EL NUEVO DIARIO, SAO PAULO.- El Tribunal Superior de Justicia (STJ) restableció la condena impuesta contra 73 policías por la matanza carcelaria de Carandirú, ocurrida en 1992 y en la que fueron asesinados 111 reclusos, confirmaron este miércoles fuentes judiciales.
El juez Joel Paciornik, del STJ, aceptó un recurso del Ministerio Público de Sao Paulo, el cual cuestionó la decisión del Tribunal de Justicia de Sao Paulo de anular todo el proceso y dejar sin efecto las condenas.
En su decisión, Paciornik consideró que el veredicto del jurado no contrarió el conjunto de pruebas producido en el proceso, como argumentó el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, por lo que no existían motivos para anular el juicio popular por dicha razón.
Tras la decisión del STJ, las condenas de los policías están nuevamente confirmadas y el Tribunal de Justicia de Sao Paulo tan solo podrá revisar ahora la duración de las penas impuestas a cada uno de los agentes.
Los 73 policías fueron juzgados y condenados en cinco procesos diferentes celebrados entre 2013 y 2014, con penas que llegan hasta los 600 años de cárcel.
El caso de Carandirú se ha convertido en un emblema de la impunidad judicial en Brasil, por la larga demora en llevar el caso a los tribunales y porque ninguno de los presuntos responsables ha sido encarcelado hasta el momento.
La matanza se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín en el pabellón nueve de este presidio, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.
La Policía reprimió el motín con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas.
El responsable de la operación, el coronel de policía Ubiratan Guimarães, fue condenado en 2001 por el uso excesivo de la fuerza, pero tampoco llegó a entrar en prisión y resultó absuelto en una apelación en 2006, pocos meses antes de fallecer asesinado.
La conmoción que produjo la matanza llevó a las autoridades brasileñas a clausurar Carandirú en 2002, y posteriormente se ordenó su demolición para dar lugar a un parque.
