´´La lógica y el sentido común se habían quedado protestando al otro lado de la puerta porque no les fue permitida la entrada
donde el desatino estaba siendo perpetrado´´
José Saramago
El pilar de la democracia de un país descansa en el Congreso Nacional porque quienes lo conforman son los genuinos representantes de la voluntad popular expresada en el voto, por lo que representan la pluralidad de un país y la voz a la ciudadanía, y es en esa Institución Legislativa donde, con total autonomía, se deben identificar los problemas sociales, económicos y políticos que afectan a la nación, plantearlos ante los demás representantes, aprobarlos con la mayoría constitucional establecida y vigilar su promulgación y cumplimiento. Esta facultad define al Congreso como el representante de una sociedad plural en su estructura social, cultural y de diversas tendencias políticas, y tiene necesariamente que cumplir una labor de receptor, canalizador de demandas, de opiniones, peticiones e inquietudes en los ciudadanos que representan.
Con la división de poderes se instaura un Estado de derecho donde la independencia será el principio que rija la actividad gubernamental, con funciones específicas y complementarias para cada uno de los órganos del Estado. Esta separación de poderes es una garantía de libertad sin la que no existiría la democracia, por ello, el exponente fundamental de la democracia es la existencia de un Congreso cuyos integrantes cumplan su función representativa, legislativa y de control, con absoluta independencia y autonomía.
Por lo que nos surge la pregunta ¿existe en nuestro país verdadera independencia en los tres poderes del Estado? En un sistema político como el nuestro ¿cuál es el peso y el contrapeso para consagrar el principio de la división de poderes e impedir la centralización del poder y frenar la autocracia? Solo separando. con límites bien señalados, la Jurisdicción Ejecutiva de la Jurisdicción Legislativa, podrá nacer la Independencia de poderes.
El cumplimento de ese objetivo fundamental depende de la calidad de sus representantes, por lo que nos cuestionamos ¿ salvo excepciones, poseen nuestros legisladores real autonomía para decidir la aprobación o no de reformas o anteproyectos de Ley? ¿Cuál es el perfil de nuestros representantes? ¿Son conscientes los partidos políticos de la gran responsabilidad que descansa sobre ellos a la hora de elegirlos como candidatos? ¿en sentido general, conocen los representantes las técnicas para elaborar un proyecto de norma jurídica, con la debida justificación o exposición de motivos de la misma? o simplemente una gran mayoría responden a instrucciones de su partido, sin detenerse a analizar ni siquiera mínimamente la viabilidad de anteproyectos de leyes sobre temas relevantes que pudieran comprometer el desarrollo socioeconómico y político del país.
Es penoso, pero ¿deberíamos continuar la práctica de escoger a los representantes sin evaluar su trayectoria y preparación? ¿Debemos seleccionar a aquellos candidatos que poseen recursos económicos para dar apoyo a las campañas políticas y que muchas veces la procedencia de esas fortunas es de origen dudoso, y que definitivamente se hace como una inversión? ¿o debemos elegir a aquellos que por ser artistas o músicos gozan de popularidad y como tal arrastran un voto de simpatía? ¿o debemos escoger a sindicalistas con su espíritu de oposición constante que no facilitan ningún consenso? Y la pregunta clave que nos debería llevar a la reflexión ¿Como percibe el ciudadano la forma en que diputados y senadores desempeñan sus cargos y como observan el funcionamiento en general del Congreso?
Cuando se cuestiona a la ciudadanía su opinión acerca del Poder Legislativo y del desempeño de los Diputados y Senadores en general, la respuesta recurrente es: “no sé qué hacen”, “es una gallera”; “no tiene voz propia´´ ´´sería bueno reducir el número de legisladores”; “hay que eliminar el Senado”; “ganan un sueldo lujoso y no hacen nada”. Es conveniente resaltar que parte de ese malestar es lo que le cuesta al pueblo dominicano el Congreso.
Los senadores tienen un sueldo base de RD$320,000, a los que se suman otros beneficios marginales de RD$50,000 de gastos de representación; RD$25,000 de viáticos, RD$25,000 de dietas, y RD$3,500 por cada sesión a la que asistan. Como complemento por sus servicios tienen derecho a 2 exoneraciones de impuestos para vehículos. En el caso de los diputados perciben un sueldo RD$175,474.65; gastos de representación por RD$35,094.93; RD$45,000.00 de dieta, monto que incluye los viáticos por comisiones y sesiones. También cuentan con el beneficio de dos exoneraciones de impuestos para vehículos.
