EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), junto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) realizaron la cuarta entrega del foro permanente para el monitoreo y seguimiento del caso Odebrecht, analizando los tipos penales y las pretensiones probatorias en la audiencia preliminar.
En el acto participaron los juristas, Jottin Cury exjuez del Tribunal Constitucional; Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia y el catedrático universitario Pedro Justo Duarte Canaán.
En el acto realizado en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), participaron los juristas, Jottin Cury exjuez del Tribunal Constitucional; Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia y el catedrático universitario Pedro Justo Duarte Canaán; además de profesores y estudiantes de derecho y miembros de la comunidad jurídica del país.
Las palabras centrales de la actividad estuvieron a cargo del señor decano de jurídicas de la UASD, maestro Radhamés Bautista López, quien contextualizó la trascendencia internacional del caso Odebrecht, así como la necesidad de ampliar y profundizar las investigaciones del sonado caso de corrupción e incorporando indefectiblemente nuevos enjuiciados.
Los expositores coincidieron en que el juicio que se le sigue a los encartados en el expediente por sobornos que dio la empresa Odebrecht, para obtener obras del Estado, pondrá a prueba la institucionalidad del país, por tratarse de la clase política en su más alto nivel.
Plantean escollos probatorios y dificultades procesales en el juicio de la Odebrecht.
Jottin Cury, al exponer hizo votos porque el caso sea llevado hasta las últimas consecuencias, pero siempre apegado a los principios y parámetros constitucionales que orientan el debido proceso de ley, advirtiendo y destacando las dificultades existentes con la prescripción de 10 años para mucho de los delitos investigados, por tratarse en muchos casos de imputaciones que sobrepasan los 10 años.
Asimismo, Cury significó para el tipo penal de lavado de activos, contemplado inicialmente en la ley 17-95, estrictamente para aquellas infracciones de narcotráfico, posteriormente en la ley 72-02, también y fundamentalmente para el tema de las drogas, además de otras infracciones graves, todas listadas en la referida ley, destacándose la concusión y el soborno como delitos precedentes para el lavado de activos, pero a condición de que los mismos estén vinculados al narcotráfico.
Cury afirmó que la Procuraduría General ha hecho un trabajo aceptable, pero ve también como escollo la poca independencia de la justicia, por lo que llamó a que en esta coyuntura en la que serán electos nuevos jueces la ciudadanía presione para que estén lo más desvinculado de la política posible.
De igual forma Duarte Canaán tras explicar en termino técnicos el derrotero y eventual rumbo que en las diferentes etapas podría transitar el expediente Odebrecht, destacó la necesidad de refrendar las delaciones premiadas, como garantía del debido proceso de ley, la dificulta de deslindar la prescripción y las leyes y disposiciones aplicables, específicamente para los tipos penales de soborno y muy precariamente para el lavado de activos, contemplado apenas recientemente con un espectro amplio en la ley 155-17 sobre la materia, no así en el tránsito y ocurrencia de las infracciones alegadas.
De acuerdo con Canaán constituye un imperativo para la historia judicial del país, el observar con el mayor rigor posible y alejado del populismo penal, las garantías constitucionales que instituye la constitución en su artículo 69, así como el principio de legalidad e irretroactividad de las leyes, además de otros principios constitucionales como el de favorabilidad, entre otros.
