EL NUEVO DIARIO, ARGEL.- Las autoridades judiciales de Argelia se han incautado de cerca de 490 millones de euros en bienes e inmuebles en el marco de la lucha contra la corrupción tras juzgar a importantes figuras del antiguo régimen, reveló hoy el ministerio de Justicia en un primer balance provisional.
Según el Departamento se trata de propiedades situadas en territorio nacional que han sido confiscadas o que se encuentran bajo una orden de embargo y cuyo valor ha sido recuperado en efectivo o depósitos bancarios.
Del total del montante, explicó el ministerio, se han decomisado 200 millones en dólares y dos millones de euros además de cerca de 6.700 vehículos, seis embarcaciones, 214 terrenos, 119 residencias y 21 locales comerciales.
Tras la dimisión del presidente Abdelaziz Bouteflika en abril de 2019, el régimen puso en marcha una supuesta «campaña de manos limpias» que llevó a la cárcel a decenas de militares y funcionarios de alto rango, hombres de negocios y miembros cercanos al llamado «clan Bouteflika».
Durante la campaña electoral celebrada ese mismo año, el actual presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, prometió recuperar los fondos malversados por la oligarquía durante las dos últimas décadas y desde entonces se han realizado numerosos juicios aunque no se habían hecho públicas las cifras de estas operaciones.
Según un artículo publicado el pasado mes de marzo por el diario local «Soir d´Algérie», los fondos desfalcados podrían alcanzar los 7.500 millones de euros.
La Autoridad Nacional Independiente de las Elecciones (ANIE) rechazó este domingo la candidatura del secretario general del Frente de Liberación Nacional (FLN), el que fuera partido único y que gobierna en Argelia desde su independencia, Abou El Fadhl Baadji, sin precisar el motivo de su exclusión.
Más de 24 millones de ciudadanos están llamados a las urnas el próximo 12 de junio aunque la mayoría de partidos y el Hirak (movimiento de manifestaciones populares) llaman a su boicot al considerar que se trata de una «fachada para ocultar la corrupción en el régimen» y un intento por desmontar la protesta sin tener que emprender las reformas que exige la ciudadanía.
El Hirak, que retomó el pasado marzo las manifestaciones semanales cada martes y cada viernes tras un año de ausencia debido a las medidas sanitarias contra el coronavirus, considera que no se ha producido un verdadero cambio e insiste en demandar «un Estado civil, no militar».
