La distribución inequitativa del crecimiento, un dilema sin resolver…

Por Jacoba Hasbun

Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia”.

 Mahatma Gandh

 El tema crecimiento y desarrollo es objeto de muchos cuestionamientos, y de fuertes debates, con frecuencia, suele asociarse erróneamente una tasa de crecimiento elevada con un alto nivel de desarrollo. Sin embargo, en economías con modelos de estado inestables y de notoria debilidad institucional, las altas tasas de crecimiento no se corresponden con los niveles de desarrollo.  Por una parte, las cifras reflejan un crecimiento de la economía y por otro lado la clase pobre no lo percibe y el índice de pobreza se mantiene atrapado, es decir esos recursos no están al alcance de toda la población, mejor dicho, las riquezas que se generan a partir de ellos, no se distribuyen equitativamente provocando injustas asimetrías sociales.

De entrada,  cuando se logra una tasa de crecimiento económico  por encima del promedio de los países de la región, hacemos mucho ruido, estamos eufóricos, mientras tanto la población sumergida en toda clases de  necesidades y en profundas desigualdades, y si bien es cierto  que la desigualdad está  presente entre los segmentos de la sociedad  y seguramente siempre existirá, sin embargo, lo inaceptable es, que un porcentaje tan alto de la población se encuentre por debajo de las mediciones de pobreza,  en franco deterioro de su calidad de vida y en condición de indefensión frente a múltiples eventos.  Visto de esta manera, el crecimiento de este país no es para todos, pues sus efectos no llegan al asalariado, al cesante, al indigente, al trabajador, al que necesita tener acceso a salud, al pensionado que recibe un sueldo inferior al salario mínimo, o al joven que quiere salir a camino y no encuentra las oportunidades, entre otros.

Este tema es de crucial importancia para el desarrollo equitativo del país y para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos, por lo que trataremos de abordarlo, desde un lenguaje llano accesible para todo aquel que no maneje los términos monetarios. Para la gran mayoría de nosotros, las ciencias económicas son el más indiscutible reflejo del proverbio que establece que manejarse con datos es un recurso para no informar, los datos disponibles no comunican, sino entretiene y permite que algunos, especialmente los dirigentes políticos utilicen esas cifras para hacer galas del buen gobierno.  Partiremos de la siguiente pregunta, con el interés de medir el impacto del crecimiento económico en el país ¿Cómo se refleja en la población si el país se encuentra económicamente bien? una respuesta sería que se puede ver en función de cómo se encuentra la población en general, es decir de su nivel de bienestar. Esa respuesta en nuestro caso particular tendríamos que admitir que no se percibe de manera justiciera, que mientras unos pocos disfrutan de un bienestar, la gran mayoría no encuentra acceso a un nivel de vida aceptable. Existen pues dos conceptos que nos revelan mucho al respecto:  el crecimiento económico y el nivel de bienestar que goza la población.

Estamos claro que el crecimiento económico,  se mide de dos forma,  una  es  medirlo  a través del nivel de vida de las personas, de su bienestar y del acceso que tiene la población a sus derechos fundamentales y la otra forma es utilizar el PIB (Producto Interno Bruto) el cual calcula la actividad productiva y se obtiene al sumar cuánto valen en pesos todos los bienes y servicios de consumo final que se producen en un año, también se usa el PIB per cápita, el cual se calcula dividiendo el PIB del país entre el número de personas que viven en él.  Es evidente que este último indicador, no revela la realidad puesto que, al establecer un valor promedio entre pobres y ricos, ignora importantes aspectos como la desigualdad, ni revela la calidad de vida del ciudadano, ni su poder adquisitivo. Esto nos lleva a la conclusión de que es una necesidad medir adecuadamente el bienestar económico de los ciudadanos del país, para si reconocer que es la propia supervivencia de la población, lo que se esconde detrás de estas cifras económicas y sobre todo para implementar las políticas públicas adecuadas.

Los resultados muestran que es importante cambiar o adaptar los indicadores de bienestar con que se mide actualmente nuestra economía. El PIB no está demostrando la realidad del país en cuanto a bienestar y a pesar de esto se sigue utilizando para la toma de decisiones en materia de política económica.  ¿Entonces cómo debemos cuantificar el nivel de pobreza en nuestro país?  ¿Debe medirse a través de indicadores construidos a partir del ingreso y la riqueza, o si por el contrario se debe separar del valor económico de los bienes y asociarse a otros aspectos, como a la posibilidad de acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la alimentación, a igualdad de oportunidades, al progreso, entre otros? Esta es una pregunta que ha sido objeto de múltiples respuestas, pero lo que, si es obvio, que no se puede ocultar una realidad incontestable, que no es otra, que la insatisfacción del dominicano frente a las necesidades que le son propias.  Cuando en un país se está experimentando el desarrollo económico, se estará presenciando entonces situaciones como el aumento de la producción y productividad en las ramas económicas, asimismo se estará aumentando la calidad y calificación del capital humano y se darán pasos progresivos hacia el desarrollo industrial y la producción diversificada.

