigidas contra el centenar de mafias organizadas en instituciones públicas, encabezadas por allegados al expresidente cuyo nombre no quiero recordar y miembros de una casta militar privilegiada apadrinada por el danilismo.
El apetito goloso de los principales autores de diversas tramas contra el estado les permitió una holgada vida, comparada solo con jeques de alta alcuña. Las investigaciones y allanamientos revelaron la estafa de miles de millones de pesos utilizados para la compra de lujosas propiedades, vehículos y el financiamiento de operaciones agrícolas a nombre de testaferros al servicio de altos funcionarios del extinto gobierno del PLD, más militares activos.
El ministerio público ha tenido la valentía de actuar contra fuerzas siniestras en nuestro país, haciendo cumplir la ley y el orden público. Han hecho su trabajo por mandato de un gobernante que procura cambiar el bandidaje sistemático en todos los estamentos de poder del estado dominicano. Extirpar las mañas en la función pública es una operación delicada, pero más aún necesaria en nuestro país.
Esos grupos compuestos de lacayos, avivatos civiles y militares, conspiran contra las ejecutorias de la justicia, procurando crear un ambiente de inestabilidad e incertidumbre para intimidar la función pública y descarrilar los esfuerzos de llevarlos a los tribunales.
No entienden que la cultura de impunidad murió cuando el danilismo salió del poder, cuando el penco quedó corto en su afán de darle continuidad al gobierno de su jefe político. Con la llegada del actual mandatario ya no cuentan con padrinos en los círculos palaciegos, ni procuradores cómplices por omitir su deber ministerial de perseguir los actos lesivos al estado.
Hay más dominicanos de buena voluntad, apegados a la ética y la ley, que obran bien por la patria. Los indolentes y abusadores son la excepción. La lucha contra la corrupción no puede ser un esfuerzo aislado, mucho menos momentáneo. Debe ser una lucha de todos.
Por Raúl Mejía Santos