EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La audiencia preliminar sobre el caso de los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht, queda reiniciada este lunes, y corresponde a los abogados del senador Tommy Alberto Galán responder la acusación del Ministerio Público, quien le acusa de recibir supuestamente coima en el ejercicio de sus funciones, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.
14 páginas acusatorias contra el legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que el abogado Ricardo Taveras y demás defensas técnicas tratarán de desmontar para demostrar la inocencia de su cliente.
Según el Ministerio Público, el senador Galán “usó su posición de legislador para influir sobre los demás senadores en la aprobación de proyectos que supuestamente favorecían a la constructora Odebrecht; y “usaba canales directores con el imputado, empresario Ángel Rondón Rijo, para mantenerlo informado de los avances de los acontecimientos que tenían lugar en torno a las discusiones y pormenores sobre los proyectos de financiamientos que cursaban en el Congreso”, según dice la referida acusación.
A partir de este lunes, los abogados del senador por San Cristóbal, tendrán que demostrarle al Juez Francisco Ortega Polanco, que la acusación del Ministerio Público, señalando que “en el proceso de investigación hecha realizada por la parte acusadora se determinó que su participación en esos hechos punibles ocurrió mientras el imputado presidia la Comisión de Finanzas del Senado de la Republica”, es falsa.
En cuanto a la acusación que le hace el Ministerio Público a Tommy Galán sobre el alegado enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada, la PGR, lo acusa de supuestamente haber incrementado su patrimonio de manera injustificada y “tratando de ocultar sus propiedades falseando datos en sus declaraciones juradas de patrimonio”, dice la acusación.
Sin embargo, el legislador ha reiterado que es un “chivo expiatorio” en dicho caso; que aparece en el expediente acusatorio para mantenerle al proceso, una “jurisdicción privilegiada” y que sus bienes proceden de actos lícitos obtenidos junto a su familia.
