La importancia del estatuto de la Función Pública (parte II)

Por Adonis L. Recio viernes 25 de septiembre, 2020

Beneficios ante la Justicia Administrativa

La normativa expresa que el servidor público cuenta con ciertos derechos individuales que son uniformes a TODO servidor; así lo retiene el art. 58 de la LFP al esclarecer que:

  1. Percibir una remuneración por sus servicios de conformidad con el régimen retributivo establecido por la presente ley y su reglamentación, así como los demás beneficios y compensaciones de carácter económico establecido en su favor;
  2. Recibir inducción, formación y capacitación adecuadas, a fin de mejorar el desempeño de sus funciones;
  3. Participar y beneficiarse de los programas y actividades de bienestar social que se establezcan;
  4. Recibir el sueldo anual número trece (13), el cual será equivalente a la duodécima parte de los salarios de un año, cuando el servidor público haya laborado un mínimo de tres (3) meses en el año calendario en curso;
  5. Disfrutar de las licencias y permisos establecidos en la presente ley;
  6. Recibir el beneficio de las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones que les correspondan;
  7. Recibir un tratamiento justo en las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, superiores y subalternos, derivadas de las relaciones de trabajo;
  8. Tener garantizadas condiciones y medio ambiente de trabajo sanos;
  9. Los demás derechos que legalmente les correspondan contemplados en la presente ley.

 

Claro está, enfocando el tema en el aspecto Contencioso Administrativo, (dígase luego de que medía una desvinculación) quienes cobran principal protagonismo son (I) el reintegro al cargo y salarios caídos; (II) indemnización por despido injustificado y (III) el salario 13. En el caso del reintegro, sólo el servidor debidamente incorporado a la Carrera Administrativa podría requerirla según el art. 23 de la Ley núm. 41-08, aunque excepcionalmente se reconoce por efecto del precedente TC/129/18 de fecha 17/7/2018 del TCRD, según el cual cuando se impute una falta habrá de formularse un debido proceso independientemente de que se trate de un empleado incorporado a la Carrera Administrativa o no; lo que plasmó de la siguiente manera:

 

“d. Por su parte, la Procuraduría General de la República sostiene que el señor Juan C. Comprés Guzmán no demostró que formara parte de la carrera del Ministerio Público y, además, que la sentencia recurrida fue dictada con estricto apego a la Constitución y a las leyes del país.

 

  1. Como se observa, el juez de amparo rechazó la acción que nos ocupa, en el entendido de que el señor Juan Cesáreo Comprés Guzmán no pertenecía a la carrera del Ministerio Público. Sin embargo, este tribunal constitucional considera que las garantías del debido proceso deben respetarse en ocasión de la aplicación de una sanción disciplinaria, sobre todo si se trata de la desvinculación de un cargo público, como ocurre en la especie, independientemente de que el funcionario perjudicado no forme parte de la carrera administrativa”, págs. 16-17.

 

Este criterio responde a las consecuencias que representa la destitución bajo la imputación de una falta grave para el servidor público, a saber, la inhabilitación por un lapso de cinco (5) años, (art. 84, parte in fine de la LFP) lo que se complica de acuerdo con la probabilidad de obtener un empleo en el sector privado según el área de profesionalización, y de hecho, por sí mismo representa un hecho constitutivo de una indemnización por daños y perjuicios[1] cuando la acción de personal se lleva a cabo de manera injustificada limitando al empleado acceder al sustento de sus necesidades económicas. No está demás especificar que este derecho al reintegro es opcional, y sólo operara en la medida que el empleado realice las gestiones de lugar pudiendo incluso solicitar su reubicación en virtud del art. 59 numeral 3 parte in fine de la LFP.

Indemnizaciones a favor del servidor de estatuto simplificado; en base al art. 60 de la LFP, a partir del primer año de labor se formula el derecho a obtener la indemnización de lugar, cuyo monto equivaldrá a la cantidad de años en el servicio público[2] multiplicado por el salario mensual, sin que esta suma pueda exceder los 18 meses, y obviamente, siempre que la actuación desvinculatoria sea injusta. Un punto de suma relevancia es lo que tratamos anteriormente entorno a la Sentencia TC/129/18 del TCRD, de donde podríamos admitir que esta solicitud de indemnización ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa sólo podría estar acompañada del reclamo de restitución si la causa de separación fuere una falta disciplinaria.

