La función pública es más que carrera administrativa

Por Francisco Cabrera Mata lunes 28 de diciembre, 2020

Suponer que la Administración Pública no anida obligaciones frente a sus empleados es tan falso como cruel. El Estado requiere de un alto número de sus ciudadanos para que, investidos de la condición de servidores públicos, se pongan al servicio de la sociedad, atiendan sus necesidades y resuelvan sus problemas[1]; de suerte que, estamos ante el mayor empleador. Sin embargo, el respeto por el bienestar humano y social de las personas que prestan servicios bajo la dependencia de otro, tradicionalmente se ha centrado en el régimen que desarrolla el Código de Trabajo.

Esta norma, que consagra el principio de la cooperación entre el capital y el trabajo, no se aplica a empleados públicos, salvo que así lo disponga la ley o los estatutos especiales aplicables a ellos[2]. Con esto, la sensación de que los trabajadores del sector privado son los únicos con derechos laborales se ha hecho viral. Pero la realidad jurídica es otra; en el servicio público se juegan, en buena medida, la paz social, la percepción ciudadana de la justicia, así como la calidad de vida y el confort de gran parte de la población[3]. Sobre ello, quienes se afanan en dirigir la cosa pública deben crear conciencia.

Pues, aunque cueste entenderlo, para el cumplimiento de sus fines el Estado Dominicano abrazó un modelo de reclutamiento llamado a garantizar capital humano dotado de las mejores aptitudes y con la necesaria actitud. Desde el año 2010, la Constitución de la República dedica en el capítulo III, del título IV, la sección II al Estatuto de la Función Pública. Allí, cinco artículos recogen el compromiso constitucional de organizar y proteger el sistema.

Enseña, la ley sustantiva, que se trata de un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado, cual fijará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación de sus funciones. A la vez, de no ser observado el protocolo establecido a esos fines, condena a la inconstitucionalidad la separación de servidores adscritos a la carrera administrativa.

Como componente de la Función Pública, la carrera nos coloca ante un derecho del servidor que se proyecta sobre toda su vida profesional y que le permite tener ante sí un horizonte de expectativas que ha de ir realizando merced a su preparación y a sus propios méritos[4]. Sin embargo, dado que aquella no queda reducida a la estabilidad y promoción en el empleo, estar fuera de esta categoría no significa carecer de derechos. Otras prerrogativas nacen de la relación.

Con la consagración constitucional el estatuto adquiere rango privilegiado, pero el desarrollo legislativo sobre el tema es previo. El régimen ya contaba con la ley 41-08, de Función Pública y su reglamento de aplicación, un verdadero adelanto legislativo que, habiendo arrancado con buen pie, cayó ante la primera prueba y hoy se enfrenta a la segunda. Inspirado en los aires que levantó la Carta Iberoamericana de Función Pública, este instrumento normativo inicia una era más garantista y de mayores derechos para el servidor público que la fijada por la Ley 14-91, Sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, que al efecto quedaba derogada.

Esta ley 41-08 prevé derechos individuales y colectivos cuyo respeto e irreversibilidad ligan a todas las personas que ejercen potestades públicas. Tiene vigencia y, según las categorías que define, obliga en provecho de los servidores públicos, sean o no de carrera; identifica a los sujetos obligados y marca los canales para colocar bajo control jurisdiccional toda conducta que le sea adversa. Incluso, en adición a las cargas de la institución que corresponda, la responsabilidad del incumbente del área podría quedar comprometida.

Claro, el éxito del fenómeno es directamente proporcional a la tradición y actualidad institucional de cada país en este campo[5]. Por eso, debemos mirar el presente con sentido de compromiso y encaminarnos con el Estado hacia su propia legalidad. La vocación por cumplir con lo que dispone el Código de Trabajo no debe ser menos que el trato a ofrecer al estatuto en cuestión. El servidor público también tiene dignidad.

De ahí que, como separar de sus puestos a trabajadores extraños a la carrera no es un gesto desprovisto de valor, se impone repensar la práctica de cancelar servidores públicos por conveniencias mediáticas. Sencillo, ello arrastra un costo que en el buen sentido de la gerencia invita a mesura de tanto o mayor rigor que la aplicada por un empleador privado que, hasta no identificar los fondos o la causa justa que necesita para desvincular un asalariado, dilata o abandona la decisión. Por tanto, si de la Función Pública nacen derechos que comprometen el erario, aun cuando falte apego a la institucionalidad, no seamos tan generosos con el dinero ajeno.

[1] PUENTES GONZÁLEZ, Germán. La carrera administrativa:¿ anhelo o realidad?. Desafíos, 2004, vol. 11, p. 59-106.Disponible en: 664-Texto del artículo-2373-1-10-20100415.pdf

[2] Ley 16-92 Promulgada el 29 de mayo de 1992, que instituye el Código de Trabajo, principio fundamental III

[3] ORTEGA SUESCÚN, Dina Lisbeth. Aportes jurídicos para una renovación de la carrera administrativa en Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2012.  Disponible en: Hablar del empleo público en Colombia, no es tratar sobre un tema jurídico – administrativo entre otros, toda vez que el Estado es el mayor empleador, ya sea directa o indirectamente, y que, por lo tanto, en este tipo de empleo, sin necesidad de exagerar (unal.edu.co)

[4] GUISADO, Vicente María González-Haba; RICO, Manuel Álvarez. La carrera administrativa. Documentación administrativa, 1975, p.114. Disponible en: 4082-Texto del artículo-4314-1-10-20110601 (2).pdf

[5] BONIFACIO, José Alberto. Desafíos y oportunidades en la institucionalización de una función pública profesional. P. 17. En Servicio Profesional de Carrera. X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile. 2005. p. 18-21. Disponible en: Foro Iberoamericano: Revitalización de la Administración Pública (esap.edu.co) 

Por Francisco Cabrera Mata

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