Para una reducción significativa de la pobreza no bastan el crecimiento económico y sus fluctuaciones cíclicas. La pobreza es un fenómeno multidimensional que se combate con una mejor distribución del ingreso. La imposibilidad de lograr importantes reducciones en el porcentaje de población que sufre la pobreza, radica en su anclaje de las desigualdades sociales. De manera sencilla y directa, el desarrollo es el traslado de la población a los beneficios del crecimiento, por lo que es la condición para la prosperidad y bienestar de la población. Crecimiento y desarrollo van de la mano y deben coexistir, el crecimiento es la condición para alcanzar el desarrollo y sin crecimiento no es posible lograrlo, mientras el crecimiento es la dimensión cuantitativa, el desarrollo es la dimensión cualitativa. El desafío para los formuladores de políticas públicas es conciliar estos dos objetivos.

La permanencia de las desigualdades sociales al generar condiciones diferenciadas de acceso a los bienes económicos, sociales, culturales, crea a la vez condiciones de riqueza para unos y condiciones de permanente de pobreza para otros. Considerando que el nivel de progreso se debe reflejar en el bienestar general, si esto no sucede es porque estamos profundizando en las desigualdades, definitivamente donde existe crecimiento económico y hay desigualdades y anquilosamiento de la pobreza, es porque no existe una planificación efectiva de la política pública de desarrollo, ni los recursos se invierten de manera equitativa y racional, es decir, existe una fuerte concentración de inversión en determinadas zonas, sobre todo en áreas urbana y muy específicamente en la capital, mientras otras regiones, especialmente las rurales se quedan estancadas, siendo muy difícil para ellos, acceder a puestos de trabajo y tener una buena calidad de vida.  Y para evitar esto es una prioridad asegurar que las oportunidades lleguen a todos los rincones del país y a todos los ciudadanos, por lo que se hace necesario un enfoque de Desarrollo Territorial en el diseño de políticas públicas. 

Se trata de considerar a la economía de un territorio rural de manera sectorial, esto implica reconocer la importancia de las potencialidades de cada zona e incorporar las diferentes cadenas de valor agregado que se pueden construir en una determinada zona, como, por ejemplo, los clústeres, las cadenas agroalimentarias, el turismo rural, la artesanía y la agroindustria artesanal, entre otros.  Esto implica el aprovechamiento de las sinergias entre los diversos sectores y de encadenamientos entre actividades productivas y no productivas, con el objetivo de aumentar la competitividad del territorio.  Para lograr este objetivo, se amerita de una nueva institucionalidad para el desarrollo, que sea abierta, equitativa, pluralista y democrática y de una capacitación permanente. Para ello es necesario que los recursos lleguen a todo el país y que cada región sea incluida dentro de las políticas de desarrollo, por igual es ineludible el fomento de la cooperación público-privada, que logre el compromiso en un proyecto compartido que refleje las diferentes aspiraciones sociales o intereses presentes en determinada zona. Mientras no logremos el desarrollo territorial basado en las potencialidades e identidad de cada región, no saldremos de la pobreza.

Otro motivo del estancamiento de la pobreza y del desarrollo humano es la corrupción, ya que se ha demostrado que a mayores niveles de corrupción menor es la calidad de vida de la población y menores inversiones en salud, educación e infraestructura; condiciones necesarias para propiciar el crecimiento económico. A nivel nacional este flagelo es cada vez más frecuente, los niveles de corrupción son alarmantes, algunas conductas como el desorden administrativo, la impunidad, la falta de independencia judicial ,  el tráfico de influencias, el nepotismo, la retribución de favores políticos, la falta de integridad de algunos funcionarios públicos, la fiesta de las exenciones fiscales para algunos poderosos,  la debilidad institucional, la ausencia de transparencia y falta de rendición de cuentas, unido a la ausencia de controles,  hacen del fenómeno de la corrupción un problema complejo de muy difícil erradicación y la situación se agrava con la impunidad.

El problema de la corrupción en el país no es solo ético, moral y legal, sino que es un problema político, con un impacto social enorme, en el país se pierden miles de millones de pesos al año por la corrupción, y eso tiene un efecto directo sobre las políticas sociales como la alimentación, salud pública y acceso a servicios. Estamos hastiados de que unos cuantos se apropien de los recursos del erario publico y que no pase nada, la falta de penalización de las acciones indebidas hace que el dominicano pierda la esperanza, estamos ansiosos de que la malversación de los recursos del estado y el dinero fruto de acciones ilícitas sea devuelto al Estado y que todo aquel involucrado en casos de corrupción vaya a la cárcel, solo así tendremos unos funcionarios y administradores  que por moral o por temor,  tengan que mantener un desempeño institucional sobre la base conductas honradas que estimulen la legalidad, la responsabilidad y  que generen una atmósfera de confianza y mejor certidumbre institucional.

