Río de Janeiro, 1 abr (EFE).- La favela Vila Autódromo, condenada al derribo por su cercanía al recinto de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, denunció hoy sufrir presiones por parte de las autoridades para aceptar el desahucio forzoso.
Las 58 familias que se resisten a abandonar la zona, a pesar de que las excavadoras de la Alcaldía de Río ya han convertido en escombros gran parte de la barriada, protestaron hoy contra la orden de expulsión bloqueando temporalmente el acceso a las obras del parque olímpico.
Algunos vecinos denunciaron que las autoridades les presionan con cortes de luz, de teléfono o agua y con la presencia constante de patrullas de la policía y de la guardia municipal.
«Usan toda la fuerza del poder público para minarnos la moral», dijo a Efe Altamiro de Almeida Ferreira, propietario de una casa y una vidriería en la favela y quien se resiste a dejar el lugar sin una indemnización «justa».
La Alcaldía de Río repudió «con vehemencia» cualquier acusación del uso de violencia y de falta de respeto a los derechos de las familias de la Vila Autódromo, según un comunicado enviado a Efe.
La secretaría municipal de Vivienda afirmó que la negociación de la salida de los habitantes de la favela «siempre fue transparente» y para ello se celebraron varias reuniones colectivas en las que se aclararon las circunstancias y se dio atención individual a las familias.
La Vila Autódromo albergaba a 583 familias, que vivían en su mayoría en tugurios precarios, aunque algunos de ellos en casas y unos pocos en lujosos chalés con piscina, a orillas de un lago y a espaldas del antiguo circuito de Formula Uno, que ha sido demolido para la construcción de los estadios olímpicos.
La mayoría de los desahuciados se mudó a una nueva urbanización de apartamentos populares construida a un kilómetro de distancia, llamada Parque Carioca, y otra parte aceptó indemnizaciones, cuyo importe varía en función del valor del inmueble.
El joven Igor dos Santos, de 14 años, se mudó con su madre al Parque Carioca, pero después volvió con parte de su familia a Vila Autódromo porque en la nueva urbanización comenzó a operar una de las violentas mafias conocidas en Brasil como «milicias», que extorsionan a los vecinos de zonas pobres vendiéndoles «seguridad».
Ahora Igor vive con otros cinco parientes en una casa de una habitación, colindante a su antigua casa, que fue derribada y de la que sólo queda el dibujo de las habitaciones y un rastro de tejas y cemento convertido en escombros.
Para protestar contra los planes de expulsión, Igor y sus amigos lanzan a diario decenas de ruidosos petardos por encima de la valla que separa la favela de las obras olímpicas.
Según los habitantes, Vila Autódromo era una barriada pacífica y, a diferencia de la mayoría de las favelas cariocas, nunca vivió bajo el yugo de las bandas de narcotraficantes o de las «milicias», aunque ahora algunos de los que permanecen dicen sentir «miedo» cada vez que pasa un coche por la noche.
El terreno de la Vila Autódromo era de titularidad pública pero fue cedido a las familias en 1993 en régimen de concesión con un plazo de 99 años dentro de un plan de regularización de las favelas, lo que impedía hasta ahora cualquier orden de desahucio.
Pero la semana pasada la Alcaldía decretó que el terreno es de «utilidad pública», lo que permite el desahucio de las 58 familias que no aceptaron las compensaciones para salir de forma voluntaria.
La favela lucha con la Alcaldía desde que la ciudad brasileña fue designada como sede olímpica en 2009 e incluso presentó una propuesta de plan de urbanismo que fue premiado en un concurso del Deutsche Bank y la London School of Economics.
La profesora Inalva Mendes Brito, quien vive en la zona desde los años 60 y se resiste a la expulsión, reivindicó la permanencia y «la inclusión en los beneficios de los Juegos Olímpicos».
La «inclusión», según Brito, significaría mantener la favela al lado del parque olímpico y aprovechar para urbanizar la zona, instalar saneamiento básico y dar «respeto» a los ciudadanos y el «reconocimiento de su derecho a la ciudad».
«Sería algo hasta bonito y natural, pero no es lo que está ocurriendo. Estamos siendo expulsados por un evento que dura quince días», zanjó Brito. EFE
