EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia –SCJ-, Francisco Ortega Polanco, recesó este miércoles el conocimiento de las medidas de coerción solicitadas por la Procurador General de la República –PGR-, a los once imputados, -ex funcionarios y empresarios-, en el del caso Odebrecht, para el martes 6, a las 10:00 de la mañana.
El dictamen judicial fue motivado a los fines de que la Secretaria General de la SCJ entregue a todos los abogados de los imputados, los elementos probatorios que sustentan la solicitud de medidas de coerción, depositados por el Ministerio Público.
La recesión de la audiencia motivará que los onces ex funcionarios y empresarios vinculados al caso de soborno de la Odebrecht, permanezcan seis días más en las estrechas celdas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la zona baja de la capital.
En la audiencia de este miércoles, tras un acalorado incidente entre los abogados de la barra de la defensa de los once imputados y el magistrado Ortega Polanco, éste entendió que constituye un derecho constitucional de los imputados y sus abogados tener un resumen de los elementos probatorios referentes a las acusaciones.
Debido a ese derecho el magistrado decidió “recesar” la audiencia por segunda vez para garantizar las garantías procesales de las partes como lo establece la Carta Magna en su artículo 40.
En tal virtud, ordenó recesar la audiencia para que los imputados por sí mismos, o a través de sus abogados, retiren por ante Secretaria general todos los elementos probatorios.
Al respecto, Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, expresó que en este caso el juez Ortega Polanco, después de las oposiciones, “entendió, frente a la posibilidad de que nosotros no podíamos defendernos, recesar y se ha cuidado el juez, porque si no recesa tiene necesariamente que ordenar la libertad de los imputados y él no ha querido caer en eso. Evidentemente que se trata de una decisión correcta, porque de alguna manera libera a cada una de las partes para presentar las pruebas esenciales que en este caso, ha procurado, y al mismo tiempo nos permite tomar a nosotros, una decisión”.
“Al recesar se cumple con el plazo de las 48 horas, pero eso no quita la ilegalidad de la prisión, bajo el sofisma de que estamos recesando la audiencia y nosotros no descartamos la presentación de un habeas corpus para solicitar la libertad de Andrés Bautista. ¿Es legítimo el receso en la actualidad cuando pasaron las 48 horas?”, expresó.
Plazo 48 horas y la Constitución
De su lado, el abogado Carlos Lorenzo, de la barra de la defensa de Andrés Bautista, explicó que “las 48 horas que dice la Constitución es un plazo máximo para presentar a un detenido ante el juez, quien tiene calidad para dictar medida definitiva o transitoria, mientras el fiscal solo tiene la parte de la presentación, después que es presentado el encartado al juez de instrucción, éste puede aplazar no más de diez días, dice la ley, para conocer la medida, pero ya es una decisión del juez que es la persona con capacidad legal de acuerdo al Código Procesal Penal, para ponerlos en libertad o dictar una medida de coerción consistente en lo establecido en el artículo 226 del Código, que el que menos debe ser usado es el número siete: prisión preventiva”.
Añadió que “el juez puede decidir si pone en libertad mediante una de las condicionante citadas en el Código, o darle la libertad, o prisión preventiva, pero reitero, es el juez responsable de esos imputados hasta que dicte una medida, ya no está obligado hacerlo en 48 hora, dos días o tres, sino de acuerdo a las circunstancias e incidentes que presenten los abogados. Si los abogados no tienen los elementos para desmeritar lo que el fiscal plantea, entonces el juez podrá tomar una decisión definitiva”.
Sostuvo que el juez se resistió, pero luego razonó “y objetivamente entendió que era necesario que debíamos tener esos medios de prueba. Yo creo que fue un poco exagerado, pero eso permitirá tiempo para todas las barras de la defensa. Lo que se ha planteado es que el Ministerio Publico cumplió con el plazo de las 48 toda vez que apoderó ayer de la instancia requerida”.
Los incidentes
Varios fueron los incidentes presentados desde el inicio de la audiencia donde se esperaba conocer ayer las medidas de coerción solicitada por la PGR, de 18 meses de prisión a los once imputados.
El principal incidente fue provocado por la autoritaria decisión del juez Ortega Polanco, de ordenar al Ministerio Publico dar lectura a la acusación, sin que las defensas hicieran alegatos, lo que provocó dimes y diretes en torno al contenido de la acusación leída, ya que no tenían copias los defensores de Ángel Rondón, a quien el MP acusa de ser el principal ejecutor de soborno en el Congreso Nacional.
Dicha acusación fue objetada por sus abogados bajo el alegato de que “no tenemos esos elementos”.
Los abogados de cada uno de los imputados coincidieron en reclamar al juez Ortega Polanco las pruebas acusatorias presentadas por el Ministerio Publico para ellos motivar y sustentar sus petitorios a favor de sus defendidos.
Senado envía a comisión retiro inmunidad
El Senado envió ayer a la comisión de Justicia y Derechos Humanos, la solicitud que hiciera el PGR, de que se despoje de la inmunidad parlamentaria a los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán.
Pared Pérez leyó el acto del alguacil Rafael Alberto Pujols, quien notificó al Senado, dos resoluciones, las 32 y 33, del 26 del mes en curso, emitida por el juez Ortega Polanco, donde se solicita que acogiendo los artículos 86, 87, y 89, de la Constitución, le retiren la inmunidad parlamentaria a los senadores Tommy Galàn Galán y Julio Cesar Valentín, para que puedan ser apresados, petición que también fue hecha a la Cámara de Diputados.
