Con el insólito activismo sociopolítico que estamos viendo a favor de la defensa de la Constitución, casi todo el espectro político nacional, arrastrado por una franja del PLD, ha soslayado e impuesto una sui géneris modalidad de activismo político, bajo el predicamento, cuasi de lesa-Patria, de que la Carta Magna no puede ser tocada; pero, al mismo tiempo, tal activismo sociopolítico, sin que la JCE repare en ello, choca y contraviene la Ley 33-18, en su Artículo 43, acápite 2; titulado Propaganda permitida durante la precampaña, que dice, citamos, “La precampaña política [etapa en la que estamos] es un proceso limitado a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, por tanto se limitará…”, entre otras disposiciones, a “Las reuniones en recintos cerrados, visitas casa por casa, encuentros y otros tipos de actividades similares, siempre que se involucren a militantes y simpatizantes del partido, agrupación o movimiento político que sustentan las candidaturas”.
De modo que, la JCE tendrá que buscar o explicar, de alguna forma, cómo se concilia lo que dispone la referida ley con el activismo político-electoral disfrazado de activismo “cívico-ciudadano” en defensa de la Constitución, porque parecería que nos estamos saltando las etapas del proceso y ya, prácticamente, estamos en campaña abierta nacional con todos los precandidatos en las calles y celebrando actividades políticas –llámese patrióticas- cuyas convocatorias trascienden el llamado a su militancia.
Como vemos, la actual coyuntura-electoral, de entrada, ha entrado en una fase adelanta del proceso, pues si hablamos de que estamos defendiendo la Constitución y las leyes, lo lógico o civilizado sería (y más si la causa la enarbola, con ahínco y determinación, una franja de un partido) que el debate-defensa se diera en ése partido o, más extensivo, en los demás partidos, sociedad civil, academia y, sobre todo (si se presentase), en el Congreso Nacional.
Pero no, el debate-defensa, y hace rato, tiene carácter de proselitismo político-electoral más que de lucha cívica-ciudadana. Además, tiene como “fundamentos dos hallazgos”: a) Que las encuestas –que para mí, en ese aspecto-variable, están inducidas-condicionadas- dicen que mas del 70% u 80% de la población se opone a una reforma de la Constitución (¿Y no deberían ser, esos porcentajes-posicionamientos, en buena sociología política, para las consignas que enarboló, por dos años, la nati-muerta (ahora reactivada) Marcha Verde?); y b) Que los reeleccionistas-constitucionalistas -¡que es toda nuestra clase política!- se oponen a una posible modificación constitucional en los términos que ella misma estipula. Raro, el fenómeno, ¿no?
Señores, dejémonos de pendejadas, la pura realidad es que estamos en campaña política-electoral nacional abierta; y la JCE, con tanto trabajo encima, ni se entera.
Por Francisco S. Cruz