La competencia del CNM en materia disciplinaria sobre Altas Cortes

Por Luis Vilchez González martes 14 de mayo, 2019

La reforma constitucional del año 2010, le dio al Consejo Nacional de la Magistratura competencia y atribuciones para juzgar en materia disciplinaria a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes; además de que es el órgano encargado de evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada siete años.

Esta nueva competencia adicional, en materia disciplinaria, del Consejo Nacional de la Magistratura, pertenecía anteriormente a la Suprema Corte de Justicia pero ahora con la reforma constitucional del 2010, a través de los Arts. 181 de la Constitución,  35 de la ley orgánica del CNM No.138-11 y la ley 327-98 de la Carrera Judicial, dicha atribución le fue conferida al CNM.

En este contexto, la Cámara de Diputados y el Senado de la República están impedidos de conocer la petición de interpelación del Procurador General de la República, funcionario público que no ha sido designado por el CNM, sino por el Presidente de la República de acuerdo con los Arts. 83, 128, 178 y s. de la Constitución, ya que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa (non bis in ídem), respecto a la inhibición y recusación que culminó con la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Así el CNM puede suspender, cancelar, separar del cargo a los jueces de las altas cortes y de la SCJ cuando incurran en actos contrarios a las normas constitucionales o legales durante el ejercicio de sus funciones, aun cuando hayan sido recientemente designados por el mismo CNM.

Es decir, de acuerdo a la Constitución, la inamovilidad de los jueces de la SCJ y de las altas cortes es relativa, no absoluta, solo gozando de inamovilidad en el cargo en el sentido de que no pueden ser trasladados, suspendidos o destituidos del cargo por ningún poder del estado, antes de vencerse el periodo de cuatro, siete o nueve años por el cual hayan sido designados por el CNM, salvo en aquellos casos en que hayan incurrido en faltas en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a los Arts. 151, 180,181 y 275 de la Constitución. Más aún, los procedimientos de inhibición y recusación o cualquier decisión disciplinaria de los jueces y abogados  son regidos  en el derecho dominicano por un procedimiento sui generis, aplicable a todos los asuntos disciplinarios o de destitución de los jueces de las altas cortes, según criterios jurisprudenciales aplicables por identidad de motivos en los casos de inhibición y recusación durante las evaluaciones de los jueces por ante el CNM. (Ver sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 13 de mayo de 1992, Boletín Judicial 974-976, Pág. 302, Sentencia de Mayo del 2002, B.J.1098, Págs. 7-10, Sentencia de fecha 11 de marzo del 2003, B.J.1108).

Todo esto significa que la inhibición del Procurador General de la República y la solicitud de recusación de parte de la magistrada, quedaron subsanadas o cubiertas cuando el CNM tomó decisión sobre el fondo del asunto, designando y juramentando a los jueces de la SCJ, con la presencia y participación o quórum de los miembros de la oposición, quienes ostentan la calidad de segunda mayoría política con el fin de que ejerzan sus funciones para el correspondiente período judicial, por lo que cualquier nulidad o medio de inadmisión contra estas decisiones serían irrecibibles por inexistentes o por  falta de objeto según el derecho común previsto en los Arts. 38 y 43 de la ley 834 del 1978.

Por otra parte, la clase política y el establishment  dominicano, debería tener en cuenta que el CNM y no el Congreso Nacional, es el organismo político y jurídico superior que posee el poder disciplinario  o destitución de los jueces de la SCJ y de las altas cortes. Ciertamente, bajo estas condiciones el tribunal constitucional puede, mediante el recurso de revisión, revocar las decisiones de las altas cortes y SCJ, así como también podrá provisionalmente suspender la ejecución de las sentencias emitidas por ellas hasta tanto el Tribunal Constitucional conozca el fondo de la revisión constitucional, de acuerdo al Art. 185, numeral 4 de la Constitución y los Arts. 9,53 y s. de la ley  orgánica del Tribunal Constitucional No.137-11, en razón de que los jueces de las altas cortes y SCJ permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes los sustituyan.

Por lo tanto se trata de un procedimiento distinto e independiente al juicio político previsto ante la Cámara de Diputados y el Senado para conocer de acusaciones contra funcionarios públicos elegidos por el voto directo o popular, a los elegidos por el senado y por el CNM, de acuerdo a los Arts. 80 y 83 de la Constitución, quedando excluido para estos fines el Procurador General de la República al ser un funcionario designado directamente por el Presidente de la República sin la intervención del Congreso.

Por  Luis Vílchez González

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