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El jugoso e injusto reparto 75-25 de la Procuraduría, a propósito de la Ley 63-17!

Por Euclides Marmolejos Báez Viernes 14 de Julio, 2017

“Un buen gobierno es aquel donde buenas leyes hacen felices a buenos ciudadanos”

José Joaquín de Olmedo

 

El pasado 24 de febrero de este año 2017 nació la Ley 63-2017, luego de varios años de trabajo y debates sobre la necesidad de aglutinar en una sola institución la regulación, control y fiscalización del tránsito y Seguridad vial de nuestro país.

Su aprobación y posterior implementación ha generado en los ciudadanos un sentimiento de esperanza y felicidad por los grandes aportes que esta pieza legislativa podría generar en caso de aplicarse efectivamente. Mucha esperanza porque el caos del transporte público y de carga podrá ser regulado bajo estándares de calidad, equidad y competitividad para beneficio de los usuarios; y felicidad porque las chatarras andantes y desaprensivos al volante serán erradicados de aplicarse esta Ley, como Dios manda.

El jugoso e injusto reparto 75-25

Es irónico y absurdo conocer que por mandato de la Ley 12-07 se establece “las multas o sanciones pecuniarias para los casos de contravenciones serán administradas por la Procuraduría General de la República” y además “..estos recursos serán destinados a un fondo especial para la aplicación y desarrollo del Nuevo Modelo Penitenciario”. Es decir, que las multas por concepto de infracciones de tránsito que deberían ir dirigidas al sector van a las cárceles del país.

Luego de grandes discusiones fue posible acordar con la Procuraduría General de la República la entrega de un 25% de las recaudaciones fruto de las infracciones de tránsito. ¿Creen ustedes que es lógico, les hace sentido alguno? Mientras los agentes de la Amet-Digesett se encuentran en las calles fiscalizando la aplicación de la ley, sin las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir su labor eficazmente; la Procuraduría se encargada de cobrar y manejar el 75% del monto recaudado para invertir en las cárceles.

Lo justo debería ser 25-75

Entre los años 2008-2014 la Procuraduría percibió por concepto de pago de multas de tránsito la suma RD$680,419,373.95 millones de pesos de este monto la Amet recibió la suma RD$58,614,679.36, es decir un 8.61% del total del ingreso por infracciones de tránsito. La procuraduría manejo a su discreción el 91.39% de los ingresos.

Esta realidad insólita ocurre en nuestro país, en momentos en que todos anhelamos regular y mejorar nuestro sistema de transporte, deberían ser 75-25 la distribución de los ingresos. Garantizar un servicio de calidad, agentes preparados, con las herramientas adecuadas y las tecnologías necesarias requiere recursos.

No es justo que el dinero que pagamos por concepto de multas se gaste en las cárceles del país; así como no es justo que los agentes se quemen las pestañas fiscalizando la aplicación de la Ley, sin las herramientas adecuadas. ¡Mientras tanto las cárceles en desorden y los agentes sin nada!

 

Por Euclides Marmolejos