La Ley no.396-2019 obliga al auxilio de la Fuerza Pública para realizar embargos

Por Luis Vilchez González viernes 29 de noviembre, 2019

El requisito del otorgamiento de la Fuerza Pública previsto en la nueva ley para poder ejecutar sentencia y hacer embargos ejecutivos laborales o de cualquier otra materia tiene por objeto asegurar los principios de razonabilidad y legalidad en la aplicación de las leyes. Estos principios se habían perdido en los últimos años, particularmente en materia laboral, como resultado del negocio millonario de las acciones delicitivas realizadas por una mafia compuesta por algunos policías, notarios, alguaciles y ex alguaciles dedicados a realizar embargos ilegales, haciendo uso de guardianes que no tenían identidad ni domicilio conocido a fin de distraer o vender irregularmente los bienes embargados en perjuicio de las víctimas de estos embargos.

En lo sucesivo, las ejecuciones de embargos que se realicen mediante acciones o conductas prohibidas serán sancionadas por esta nueva ley No.396-2019 que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo medidas conservatorias y ejecutorias. Más aún, estos nuevos textos aseguran su aplicación al imponerle sanciones a los ejecutantes abogados, notarios, alguaciles y demás participantes en los embargos ilegales temerarios realizados sin el auxilio de la fuerza pública, requisito que debe ser otorgado por el fiscal o Ministerio Público.

Estas sanciones van desde tres a cinco años de prisión y multas de hasta veinte salarios mínimos, independientemente de las sanciones disciplinarias y demandas en daños y perjuicios en contra de los autores de estos actos ilícitos. De igual forma, esta nueva ley deroga los numerales 2 y 3 del Art. 51 de la Ley 140-15 del Notariado, quedándole prohibido a los notarios instrumentar actas de embargo o hacer embargos tanto en materia laboral como en materia civil.

 

Los notarios, haciendo uso de la Ley 140-15 del Notariado, resultaron más temerarios que los mismos alguaciles  realizando embargos ilegales sin el auxilio de la fuerza pública, a pesar de que en materia laboral les quedaba prohibido realizar embargos ejecutivos cuando la sentencia no tuviera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, de acuerdo a los Arts. 663 al 673 del Código de Trabajo. Estas ilegalidades generalmente ocurren por descuido o ignorancia de ciertas autoridades que no aplican la ley a los abogados, notarios, policías y alguaciles, autores de actuaciones ilegales que se convirtieron en el terror de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como hoteles y negocios turísticos, a través de embargos temerarios; queriendo desconocer las autoridades la importancia del sector MIPYMES, al ser estos los mayores creadores de puestos de trabajo del país y del sector turístico, del cual el país obtiene el 25% de las divisas.

Estos sectores se convirtieron en presa fácil de estos embargos ilegales, perdiendo en pocas horas gran parte de su capital, o se iban a la quiebra por efecto de estas actuaciones ilegales que no eran sancionadas  por las autoridades, por lo que convertían en letra muerta tanto a la ley 488-08 que establece el Régimen de Desarrollo y Competitividad de las MIPYMES como también a los Arts. 663,666 y 667 del Código de Trabajo, que claramente prohíbe a los ejecutantes en materia laboral realizar embargos ejecutivos en contra de la parte que sucumba ante una sentencia que no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y no tener un título definitivo ni cosa cierta.

Todo esto significa que la seguridad jurídica no dependerá nunca de la cantidad de leyes aprobadas por el Congreso, sino mediante el cumplimiento de las leyes vigentes.

Por eso hemos observado como los precedentes laborales no son respetados a pesar de que se les reitera una y otra vez la necesidad de una sentencia definitiva e irrevocable para poder hacer ejecutoria cualquier sentencia en materia laboral: el artículo 539 del Código de Trabajo per se o en la existencia propia viola el principio de razonabilidad en la aplicación de la ley y su razonabilidad depende de las nuevas disposiciones complementarias establecidas en los Arts. 666 y 667 del Código de Trabajo vigente, texto que le permiten al presidente de la Corte de Trabajo,en materia de referimiento, ordenar la suspensión de la sentencia sin necesidad del depósito del duplo. (Ver sentencia de fecha 18 de agosto de 1999, Boletín Judicial 1056, Pags. 671-672; sentencia de fecha 15 de febrero del 2012, Principales Sentencias de la Suprema Corte de Justicia, año 2012, Pags. 838 y s.). En consecuencia, es necesario que la Ley de Otorgamiento de Fuerza Pública No. 396-2019 sea cumplida por el Ministerio Público o fiscal correspondiente en contra de todo aquel notario, alguacil, abogado u otra persona que no observe el procedimiento establecido en la ley.

 

Por  Lic. Luis Vílchez González

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