La Ley de Función Pública ¿Obstáculo u Oportunidad?

Por Nelson De Los Santos martes 20 de octubre, 2020

“Nada Humano me es ajeno” P. Terencio

A pesar de que durante los 20 años de gobiernos peledeístas, se promulgaron gran parte de las leyes y reglamentos que hoy en día norman la administración del Estado, y a pesar de que muchos cambios y reformas importantes se llevaron a cabo en materia de transparencia y eficiencia durante ese período, el clientelismo político y el afán de lucro de muchos funcionarios gubernamentales, limitaron la implementación acabada de las mismas en las diferentes instituciones.

Por lo que considero que la llegada al poder de un nuevo partido, más pequeño, y apoyado por una clase media indignada ante estas malas prácticas, podría constituir una gran oportunidad para la sociedad dominicana y el nuevo gobierno para afianzar su democracia, restarle terreno a la corrupción y la impunidad, profundizando todo ese proceso de reformas, que podría llevar a una genuina transformación del Estado Dominicano.

Una muestra de ello lo constituye la Ley No. 41-08 de Función Pública del 16 de enero del año 2008, y su Reglamento de ejecución Núm. 523-09, que moderniza y amplia la anterior Ley No.14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, hoy Ministerio de Administración Pública (MAP); estableciendo por primera vez un estatuto que permite regular las relaciones de trabajo entre los servidores públicos y el Estado.

Esta ley se complementa y entrelaza con más de cuarenta instrumentos jurídicos, entre leyes, reglamentos y decretos, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, de agosto del 2012, que establece los principios fundamentales en que se basa la administración pública y regula las atribuciones y obligaciones de los diferentes niveles jerárquicos, desde el presidente y vicepresidente de la República, así como los viceministros, directores y subdirectores generales, entre otras regulaciones más.

Y como esas podemos enumerar la Ley No. 10-07 del años 2007, que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República; en el año 2005 la Ley No. 567-05 de la Tesorería Nacional; en 2004 la No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública; la Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública en el 2006; la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, así como las de Presupuesto, la Cuenta Única del Tesoro, de Crédito Público, incluyendo la Ley Antisoborno con la que se le pudo imponer automáticamente la multa a Odebrecht por los sobornos admitidos, entre otras.

Ese conjunto de leyes y reglamentos sumados a la nueva Constitución de la República del 2010 y la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, componen un andamiaje jurídico y administrativo, que a pesar de las debilidades que puedan presentar, norman y regulan el ejercicio de la administración pública; y que han venido conllevando esfuerzos y recursos financieros y de formación de recursos humanos, por parte de los órganos rectores responsables de hacer que las demás instituciones del sector público centralizado y descentralizado cumplan adecuadamente; incluyendo los avances en materia de gobierno electrónico, que le han facilitado el acceso de los servicios y tramites gubernamentales a la ciudadanía.

No obstante, tal como señalamos más arriba, la corrupción y el clientelismo político, llevó al PLD a mediatizar todos estos esfuerzos, no respetando la propia legalidad creada, como son los casos de los concursos y la evaluación de desempeño, sin cuya observancia con el rigor que manda la Ley, no es posible garantizar que los empleados que pasen a la carrera Administrativa, lo hagan en base a los méritos y no a su vinculación política o personal con el funcionario de turno.

En vista de lo anteriormente expuesto, si los nuevos gobernantes tienen el propósito genuino de adecentar la administración del Estado y producir un verdadero cambio en la sociedad dominicana, tienen en la Ley de Función Pública una gran oportunidad para preservar los buenos técnicos y profesionales que se han formado en administraciones anteriores y substituir los que no cumplen con los requisitos del puesto, aparte de las llamadas “botellas” desde luego, y con ello producir una genuina transformación de las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, garantizando la continuidad del Estado.

Desde luego, si por el contrario pretendieran, montarse en el mismo carro del clientelismo político y la corrupción, como han dado señales algunos nuevos funcionarios, viendo los presupuestos de sus instituciones y los puestos de trabajo como ‘botín de guerra”, entonces la Ley de Función Pública podría constituir más que un obstáculo, una barrera para el nuevo partido en el poder, siempre y cuando ese mismo electorado que los llevó al gobierno se mantenga vigilante a través de las diferentes organizaciones civiles y medios de comunicación para evitar que el cambio prometido no se traduzca en un fatídico y simple “quítate tú pa’ ponerme yo”. Y que, en vez de avanzar, en materia del fortalecimiento institucional del Estado, retrocedamos.

En otra entrega nos vamos a referir en forma más detallada a las fortalezas y oportunidades de mejora que esa ley de Función Pública presenta.

Por Nelson De Los Santos, Sociólogo MBA.

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