En las elecciones de julio de 2020, los dominicanos ciframos la esperanza, en un cambio, la sociedad hastiada de los funcionarios corruptos y del uso del poder públicos en forma burda y deshonesta, le hizo un alto, y fue a las urnas a votar esperanzado en un cambio real, pero ¿existe realmente un cambio? ¿Cuánto más tendremos que esperar? Existe un clamor popular que pide: “cárcel a los políticos corruptos¨, pero ese eco se diluye y tememos   que en la práctica, ese clamor popular de exigencia de justicia, con el paso del tiempo y la lentitud del sistema judicial, se esté convirtiendo en un débil lamento de impotencia ante la dificultad, y muchas veces imposibilidad, de lograr el objetivo de dar cárcel a los corruptos.

El país no quiere más  palabras ni más promesas, pide a gritos hechos, no más  aparatajes, ni moluscos del mar,  ni más frases repetitivas, usadas en todos los casos, aun sean de naturaleza distinta, entre ellas, ¨malversación de recursos públicos¨ ¨tráfico de influencias¨, ¨abuso de funciones¨, ¨enriquecimiento ilícito¨, “lavado de activos¨, ¨encubrimiento y obstrucción de la justicia¨, ¨corrupción administrativa¨, ¨coalición de funcionarios¨, ¨falsificación de documentos públicos¨, ¨asociación de malhechores¨, ¨complicidad en los tipos penales de desfalco¨, ¨estafa contra el Estado¨,  y de ahí no salimos, y al tiempo que son sometidos a investigación cientos  y cientos de dominicanos, va pasando el tiempo, muchos casos abiertos y el dominicano siente que los casos están estancados, el país esta ávido  de respuestas por ejemplo ¿qué  ha pasado con el aparatoso allanamiento a la Cámara de Cuenta? ¿A qué limbo fue a dormir el caso de Odebrecht? ¿Qué ha pasado con el caso llamado el Pulpo? ¿con el caso de Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)? ¿con el caso de compras y contrataciones? ¿con el caso del Plan Social de la Presidencia? ¿cuáles son los avances del Plan Integral de Reformas Institucionales, creado para enfrentar la corrupción a todos los niveles y recuperar el patrimonio público robado? Ya basta del circo, Mientras tanto seguimos esperando… o talvez entremos en la moda impuesta por el ministerio público, y lo renombraremos la tortuga marina.

Finalmente deseamos referirnos al Desarrollo y políticas públicas, en esta relación, nos atrevemos a afirmar que toda economía, es política, el pretender que las decisiones en materia económica son limpias, inmaculadas, es algo ilusorio, para nuestra realidad la primera condición para alcanzar el crecimiento y desarrollo es consensuar el proyecto de país que queremos. Si carecemos de un proyecto país acordado entre todos, sin importar colores e ideología, el crecimiento y el desarrollo seguirán siendo una meta inalcanzable. Para ello se requiere de una enorme generosidad para que todos los partidos y todos los sectores sociales depongan sus legítimos intereses y se busque la correlación en aquellas cuestiones claves para la ciudadanía. Mientras blancos, verdes, rojos, amarillos, morados o azules no hagan el esfuerzo por buscar las coincidencias, seguiremos viviendo en un mar de incertidumbres, náufragos y abatidos. Es tiempo de avanzar y dejar mediocridades de lado.

Es una lástima que a pesar de que el nuevo gobierno intenta fomentar la eficiencia y preservar la moral pública, este rodeado de algunos funcionarios que están empañando su obra de gobierno y con un alto costo político que se manifiesta con una vertiginosa perdida de seguidores. Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública se requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado los valores y posean una conducta íntegra, pues son estos servidores públicos quienes marcan las directrices y operan las instituciones y tienen por objetivo común servir a la sociedad a la que representan, lo que los coloca como servidores públicos. En la actual administración, hay funcionarios ocupando posiciones de relevancia, provenientes del grueso de la clase política que no tiene un perfil profesional más allá del cobijo de los partidos.

Por lo que realmente urge acabar con los cientos de cargos que se reparten los partidos políticos, como uno de los remedios posibles para que la ciudadanía recupere la confianza en los políticos.  Para acabar con la mediocridad en los cargos públicos, debemos terminar con la politización de las administraciones, y terminar de una vez con la posibilidad de que los partidos sean agencias de colocación en los ministerios y las empresas públicas.  ¿En un gobierno que promueve la ética y la transparencia, ¿Cuál debe ser el perfil de los servidores los servidores públicos? ¿Cuáles atributos deberían tener? ¿le toca al gobierno cargar con el estigma de ciertos funcionarios indeseables? ¿Si los resultados no son los deseados, que esperamos para sustituir a los que no tienen ni la capacidad, ni la nobleza, ni la cortesía, ni el decoro, ni la prudencia, ni la vocación de servicio y demás atributos indispensables para servir? Una pregunta que espera respuesta.

¨Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo, no es sino un reflejo de lo que estamos haciendo a nosotros mismos los unos a los otros¨.

Mahatma Gandhi

 

Jacoba Hasbún

01 de abril 2021

 

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