En caso contrario, como son la “conveniencia en el servicio” o la supresión del cargo por interés institucional, sólo dará lugar al pago de la indemnización, en los términos del Reglamento núm. 523-09 y su artículo 96, cuyo párrafo II, esclarece un tema que podría generar controversia (el pago de valores por parte de la institución que se desprende del empleado), así:

A 1os efectos de establecer el pago de la indemnización económica se computará a favor del beneficiario todo el tiempo de servicio que éste haya prestado, independientemente de que hubiere estado en condición de empleado nominal, de modo continuo o no, a cualquier organismo del sector público, sea a nivel central como en instituciones descentralizadas y autónomas, en regiones, provincias y municipios, cualquier otro del Estado.

Por ejemplo, si Juan Pérez ingresó a la AP en fecha 16/8/2010 en el cargo de mensajero interino del Ministerio de Administración Pública (MAP), logrando ingresar al Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM) al cargo de auxiliar de recursos humanos; y posteriormente, al haber obtenido su título de licenciado en administración de empresas, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) donde devengó un salario de RD$50,000.00, antes de que la gestión entrante el 16/8/2016 dispusiera su desvinculación por conveniencia en el servicio o supresión del cargo; correspondería computar a su favor el total de los 6 años x RD$50,000.00. Asimismo, en caso de que exista una proporción superior a 6 meses, también deberá tomarse en consideración para el cálculo de beneficios.

El salario 13 o regalía pascual, está condicionado al transcurso mínimo 3 meses del año en curso, según establece la LFP en su art. 58 núm. 4; es conocido que este derecho representa al igual que en el Derecho Laboral la duodécima parte de los salarios de un año. Por ello su computo no implica mayores complicaciones. Importante es tomar en consideración las disposiciones del artículo 55 del Reglamento núm. 523-09, que incluye en el calculo el lapso que figura en las modalidades de “periodo de prueba” y “suspensión administrativa”. Finalmente quedaría agregar que el cálculo de beneficios laborales del MAP no es vinculante[3], esto, a razón del anuncio titulado “MAP explica Régimen Laboral de derechos de los servidores públicos, según la Ley 41-08[4]”, contentivo de la circular núm. 04295 de fecha 7/7/2020, toda vez que dichos cálculos guardan vinculatoriedad sobre las instituciones públicas, no así frente al servidor público quien podrá perseguir su justa compensación según las fórmulas establecidas en la LFP y su Reglamento núm. 523-09.

Otros derechos

El derecho a una pensión por jubilación o retiro es una facultad que está a cargo del ente en que se agotó la vida laboral del servidor público; bastará con observar las disposiciones del artículo 66 de la LFP que somete al titular o institución a la realización de “(…) los trámites necesarios por ante las instancias competentes a los fines de que reciba los beneficios de su pensión o jubilación en el menor tiempo posible” a lo que se ha referido el TSA[5]. Por supuesto, estas actuaciones deben estar precedidas de la voluntad del servidor público, por medio del tramite necesario ante el Ministerio de Hacienda o la AFP que aplique a su caso (reparto[6] o contributivo). Ahora bien, lo más relevante en estos casos es que el servidor debe permanecer “percibiendo su salario hasta que dicha pensión o jubilación le sea concedida”, art. 65 de la LFP.

Este trámite debe ser observado por la institución a partir del plazo preestablecido en el art. 70 párrafo II del Reglamento núm. 523-09, tal como lo ha retenido el TSA en Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00232 de fecha 31/7/2018, Sala 2, al manifestar “que el recurrente cumplía con el requisito de la edad, ya que al momento de su desvinculación tenía sesenta (60) años, y respecto al tiempo laborando en el tren estatal se computan diecinueve (19) años y ocho (8) meses, es decir, que se encontraba dentro del plazo de los seis (6) meses estipulado por el artículo 70 párrafo II del Reglamento núm. 523-09 de aplicación de la Ley núm.41-08 de Función Pública, para iniciar los trámites de su jubilación, comunicándosele al Departamento de Recursos Humanos de la institución donde prestaba servicios” pág. 23.

