En este nuevo siglo, tiempo después de las grandes revoluciones industriales, debidamente registradas por la historia, “juventud, educación y empleo”, son términos que generan muchas interrogantes y pocas respuestas. Y es que en la práctica, se muestra claramente cómo a nivel regional es difícil garantizar la coordinación cuantitativa del mercado laboral y del mercado de servicios educativos. Esto se debe al hecho de que el mercado de trabajo, como regla general, hace que la demanda de trabajadores y especialistas, a nivel territorial, se enfoque en la idea de la ocupación sin especialidad antes que en conseguir un joven con una educación adecuada, desde el punto de vista de la demanda de una profesión, para realizar de manera eficaz una determinada actividad. Por lo tanto, el Estado debe comenzar a meditar sobre este aspecto que es de vital importancia para el desarrollo de cualquier sociedad, ya que debe considerar tener en cuenta las intenciones educativas de los jóvenes, para adaptarlas conforme a la demanda laboral, tanto en el ámbito local como regional.
En esta dirección, asentamos que un análisis de las necesidades y aspiraciones de los jóvenes en la formación profesional, y el balance de los egresados de las universidades, se debe realizar sobre la base de estudiar y resumir los materiales de las autoridades educativas, de las entidades universitarias, asociaciones laborales e industriales, empresarios, emprendedores, generadores de empleos, a los fines de determinar cuáles servicios se están requiriendo, dándole soporte a esto a través de encuestas periódicas, donde se determinen cuáles son los intereses respecto al panorama laboral conforme a los cambios y el constante avance tecnológico que hoy día se vive alrededor del mundo. Al mismo tiempo, se debe prestar especial atención al estudio de la estructura de las necesidades educativas que tenemos como país, centrándonos en los tipos de instituciones educativas con las que contamos, los niveles de educación profesional que ya poseemos y los ámbitos del mercado laboral que más demanda pueden llegar a tener, a fin de poder crear una visión que tenga cómo resultado políticas públicas que se ocupen de satisfacer la esfera del trabajo a corto, mediano y largo plazo.
En este sentido, se pueden organizar talleres y congresos entre jóvenes estudiantes y empresarios, desde cuyos escenarios se mostrará que junto con las tendencias positivas de autodeterminación profesional de la juventud, también surgen negativas, conectadas con la contradicción existente entre las intenciones vocacionales y educativas de la juventud, y la situación real en el mercado laboral, es decir en el empleo nacional. Por esta razón, es que todos somos testigos de que en las universidades de nuestro país, se gradúan cientos y miles de jóvenes, de los cuales la gran mayoría tarda años para insertarse en el mercado laboral, y cuando lo logran, es desempeñando una labor para la cual no se prepararon profesionalmente. Ante esto, se hace necesario crear políticas públicas que eviten esta situación, con el objetivo de incentivar el estudio de profesiones que nuestra sociedad verdaderamente necesite. Sin embargo, esto es más profundo de lo que a simple vista podemos comprobar, ya que para ello se requieren esfuerzos concentrados por parte de las autoridades y actores políticos, sobre la creación de una visión de hacia dónde queremos dirigirnos como nación, puesto que sólo así sabremos proporcionar propuestas sólidas de inserción a una juventud que amerita oportunidades.
En esta dirección, deducimos que entre los principales factores que nos revelan que la República Dominicana tiene que llevar a cabo este análisis, para determinar nuevas políticas públicas, se encuentran: la necesidad de un incremento de la producción nacional, la necesidad de crear industrias de alta tecnología y conocimiento, la necesidad de desarrollar otros campos económicos, la necesidad de ampliar la oferta en la educación técnica y superior en este sentido, la aparición de nuevos estándares de vida y motivos para elegir el ámbito de trabajo. Además de todo esto, se deben conjugar cada uno de estos aspectos con la naturaleza y chispa “emprendedora” de la juventud, ya que el nivel de creatividad que poseen los jóvenes de hoy día puede servir de marco referencial para romper cualquier esquema de política pública preestablecida, que limite a los jóvenes en su proceso de salir adelante. Hay que crear las condiciones para que la juventud tenga la oportunidad tanto de emprender cómo de trabajar, pero es una obligación del Estado repensar, analizar, estudiar y decidir, a favor de la innovación, sobre nuestras debilidades y fortalezas económicas, para esclarecer cuáles son las áreas que más emprendimiento y participación profesional necesitan. En estas condiciones, entendemos que la elección vocacional de los jóvenes, a menudo está determinada por percepciones espontáneas del prestigio y la relevancia de ciertas profesiones y especialidades, y no siempre se corresponde con los intereses de la sociedad, los empleadores y en definitiva del mismo individuo. No obstante, muchos jóvenes se sienten atados por la oferta profesional y técnica que presenta la actual estructura de servicios educativos, y terminan seleccionando aquello que se asemeja a lo que ellos desean dedicarse sin tener idea de si eso les resultará.
