EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, entidad estadounidense de control al Ejecutivo de la isla, certificó hoy los planes fiscales para la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y el Banco Gubernamental de Fomento.
La entidad de control informó a través de un comunicado que los planes certificados son el resultado de un esfuerzo de colaboración entre la Junta de Supervisión y el Gobierno de Puerto Rico.
La junta pospuso la certificación del plan de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) hasta que pueda completar un análisis más exhaustivo de las proyecciones de ese organismo.
Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.
De ahí surgió la ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda.
La junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue establecida, precisamente, por EE.UU. para atender la grave crisis financiera de la isla.
Los planes fiscales certificados hoy «ofrecen a Puerto Rico la oportunidad de construir instituciones más eficientes y menos burocráticas», dijo José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión.
El comunicado destaca que el plan de la Universidad de Puerto Rico incluye medidas específicas de ingresos y gastos para apoyar la consecución de sus objetivos institucionales.
Entre estas medidas incluye la eliminación de programas de bajo rendimiento y la reducción en sus gastos operacionales en más de un 10 % con el objetivo de lograr ahorros a cinco años de 541 millones de dólares para el 2023.
La junta puntualizó que los incrementos en matrícula son necesarios para continuar brindando la educación de calidad que distingue a la institución, añadiendo que el estudiante promedio a nivel de bachillerato paga menos de una quinta parte de lo que pagaría si asistiera a una universidad pública de 4 años en Estados Unidos.
El comunicado recuerda que la junta y la universidad están alineados en cuanto a aumentar el costo por crédito a 115 dólares en el año fiscal 2019.
La junta dijo que las reducciones presupuestarias a la rama Judicial, la Asamblea Legislativa, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la propia entidad supervisora permitirán financiar un fondo independiente que proveerá becas basadas en la necesidad de los estudiantes y totalizará 315 millones de dólares para el 2023.
En cuanto al plan de la autoridad de carreteras, la nota señala que transforma a esa corporación y la infraestructura de la isla de manera que sirvan de catalizadores de crecimiento económico.
El plan mantiene el sistema vial en buen estado, cumple con requisitos de financiación federales, mejora el proceso de compras, contribuye a la reducción de tránsito y ofrece más beneficios a los usuarios proveyendo movilidad confiable y conexión segura, según el comunicado.
Mientras el nuevo plan fiscal del banco de fomento traza el camino para el cierre escalonado de las operaciones de la entidad financiera pública.
Busca además simplificar sus estructuras transaccionales y asegura trato igual para los acreedores. También ofrece beneficios de flujo de efectivo a los municipios y compensaciones por sus reclamaciones por depósitos.
