La carrera directiva pública, un desafío hacia la profesionalización de los cargos de dirección

Por Francisco Cabrera Mata lunes 18 de enero, 2021

La designación de funcionarios y servidores públicos en los cargos de dirección, como regla, responde a un diseño que descansa en la confianza personal e individual del poder político con la estructura administrativa. Así, el libre nombramiento y remoción predomina sobre los méritos. Con ello, la acentuada ausencia en el servicio público de un desarrollo profesional que alcance a dicho nivel, nos lleva a evocar las palabras del autor de “La democracia en América”, Alexis de Tocqueville, “un régimen muere cuando sólo elige funcionarios entre sus partidarios”.

De ahí que, una respuesta más profesionalizada a las demandas que debe cubrir la administración pública invade razonablemente la fórmula. En algunos países ha tomado cuerpo una institución que, desde la función pública, procura satisfacer la necesidad de ocupar un tramo de esos puestos exigiendo la profesionalidad que haga suponer condiciones para encarar la compleja misión de administrar el erario. En la región, es el caso de los modelos del Servicio Profesional de Carrera de México, el Cuerpo de Gerentes Públicos de Perú, el Cuerpo de Administradores Gubernamentales de Argentina y el Sistema de Alta Dirección Pública chileno[1].

Con todo, la fórmula representa un distanciamiento entre clientelismo político y los mecanismos de escogencia, pues, el tradicional espacio de poder usado para la designación de dirigentes y aliados políticos pierde incidencia; empero, gana la administración. En tal supuesto la esfera política cede a la técnica, no desaparece, sino que aumenta las dosis de transparencia, profesionalidad e imparcialidad del modelo político-administrativo[2]. Es un paso firme hacia las transformaciones que en la materia demandan los Estados modernos.

De esto, pese a la tímida experiencia, no faltan estudios que identifican correlaciones claras entre la calidad del aparato burocrático y resultados de desarrollo como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza o la lucha contra la corrupción. Así lo explica la promoción de buenas prácticas en la gestión de los recursos humanos de los gobiernos incorporada a la agenda de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo[3].

Estamos ante un esquema que, con sujeción a evaluación y desempeño, privilegia lo gerencial. Entre nosotros, la práctica es todavía escasa pero no ajena al ordenamiento jurídico. Para el 2008, en  tarea confiada a la agenda presidencial, la puesta en escena de la ley 41-08 crea las bases para configurar un sistema de carrera que aproveche a un estamento de estos servidores; en vista de ello, la mesa está servida. Ya desde los años 2003 y 2004, las carreras especializadas que se venían implementando en el Ministerio Público y en Educación, exhibían tonos parecidos.

Para el Reglamento dictado a fin de aplicar la carrera docente[4], la escala comprende desde el director de centro hasta el director regional de educación, cuya designación debe resultar de concurso que a1 efecto organice autoridad competente. A semejante protocolo, conforme al estatuto original, hoy consolidado y superado por la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, están sometidos los titulares en los respectivos cargos de Procurador Fiscal y Procurador General de Corte. En ambos casos, estamos ante puestos de dirección y coordinación resguardados por un sistema de carrera.

Fuera de las carreras especializadas, el modelo supone que el Presidente de la República podrá disponer que determinados puestos de rango inferior al de Viceministro sean seleccionados para integrar una carrera directiva pública. La competencia, por tanto, apunta hacia cargos del tipo que, a pesar de su vinculación con la confianza que inspira discrecionalidad en la designación y remoción, exige profesionalidad y tecnicismo como elementos básicos para ejecutar las faenas que precisa la administración.  A falta de iniciativa presidencial, asomará un problema de competencia.

En este orden, de ser desarrollada la norma, los puestos de directores nacionales y generales y subdirectores, administradores, sub administradores, jefes y subjefes, gerentes y subgerentes, y otros de similar naturaleza o jerarquía enlistados en la ley como de libre nombramiento y remoción, estarían sujetos a procesos de selección que demandarían el cumplimiento de trámites competitivos y transparentes. No obstante, incorporar esta clase de servidores al empleo observando concurso de oposición en el ámbito de una de las carreras especializadas, será perturbador para disponer libremente del cargo.

Ahora, frente a la facultad presidencial ha reinado la indiferencia. A doce años de entrar en vigencia la ley, la ausencia de ensayos serios revela que la deuda acumulada con la función pública va más allá del estancamiento en la incorporación de personas con vocación natural a la categoría o del reconocimiento oportuno de derechos por desvinculación irregular. Una expresión particular de una cultura que ve en los esfuerzos de reformas legislativas solo un cambio de letra y no todo un proceso; de tal manera, la iniciativa más prometedora queda cual tinta derramada en el papel, rasgo impropio de una norma aun cuando sea programática.

Esta práctica de ocuparnos más en trabajar eventuales modificaciones a una ley que en hacerla cumplir o desarrollar su contenido, cuyos ejemplos sobran y van de una institución a otra, nos debe llamar a reflexión. Suele hacer de gobernantes y gobernados el obstáculo primero de cualquier movimiento reformador. Pero, como nunca es tarde para cumplir deudas vencidas ni temprano para honrar los compromisos que aguardan a una autoridad, a ritmo de marcha nupcial y con sortijas en manos, caminemos al altar para sellar alianza con la profesionalización que amerita este segmento de servidores públicos. Enfrentemos el desafío de la carrera directiva.

[1] IACOVIELLO, Mercedes; LLANO, Mercedes; STRAZZA, Luciano. Fortalecimiento de la función directiva pública: exploración a partir de una selección de experiencias latinoamericanas y anglosajonas. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 2012, no 52, p. 45-82. Disponible en: Redalyc.Fortalecimiento de la función directiva pública: exploración a partir de una selección de experiencias latinoamericanas y anglosajonas

[2] GAMARRA, Oscar Briones. La obsoleta función directiva pública en España y su relación con un¿ marco normativo común?. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 2019, vol. 6, no 2, p. 141-161. Disponible en: 65913-Texto del artículo-4564456575326-1-10-20191118.pdf

[3] SANGINÉS, Mario; STRAZZA, Luciano. Profesionalización de la función pública en los estados de México. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2016.  Disponible en: Profesionalización de la función pública en los estados de México | Publications (iadb.org)

[4] Decreto No. 639-03, del Estatuto del Docente, de fecha  26 del mes de junio del año 2003.

 

Por Francisco Cabrera Mata

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