De manera aún más específica, para el caso de las servidoras públicas en estado de gestación la separación interviene previa opinión favorable del Ministerio de Administración Pública (MAP), lo que debe analizarse a partir de una interpretación conjunta de los artículos 61 y 86 de la LFP, que eventualmente implicarían la necesaria recomendación elevada ante la Presidencia de la República en el caso de instituciones públicas centralizadas.

Las garantías son la médula espinal para acceder a los beneficios consagrados a favor del personal público, de tal manera el recurso contencioso administrativo será la acción por excelencia cuando exista una acción de personal por escrito, mientras que cuando no, la acción de amparo ordinaria podría representar el mejor mecanismo de reclamo. Resulta de mayor envergadura manejar las tutelas inmediatas, es decir, las solicitudes de medidas cautelares y precautorias, máxime cuando la interposición de la medida cautelar según dispone la Ley núm. 13-07 en su art. 7 párrafo IV, suspende la sanción disciplinaria mientras se conozca el proceso. Siempre será factible tener en cuenta la Sentencia núm. 38 de fecha 25/4/2018 de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) alusiva a la interposición voluntaria de los recursos en sede administrativa por efecto de la Ley núm. 107-13.

Bibliografía

Normativas

Ley núm. 41-08 de Función Pública de fecha 16/1/2008.

Ley núm. 1494 de fecha 30/5/1991 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, G.O. núm. 9808.

Reglamento núm. 523-09, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de fecha 21/7/2009.

Sentencias

Sentencia núm. TC/129/18 de fecha 17/7/2018 del TCRD, disponible en línea en la página oficial del Tribunal Constitucional (TCRD), https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc012918/ (consultado el 11/8/2020).

Sentencia núm. 0030-03-2018-SSEN-00232 de fecha 31/7/2018, Sala 2 del Tribunal Superior Administrativo.

Sentencia núm. 381-Bis de fecha 5/8/2015, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; núm. único 003-2010-00234.

 

[1] Conforme al criterio externado en la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00126 de fecha 17/5/2019; Solicitud núm. 030-2017-CA-00413, “(…) la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública producto de la omisión en solventar las indemnizaciones correspondientes a los empleados de estatuto simplificado es de tipo excepcional por su incidencia directa en la alimentación de la recurrida, y eventualmente en el núcleo de su familia (…)”.

[2] Muy especialmente para el caso particular de servidores que ejercen sus funciones en una institución distinta a la que iniciaron a desempeñar X cargo, lo que responde al principio unitario del Estado Dominicano, único deudor de los valores que correspondan; no es correcto que la AP que despide sólo pretenda hacerse responsable del lapso en que el empleado se desempeñó en su institución, en virtud del párrafo II del artículo 96 del Reglamento núm. 523-09.

[3] Sentencia núm. 033-2020-SSEN-00398 de fecha 3/7/2020, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); expediente núm. 001-033-2018-RECA-00793.

[4] Disponible en línea en el enlace https://map.gob.do/2020/07/12/map-explica-regimen-laboral-de-derechos-de-los-servidores-publicos-segun-la-ley-41-08/, consultado el 9 de agosto de 2020.

[5] A través de su recientísima Sentencia núm. 0030-04-2020-SSEN-00240 de fecha 11/8/2020, Sala 3; expediente núm. 030-15-01631.

[6] Para lo cual deberá remitirse a la Sentencia TC/323/17 de fecha 20/6/2017, pág. 24; que refiere agotar el procedimiento de la resolución núm. Resolución núm. 344-12, que establece procedimiento para el traspaso del Sistema de Capitalización Individual al Sistema de Reparto, en virtud de la Resolución 189-06 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

 

Por Adonis L. Recio

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