El desequilibrio existente entre la estructura de la formación y la demanda de graduados requiere la creación en cada país de un sistema de información capaz de responder rápida y adecuadamente al estado y las características predictivas del mercado laboral, ayudando a los jóvenes a elegir profesiones y especialidades adecuadas. En este tenor, sabemos que resolver el problema de los servicios educativos en el ámbito del trabajo y su interacción con el mercado, resulta ser imposible sin tener en cuenta los intereses de los consumidores directos de estos servicios, quienes tienen sus propias metas, objetivos y motivaciones respecto al desarrollo de su profesión y la elección del ámbito de su empleo. No obstante, las instituciones educativas de todos los niveles de educación vocacional se concentraron durante décadas en el desarrollo económico extensivo, la planificación sectorial centralizada y la reproducción del trabajo, sin tomar en cuenta que las sociedades se transforman y que las economías cambian, y más en este siglo XXI, donde la virtualidad y la tecnología abren un nuevo mundo de posibilidades económicas. Ahora bien, las instituciones educativas deben pasar del principio sectorial de capacitación de especialistas, al del plan de desarrollo territorial, teniendo en cuenta las necesidades de la economía de sus países y por ende de sus regiones.
En definitiva, podemos afirmar que uno de los retos para lograr esto está en que nuestras autoridades se esfuercen en generar los pronósticos de desarrollo socioeconómicos a corto, mediano y largo plazo, a los fines de obligar al sistema a centrarse en las necesidades de los jóvenes, respecto de las ofertas en los servicios educativos, teniendo en cuenta las necesidades de la economía de nuestra nación. Los mecanismos de trabajo, sobre la organización y la implementación de la educación profesional para jóvenes, podrían funcionar con éxito solo si existe una interacción estrecha entre los organismos del servicio de empleo, las autoridades educativas, sus instituciones, las empresas y otros interlocutores. En síntesis, el Estado y los interlocutores sociales deben crear las condiciones externas necesarias para el funcionamiento y el desarrollo de todos los niveles de educación profesional. Tal es el caso, que de acuerdo con las Leyes Nos. 66-97 y 139-01, de Educación General y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, respectivamente, «el Estado promueve la igualdad educativa de todos y todas, el acceso a la educación y la formación, la adopción de medidas para el desarrollo óptimo de todos los niveles de la educación profesional, además de que proporciona con igualdad de oportunidades las operaciones prioritarias de aprendizaje y profesiones, que son de interés estratégico para el país”. Sin embargo, vemos cómo la oferta educativa actual no se corresponde con el marco de la nueva economía regional, para lo cual debemos impulsar una exhaustiva reestructuración que incentive la creación de nuevos medios de producción, con el objetivo estratégico de crear condiciones favorables para la vida de la población, aumentar la eficiencia de lo que ya estamos haciendo, y utilizar el potencial de los jóvenes profesionales, para lograr el bienestar general, como fin esencial del Estado.
En conclusión, la ausencia de un sistema estatal de orientación profesional para jóvenes, la reducción de requisitos para que los solicitantes ingresen a la matrícula, la apertura de especialidades sin tener en cuenta las necesidades de la economía nacional, perturba el equilibrio entre la oferta y la demanda laboral, además de que eleva las disparidades entre el mercado laboral y el mercado de servicios educativos.
En consecuencia, el Estado debe prever las tendencias de desarrollo económico y esforzarse en ajustar el sistema superior educativo, los volúmenes y los perfiles de la formación en instituciones de educación profesional, en virtud de las necesidades de la economía y las características previstas dentro del mercado laboral, lo que reducirá el riesgo de desempleo entre los jóvenes profesionales. Tras esto, me permito cerrar citando a Stephen Covey, quien nos dice que “la nueva economía está basada principalmente en el trabajo del conocimiento, lo que significa que la riqueza ha emigrado a la gente, al capital tanto intelectual como social, por lo que nuestra mayor inversión debe recaer en los trabajadores del conocimiento”. Así pues, repito que es el Estado, con el soporte de los interlocutores sociales, el llamado a preocuparse por adaptar el sistema educativo a los nuevos tiempos, con la finalidad de servir a los jóvenes de un modo que les ayude a crearse oportunidades de crecimiento, a través del conocimiento.