De igual modo los legisladores cuentan con el Fondo de Gestión Social de senadores y diputados, llamado también “el barrilito”, a través del cual reciben bonificaciones especiales para supuestamente ser utilizadas en labores de ayudas comunitarias. De igual modo reciben beneficios de pensiones del Instituto de Previsión del Congresista Dominicano, se les paga hospedaje en la capital y los celulares, poseen pasaporte diplomático y tienen derecho al porte y tenencia de armas de fuego, entre otros; lo que es un hecho, es el elemento común de dichas respuestas: el desconocimiento de las labores propias del este poder público, lo que da como resultado un fenómeno de desaliento e inconformidad colectivo hacia el congreso.
Los legisladores dominicanos en todo el transcurso de la historia, en su gran mayoría, han actuado de manera empírica y con absoluto desconocimiento de las técnicas de redacción y elaboración de leyes, lo que ha traído como consecuencia confusiones y evidentes incoherencias entre una legislación y otra, leyes que en su gran mayoría resultaron contradictorias e inhabilitada para generar derechos y obligaciones y para mantener la vigencia en el tiempo. Sobre estas carencias es que el Congreso en el año 2017 introdujo el Manual de Procedimientos Legislativos como material técnico de apoyo para los legisladores.
Las preocupaciones sobre el rol de muchos legisladores están latentes en el pensamiento de aquellos que entendemos que un país sin los representantes adecuados, es un país condenado a la esclavitud y a la pobreza, pues son víctimas de la manipulación y están a merced de aquellos que poseen el poder económico para manejar sus conciencias, por lo que es una necesidad evitar la concentración de poder. Es lamentable, pero es una gran realidad que el Congreso se encuentra entre las instituciones de menor aprobación y confianza ciudadana, y es evidente que existe una disminución preocupante de la percepción positiva que la ciudadanía tiene hacia dicha institución política y una marcada crítica negativa hacia el trabajo realizado por algunos diputados y senadores.
Mientras esto persista no habrá forma de lograr la institucionalidad del país, porque cuando una institución pública de importancia esencial como esta pierde la confianza y el respeto hacia sus representados, una seria amenaza recae sobre la propia democracia, dado que la confianza y la participación ciudadana son trascendentes para la vida en democracia y la sostenibilidad de las instituciones públicas. En una sociedad democrática es muy importante que exista una opinión pública favorable respecto a las legislaturas, debido a que los ciudadanos son quienes conceden o no legitimidad al sistema político.
La representación legislativa tiene mayor legalidad que la de los otros poderes, ya que se compone con representantes de diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y minorías con ideologías y programas diversos, cuyos acuerdos en consenso, libre de presiones políticas, representan en mayor grado la voluntad de toda la población. El Poder Legislativo más que un órgano político es un órgano social, más que formar parte del Estado forma parte de la sociedad, por tal razón su particularidad es la independencia y la autonomía.
Se impone pues, que debemos generar una nueva conciencia crítica a la hora de que los partidos postulen a sus representantes, puesto solamente con una selección responsable, optando por los más competentes y por los más aptos estaremos honrando el progreso del país y podremos convertir conocimiento en acciones, alejándonos de este modo de la sociedad de la ignorancia y de sus lamentables consecuencias. Entendemos que la raíz de este problema se inicia con los exiguos requisitos para optar por una diputación o senaduría en nuestro país, conforme a lo estipulado en la constitución para ser diputado o senador solo se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella, y bajo ese criterio todos los ciudadanos sin distinción entran en la base de aplicables.
Es verdaderamente insólito que de los tres poderes que conforman nuestra democracia, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a las presentes autoridades solo les preocupa la independencia judicial, repiten de manera permanente la supuesta independencia de la justicia, es común oír “urge una reforma del Poder Judicial que garantice su independencia para alcanzar la institucionalidad del país”, sin embargo, aun aplaudiendo ese propósito, nos luce que no existe intención para procurar lo mismo en el poder Legislativo.
