EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para Pedro Martín Molina, reputado jurista y académico español, es necesario elaborar un marco jurídico que regule en su país la figura del administrador judicial, el cual se encarga de custodiar y gestionar bienes retenidos y en disputa con la ley.
Según él, la figura del administrador judicial «necesita dar un paso más, y es reglarla». La razón es nítida: en España «no existe ningún reglamento que determine cómo debe actuar, formarse e intervenir, de una forma eficiente y eficaz, en el proceso judicial. Simplemente se nombra».
Así habló en conversación con Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario, y con el periodista Ling Almánzar.
La idea se la dejó el extinto fiscal español don José Manuel Maza Martín a Martín Molina, quien también se basó en un vacío jurídico existente en su país, donde no hay estatuto jurídico que establezca las funciones y los alcances de la administración judicial.
Él estima que los administradores judiciales deben estar en capacidad de descubrir y mostrar los métodos que usan los encartados para blanquear dinero: maquillaje de cuentas, creación de sociedades fantasma, manipulaciones y anomalías de contabilidad.
Este profesor del Gran Consejo del Poder Judicial de España apunta que ese vacío está en proceso de ser llenado: se está elaborando un esbozo para el proceder de los administradores judiciales, el cual sería culminado en septiembre u octubre de este año. Un grupo de magistrados está trabajando en esa tarea.
Rol de la administración judicial
En España, actualmente, un juez designa a un administrador judicial para gestionar bienes en conflicto con la ley. El magistrado puede hacer el nombramiento en cualquier momento.
Martín Molina ha desempeñado ese rol. Por ejemplo, fue designado como administrador judicial en el caso de una herencia dejada por unos esposos que fallecieron. Los bienes le tocaron a ocho hijos que tuvo el padre con igual número de mujeres.
Tremendo embrollo: ¿Cómo repartir los bienes entre los herederos? Martín Molina intervino custodiando y administrando los bienes: locales, empresas, cine. Su rol fue mantener vivo ese patrimonio: le dio valor a esas propiedades, puesto que los hijos no se habrían puesto de acuerdo.
Así valorada, organizada e inventariada la herencia, fue nombrado un contador partidor que se encargó de hacer lotes para liquidar esos bienes a precio de mercado, en pública subasta. El dinero fue depositado en una cuenta bancaria.
El entrevistado, auditor de cuentas y perito judicial, subraya que al Estado español llegan cada vez más incautaciones de empresas y de activos; por tanto, hay que saber cómo intervenir para descubrir las tretas de los encartados.
Otra experiencia
Sucedió en España. El propietario de muchas clínicas de odontología estuvo metido en un escándalo judicial. Lo acusaron y fue procesado. Llegaron múltiples reclamos de pacientes. Miles de empleos estaban en juego.
El hijo heredó todo ese patrimonio problemático. Intervino un administrador judicial, y resultó que los bienes fueron vendidos por lotes: distintos propietarios los adquirieron paquetizados, y las clínicas siguen funcionando, aunque con otros dueños.
Martín Molina indica que en el mundo mercantil el proceso de liquidación está reglamentado y se hace por venta directa o por subastas públicas. Eso está establecido por ley; el administrador concursal sabe cómo actuar. Sin embargo, el administrador judicial no sabe cómo proceder, ni siquiera cuánto cobrar por su trabajo de conservación de bienes problemáticos.
Para liquidar cada bien hay que tener la autorización de un juez. Se trata de agilizar ese proceso.
Un poco más del invitado
El experto español dirige una cátedra en la Universidad Rey Juan Carlos. Cree en el legado de Alberto Nisman. Le fascina investigar, llegar hasta el fondo de los casos judiciales. Ha sido reconocido por diversas academias. Posee prestancia académica.
Por el momento solo quiere que los administradores judiciales sean debidamente reglamentados. Luego, esa experiencia española podría ser exportable.-
