EL NUEVO DIARIO, LIMA.- El juez Aldo Figueroa, miembro de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú, anunció este martes que se inhibirá «por decoro» de participar en la resolución de una casación presentada por la líder opositora Keiko Fujimori contra la prisión preventiva que cumple desde octubre pasado.
El Poder Judicial informó en un mensaje en Twitter que Figueroa tomó esta decisión para que no se cuestione su «imparcialidad en la resolución del caso».
La medida se conoció luego de que el domingo último el programa de televisión Cuarto Poder publicó audios que mostraron la aparente cercanía del juez con «Los cuellos blancos del puerto», una red criminal al interior de la judicatura peruana que negociaba y canjeaba favores entre políticos, jueces y empresarios.
Según conversaciones que se produjeron entre enero y abril de 2018, existió una cercanía entre Figueroa y Walter Ríos, el expresidente de la Corte Superior del Callao que está en prisión por este caso, al que recomendó que una abogada sea nombrada jueza supernumeraria de su corte.
Antes de esta publicación, la Procuraduría de Lavado de Activos intentó recusar a Figueroa porque en otros audios ya se mencionó que había recibido favores de Ríos, a pesar de lo cual la Corte Suprema declaró el jueves pasado improcedente ese pedido.
El tribunal supremo argumentó que la presentación de la recusación fue extemporánea y consideró que solo el imputado y la Fiscalía pueden solicitar una medida de ese tipo contra un juez.
En enero pasado, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, también archivó una denuncia constitucional contra Figueroa.
Keiko Fujimori cumple una orden de prisión preventiva por 36 meses por la presunta comisión del delito de lavado de activos, por supuestamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas electorales.
Tras la orden de prisión preventiva, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, presentó una casación para que se resuelvan las aparentes contradicciones de los jueces supremos al dictar esta medida en casos similares, la misma que será vista este mes.
Perú fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht ha reconocido que pagó millonarios sobornos a cambios de obtener grandes contratos en obra pública, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
Por ello están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario.
También estaba investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que el mes pasado se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando la Policía llegó a su casa para detenerlo.
Por el mismo caso están en prisión preventiva Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