¿No resulta chocante que, siendo tres los poderes que configuran un Estado de derecho solo nos preocupe la independencia de uno de ellos? ¿Existe algún motivo para pensar que el diputado que vota a favor de ciertas leyes introducidas por el poder Ejecutivo o el ministro que toma decisiones de gobierno, sufren menos injerencias y presiones que el juez que dicta una sentencia? ¿Quién, llegado el caso, tendría mayor grado de libertad y mayor amplitud de desempeño en el ejercicio de sus funciones, el Tribunal o el Congreso?
¿Hemos visto alguna vez que expresemos preocupación porque algunos grandes empresarios y contratistas de este país compran voluntades en el Congreso poniendo en peligro la independencia del Poder Legislativo? ¿Hemos visto a alguien denunciar los lobbies que se ejercen en el congreso? Nunca podremos hablar de independencia de los poderes mientras en el poder legislativo existan presiones e injerencias para la aprobación de reformas o anteproyectos de ley favorables a los intereses de unos pocos y en detrimento del bienestar del pueblo.
Y en adición a esto ¿hemos visto a legisladores ejercer en libertad la labor de fiscalización del gasto público y dar seguimiento a las políticas públicas? El artículo 246 de la Constitución, dispone que el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, ¿se hace? La vigilancia es un control importante del Congreso sobre el poder del presidente y representa un contrapeso a la hora de implementar leyes y crear normas o regulaciones, por lo que se hace necesario actuar libremente, llevar a cabo auditorías y generar informes sobre cada aspecto del gobierno, garantizando que las decisiones que se tomen sean las más convenientes y que el dinero de los contribuyentes se gaste con la efectividad y la eficiencia que se amerita, cuando esto ocurra estaremos encarrilándonos al tren de la institucionalidad.
Un ejemplo representativo de la ausencia de independencia de los bloques de legisladores, es la aprobación de los fideicomisos públicos de manera relámpago en la cámara de diputados, incluso antes de aprobarse la ley que regula este tipo de contratos públicos, y que, por ser figuras jurídicas desconocidas para la gran mayoría, ameritan estudios, tiempo de análisis y discusión. Mientras esas aprobaciones a la carrera suceden, otros proyectos sobre asuntos prioritarios y que no son sometidos por el poder ejecutivo, no corren la misma suerte y van y vienen de una legislatura a la otra, perimen y entran de nuevo y permanecen en estado de invernación, a veces por años, entre estos podemos mencionar el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Aguas de la República Dominicana, la Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; la Ley de Cambio Climático, el proyecto de ley que modifica la Ley 87-01 sobre seguridad social, el proyecto de Ley sobre la extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, el proyecto de ley que modifica la Ley 311-14 sobre las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios y servidores públicos, el proyecto de Ley orgánica de la Cámara de Cuentas, proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional, entre otros.
En definitiva ¿deben los legisladores ser cuerpos activos que tomen la iniciativa, deliberen y decidan acerca de las políticas públicas independientemente del liderazgo del Ejecutivo? ¿o su papel se debe circunscribir a ser canal de aquellos que diseñan las políticas? Inclinarse por la primera cuestión colocaría al Poder Legislativo en una posición activa, pero obstruccionista, en el sentido de que es posible la parálisis de cualquier decisión, sin embargo puede funcionar bajo una lógica de conflicto entre poderes, mientras que si asume la otra posición el congreso se limitaría a ser una caja de resonancia sujeto al liderazgo del Poder Ejecutivo, sin capacidad de control sobre las tareas del gobierno, convirtiéndose en ratificadores de las decisiones legislativas del presidente obstaculizándose su tarea de supervisión de la conducta gubernamental. Es por ello que la relación entre poderes para la formación y ejecución de políticas públicas debe cumplir con tres elementos básicos: la autonomía del Poder Legislativo respecto a la influencia política del Ejecutivo; la institucionalización del órgano Legislativo y la eficacia del trabajo Legislativo respecto a la aprobación y discusión de políticas gubernamentales limitando la obstrucción parlamentaria.
“No basta saber quién entra y cómo entra en el parlamento. Es necesario
además, ver qué es lo que se hace y quién lo hace y qué no se hace”
Giovanni Sartori
Por Jacoba Hasbún