La involución del proceso descentralización administrativa municipal

Por Alberto Torres martes 30 de junio, 2020

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La descentralización, como forma de organización administrativa, persigue el fortalecimiento de la autonomía de los gobiernos locales para proveer servicios públicos mediante un proceso de planificación y gestión de competencias sustentado en un plan de disposición de fondos.

Así que con la incorporación de la ley 176-07 que estatuye sobre el Distrito Nacional y Los Municipios, cede el espacio a una reestructuración organizacional administrativa de la gobernabilidad local, dotándole a las entidades municipales de principios y potestades de actuación dentro de un marco de competencias exclusivas, coordinadas o compartidas y delegadas permiten responder a las necesidades colectivas de sus municipios.

De hecho el art. 6 literal a) de la precitada norma municipal establece: a) Descentralización. Proceso que busca transferir funciones, competencias y recursos, gradualmente y según su complejidad a los gobiernos de los municipios y que se involucra a la totalidad de los entes de la administración pública”. Y es precisamente en el carácter gradual que expresa el articulado donde reside la palanca que detiene la capacidad de los entes municipales para desarrollar con eficiencia y eficacia los servicios públicos.

Esta implementación gradual del proceso de descentralización a la vida municipal, ha provocado serios inconvenientes en el ámbito de la función administrativa local, ya que la descentralización abarca no solo la transferencia de la competencia, sino también la transmisión de los recursos económicos para ejecutar con eficiencia las atribuciones conferidas, pues si revisamos el artículo 19 de la ley orgánica municipal observamos que el listado de las competencias exclusivas que recaen sobre las entidades municipales es amplia y requiere de ingresos propios para poder gestionar libremente sus responsabilidades.

Aunque las entidades municipales, mediante ordenanzas, se le ha conferido la potestad tributaria para crear arbitrios municipales (tasas y contribuciones especiales) como instrumentos de ingresos para ser autosuficientes en el ejercicio de sus competencias, no menos cierto es que el gobierno central mantienen como impuestos aquellos servicios públicos que generan los grandes recaudos tales como impuesto para la circulación de vehículo de motor, impuesto sobre la vivienda y solares, impuesto a la publicidad, entre otros.

Para el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/067/13 conceptualiza a los arbitrios municipales como los tributos que las alcaldías aplican dentro del ámbito del territorio de su distrito municipal, como una contraprestación por los servicios dados a sus munícipes o por el uso que estos le den a uno de sus bienes. Este concepto viene en concomitancia con la delimitación que impone la normativa municipal a las entidades municipales para la creación de sus arbitrios, fijando, para el caso de las tasas, los servicios relacionado con la utilización y aprovechamiento especial del dominio público municipal y por prestación de servicios o realización de actividades administrativas. (artículo 280 ley 176-07). En el caso de las contribuciones especiales el mismo se aplica cuando un munícipe obtiene un beneficio o un aumento del valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter municipal. (artículo 291 ley 176-07).

Han sido abundante las acciones de inconstitucionalidad contra las ordenanzas o resoluciones de carácter tributario que han sido acogidas en detrimento de las entidades municipales, pues generalmente estos actos administrativos colidan con los impuestos nacionales. Ante esta situación que involuciona la gobernabilidad local, los Ayuntamientos han tenido que recurrir a la concesión de los servicios públicos en los casos de recolección de los residuos sólidos, la gestión de recaudo de los arbitrios, concertación de operaciones de crédito y requerir la intervención del gobierno central para el cumplimiento de ciertas obligaciones amparado en las relaciones administrativas, que en el caso de la especie su función debería limitarse a la fiscalización externa de las entidades municipales.

Otro aspecto que impacta lesivamente a la gestión, función y planificación de las entidades municipales es que no existe un ordenamiento jurídico que indique las fases para la transferencia gradual de las competencias, no obstante el mandato establecido en la ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo en su artículo 29 numeral 8, indica que el Gobierno Central transferirá a los ayuntamientos los tributos, competencias y responsabilidades municipales que se consideren pertinentes dentro del marco de la Constitución y las leyes, en un plazo no mayor de siete (7) años.

Como se aprecia la ley Estrategia Nacional de Desarrollo establece dentro de la línea de acción 1.1.2.2. y siguientes “la transferencia de las competencias, recursos y funciones para mejorar la oportunidad y calidad de los bienes y servicios públicos prestados a los munícipes”. Esto así, porque las entidades municipales representa la unidad básica del Estado, en consecuencias son los articuladores directos de las necesidades sus munícipes, motivo suficiente para que el Gobierno Central inicie los pasos para iniciar las reformas pendientes a favor de las entidades municipales.

La necesidad de una reforma al sistema municipal del país debe ser inminente, pues continuar cargando con las debilidades institucionales de las que padecen en la actualidad, representará no solo una amplia carga al gasto público del Gobierno Central sino que hace ineficiente las políticas públicas locales. Entre los problemas que relucen y afectan a la gobernabilidad local son los siguientes:

 

  1. Responsabilidad Patrimonial de los Entes municipales. La falta de recursos propios limita a las entidades municipales a cumplir con los servicios públicos atribuidos por ley, en consecuencia comprometen su responsabilidad cuando conducen sus competencias por la via de la ejecución deficiente o por la omisión de ejecutar. En efecto, la combinación de los artículos 88 y 113 de la ley municipal coinciden en la responsabilidad patrimonial que recae sobre los entes municipales y sus funcionarios.

 

  1. La duplicidad de competencias. Si bien es cierto que la ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios establece cuáles son las competencias exclusivas de los gobiernos locales, no menos cierto es que aún dichas competencias colidan con las del gobierno central. Competencias como la regulación del tránsito urbano, pavimentación de las vías urbanas, régimen tributario, entre otros. Esta desventaja trae como consecuencia que la responsabilidad de los gobiernos locales en presentar una propuesta de desarrollo y la economía local, y por igual la prestación de servicios públicos, se vean constreñida, ya algunas de las principales competencias aun siguen superpuesta al gobierno central.

 

  1. Desigualdad de recursos económicos. Al ser la descentralización un sistema administrativo que transfiere funciones, competencias y recursos, esto ha generado como consecuencia una extensa y diversa lista de atribuciones de servicios públicos y de planificación. No obstante a que estos entes poseen la potestad de generar y crear arbitrios municipales, no son suficientes ya que “los gobiernos centrales no quieren ceder el control sobre los principales impuestos nacionales, ya que ello puede interpretarse como una pérdida de control sobre la parte de los ingresos del presupuesto nacional. (FAO. 2004)”.

 Por esta razón entendemos importante que el Gobierno Central y nuestros legisladores, inicien los pasos para un verdadero proceso de descentralización basado en un proyecto de ley que plantee de manera sistemática los pasos para transferir las competencias y los recursos que corresponde a las entidades municipales, cumpliendo con el mandato de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, capacitando a los municipios para que estos puedan ser autosuficientes y brindar políticas públicas que vayan en dirección del desarrollo de sus jurisdicciones.

 La descentralización, como cualquier sistema político, está sumido de variables que representan las ventajas y desventajas que enfrentan los gobiernos locales.

 

Por Alberto Torres

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