Junta de Supervisión y Gobierno de Puerto Rico chocan por plan fiscal aprobado

Por EFE jueves 19 de abril, 2018

EL NUEVO DIARIO, San Juan, PR.- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo de Puerto Rico, aprobó este jueves los nuevos planes fiscales del Gobierno central y dos corporaciones para los próximos 6 años que incluyen recortes en beneficios salariales y pensiones de los empleados públicos, medida que rechaza el Gobierno.

Los planes fiscales ratificados por la JSF para el Gobierno central suponen una reducción millonaria respecto a los contenidos en los presentados por el Ejecutivo, una decisión que el gobernador, Ricardo Rosselló, ha dicho que no aceptará.

“Para llevarse a cabo -algunas de las medidas propuestas por la JSF en el Plan- tienen que pasar por la Legislatura y contar con la firma del gobernador”, dijo Rosselló en conferencia de prensa.

Recordó que los planes propuestos por su Gobierno suponían los recortes más grandes en la historia de todo Estados Unidos, por lo que no tendría sentido incluir nuevas restricciones.

“No vamos a ceder en aspectos de política púbica”, indicó, tras apelar a la Junta a que reflexione sobre qué consecuencias tendría para la población implementar esas medidas.

El enfrentamiento está servido entre las dos partes, ya que, ambas, entienden que sus posturas están avaladas por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Los recortes, por ejemplo, suponen 162 millones de dólares solamente para el Departamento de Justicia para los próximos 6 años.

El presidente de la JSF, José Carrión, señaló en un comunicado que el Plan Fiscal del Gobierno cubre un periodo de 6 años fiscales y provee el marco para lograr un crecimiento duradero.

Carrión subrayó que reformas estructurales resultarán en un crecimiento anual, real y sostenible del Producto Nacional Bruto de 1,8 % para el año fiscal 2023, lo que equivaldría de 80.000 a 90.000 millones adicionales en ingresos para el Gobierno a través de 30 años.

Detalló que el Plan Fiscal del Gobierno que hoy certificó la JSF incluye medidas que generarán más de 12.000 millones de dólares adicionales en ingresos y reducción de gastos hasta el año fiscal 2023, y hasta 142.000 millones de dólares en beneficios fiscales a través de un periodo de 30 años.

Los planes que certificó la Junta contiene medidas que cuentan con el apoyo del Ejecutivo de San Juan, tales como las reformas energética, educativa y del sistema de salud, pero no en los puntos clave de la reforma laboral y las pensiones, que la Junta quiere reducir en cerca de un 10 %.

El plan ratificado por la JSF delinea que, si se implanta una reforma laboral, se puedan destinar más de 500 millones de dólares durante los próximos 3 años a salud y educación.

El plan fiscal de la JSF contempla la eliminación del bono de Navidad de todos los empleados del Gobierno, además de unificar en 100 dólares mensuales a partir del próximo mes de julio los beneficios por seguro de salud.

La Junta quiere además que a partir de julio se reduzcan de 17 a 15 los días festivos para todos los trabajadores en Gobierno.

La Junta advirtió que si el Gobierno no reduce los beneficios laborales habría que modificar el Plan fiscal para revisar la recaudación y las proyecciones de crecimiento.

La entidad de control federal estima que unificar el seguro médico supondrá un ahorro superior a los 50 millones de dólares.

El plan fiscal establece además que no se lleven a cabo más contrataciones hasta el año fiscal 2023, lo que permitiría un ahorro por encima de los 275 millones de dólares.

La JSF, a través de su Plan, establece además que los empleados público no acumulen días de vacaciones o enfermedad de un año a otro.

En cuanto a la pugna de poder entre Ejecutivo y Junta, el gobernador señaló que la sección 205 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés) establece claramente que la política pública la dicta el Gobierno.

El jefe del Ejecutivo había advertido de que no se someterían proyectos de ley que contenga reducción en días de vacaciones y enfermedad ni eliminación del Bono de Navidad.

En cuanto a las pensiones, la posición del Gobierno es de no permitir que se ataque a un sector tan vulnerable como los empleados retirados.

La Sección 205 del Título II de Promesa estipula que la Junta tiene que aprobar el Plan Fiscal y los presupuestos.

Junta podría negarse a aprobar un Plan Fiscal que no adopte sus recomendaciones bajo esta sección.

Rosselló ya ha dicho que está dispuesto a llegar hasta el final con su postura y hoy dejó entrever que esos quiere decir llegar a los tribunales.

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