La democracia es un régimen político en el que la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta. En la Atenas del siglo V a.c., la Polis Griega (Ciudad-Estado), tenían pequeñas dimensiones y existía la Asamblea del Pueblo.
Este pasado domingo 22 de enero, la ciudad de Santo Domingo vivió un episodio que recuerda a la Polis Griega del siglo V y quedó evidencia de la calidad democrática que se ha construido en las últimas décadas. El pueblo dominicano puede sentirse orgulloso de la evolución democrática, su ejecución y sobre todo las garantías que giran en torno a los derechos fundamentales más básicos de una sociedad democrática, entre ellos, el derecho a manifestarse.
Las críticas vertidas, concretamente con acusaciones de supuestas conspiraciones por parte del gobierno de un posible boicoteo a tan importante derecho, quedaron disipadas y se ha hecho evidente el manifiesto compromiso democrático que asume este gobierno con todo el pueblo quisqueyano.
Una ínfima parte de la sociedad dominicana ha salido a las calles y ha legitimado al gobierno en el procedimiento judicial en contra de Odebrech; y digo que el pueblo ha legitimado al gobierno, porque antes de la convocada marcha contra la impunidad, el ejecutivo ya había iniciado las acciones legales de lugar, para en primera instancia, resarcir al estado y en segundo lugar, suspender a Odebrech como proveedor, siendo éstas, las dos primeras medidas más inmediatas que se ejecutaban a través de la Procuraduría General de la República y su titular, Dr. Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Independientemente de que algunos reconocidos líderes políticos hayan participado en la citada marcha, y a su vez, hayan utilizado de alguna forma a muchos ciudadanos honestos, de firmes convicciones y principios, para convertir la iniciativa popular en una avalancha manchada de colores políticos, el gobierno, en cambio, ha sabido respetar y escuchar a esa pequeña parte de la sociedad que sí reivindica la continuación y desarrollo de la aplicación de todo el peso de la ley “caiga quien caiga”, como lo ha iniciado el gobierno de Medina, y ya lo había manifestado en distintos medios el Ministro Administrativo de la Presidencia, D. José Ramón Peralta, mucho antes de la convocada manifestación.
Flagrantes diferencias mantienen los líderes opositores, quienes son incapaces de representar a un segmento de la población, frente a un presidente que viene escuchando el clamor y las preocupaciones de la sociedad dominicana desde hace décadas y quien ha asumido el forme compromiso de ejercer responsablemente las decisiones más comprometidas, con el único afán de hacer lo que nunca se ha hecho en la República Dominicana.
Por: Jonathan Gómez