Estamos completamente de acuerdo con la firme posición de la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, sobre establecer “sanciones drásticas para personal de salud responsable de muertes materno-infantil, y no tan solo en ese sentido, diría yo, sino en todas las áreas del ejercicio de la medicina.
No es un secreto que la doctora Guzmán Marcelino viene rindiendo una gestión seria y responsable al frente del ministerio de Salud Pública, sobre todo, enfrentando el incumplimiento y la irresponsabilidad del gremio de los médicos, cuando ha sido necesario, para que se ajusten al cumplimiento de su deber con los pacientes de los hospitales públicos primero, por encima de todos sus reclamos.
Reconocemos que las estadísticas son real y efectivamente asombrosas en el sector público, en cuanto a las muertes maternas, ya que en 2016 alcanzaron 153 casos, y en 2017 ocurrieron 120. Y en el sector privado,22 y 37, respectivamente.
Es por esto, que el Ministerio de Salud Pública emitió ayer mediante resolución el reglamento que tipifica las faltas y establece sanciones, que incluyen la cancelación del exequatur al personal de salud público y privado que por negligencia, incompetencia, negación al servicio o ausencia in justificada esté involucrado en las muertes materno infantil, cuya tasa desea reducir.
Así mismo, tras presentar estadísticas la ministra detallo que el 64 por ciento de las muertes maternas fue por trastornos de hipertensión; 19% por hemorragias; ; 16% por abortos;14% por otras causas ligadas al embarazo; un 11% por asepsia y 11% por VIH.
Las estadísticas señalan que las mayorías de las defunciones ocurren en el Gran Santo Domingo, en la región Este y en Cibao Norte, y que los hospitales se concentran en las maternidades La Altagracia, San Lorenzo de los Minas, Estrella Ureña y el Vinicio Calventi.
Algo muy importante que relato la ministra Guzmán Marcelino en sus declaraciones ofrecidas a la prensa fue que “las muertes materno infantil en el país reflejan una alta responsabilidad del personal de salud directamente involucrado en la atención, así como del personal gerencial de la red pública, de los centros privados y las asociaciones sin fines de lucro.
Así mismo advirtió correctamente que “las faltas fueron clasificadas en primer, segundo y tercer grado, y dependiendo de estas las sanciones van desde amonestación escrita, suspensión hasta de 90 días sin disfrute de sueltos, desvinculación definitiva por destitución; suspensión de la habilitación del servicio materno infantil y adolescente, hasta tanto se expliquen los correctivos de lugar, cierre del centro de salud, cuando la condición lo amerite y suspensión del exequatur.
Según afirma la funcionaria responsable del área de la salud, la resolución está integrada por 13 artículos o dispositivo y tiene como marco jurídico las leyes general de Salud (4201), Orgánica de Administración Publica (247-12) y del Sistema Dominicano de Seguridad Social (87-01).
La exitosa gestión que al frente del Ministerio de Salud pública viene realizando esta honorable y distinguida dama (Altagracia Guzmán), ha sido unos de los mejores logros en el plano de la salud que ha alcanzado el Gobierno constitucional del presidente mejor valorado de América y el mundo, licenciado Danilo Medina.