EL NUEVO DIARIOS, ESPAÑA.- Un juez español propuso hoy juzgar al fundador de la empresa de redes wifi Gowex, Jenaro García, por presunta estafa y falsedad contable, así como por sendos delitos relativos al mercado y los consumidores y de uso de información relevante.
En un auto conocido hoy, el magistrado Santiago Pedraz plantea también el procesamiento de la esposa de García y consejera de Gowex, Florencia Maté, que firmó las cuentas de la compañía los ejercicios 2009-2012, y al secretario del consejo de administración, Francisco Manuel Martínez, entre otros.
Durante la investigación judicial del caso, iniciada en 2014, el fundador y expresidente de la compañía, que proveía servicios a Madrid y tras 64 ciudades, entre ellas Nueva York, París, Dublín y Dubai, reconoció haber falseado las cuentas de Gowex durante diez años y simulado facturaciones con empresas creadas para ello, gestionadas con testaferros desde 2004.
Según el auto judicial, apenas cinco años después de que Gowex comenzara a funcionar el proyecto «empieza a no ser rentable y necesita de financiación para mantener el crecimiento del negocio» y los empleos, por lo que saltó a bolsa en el verano de 2010.
Sin embargo, las cuentas «no respondían a la realidad» desde entonces. Esto no impidió la captación de nuevos inversores atraídos por supuestas facturaciones que, según los resultados publicados entonces, alcanzarían los 182,6 millones de euros, unos recursos propios de 94,4 millones y un nivel de caja de 54,8 millones en 2013.
Sin embargo, en 2014, el análisis de una empresa norteamericana advertía «con minucioso detalle» de la falsedad de las cuentas de Gowex, en las que «más del 90 %» de los ingresos declarados no existían y los reales eran «inferiores a los diez millones de euros anuales».
Este 10 % restante correspondería a ingresos procedentes de la tecnología, aseguraba el informe, que reducía a 5.530 la red de puntos de enlace «wifi», frente a los 100.000 declarados por el fundador de la empresa.
La Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y las acusaciones particulares y populares tiene un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
