Según informó en un comunicado el Departamento de Justicia, su máximo responsable llamó a las oficinas de la Fiscalía en los estados limítrofes a implementar esta nueva línea de actuación, para impedir los intentos de acceso al territorio desde el país vecino.
En esta línea, el departamento señaló que la política va dirigida a las oficinas de la Fiscalía de los distritos sur de California, Arizona, Nuevo México, el oeste de Texas y el sur de Texas.
Según informó en el comunicado, con base en datos del Departamento de Seguridad Nacional, entre marzo de 2017 y marzo de 2018 el número de migrantes que cruzaron la frontera sur de forma no reglamentaria aumentó en un 203 %, mientras que entre febrero y marzo de este año el crecimiento fue del 37 %, el mayor de mes a mes desde 2011.
«La situación en la frontera suroeste es inaceptable», subrayó Sessions, quien culpó al Congreso de EE.UU. de haber «fallado en aprobar una legislación efectiva que ayude al interés nacional que cierre las vías peligrosas y financie por completo un muro por toda la frontera sur».
«Como resultado», prosiguió Sessions, «una crisis ha estallado en nuestra frontera suroeste, que necesita un mayor esfuerzo para perseguir a quienes eligen cruzar ilegalmente la frontera».
En esta línea, urgió a los investigadores de su departamento a «promover y hacer cumplir la ley», lo que -consideró- «es vital para proteger nuestra nación, sus fronteras y sus ciudadanos».
El anuncio de Sessions se produjo poco después de que la Casa Blanca abriera la puerta a enviar a más de 4.000 militares a la frontera con México, aunque definió como «un buen primer paso» el rango de entre 2.000 y 4.000 miembros de la Guardia Nacional que el presidente, Donald Trump, quiere tener en la zona.
La Presidencia todavía está negociando con los gobernadores de los estados fronterizos para concretar los términos del despliegue de la Guardia Nacional, después de que el mandatario anunciara el movimiento.
Por EFE
