EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez de la Instrucción para el caso Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, recesó hasta el lunes 18 de marzo, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar, tras rechazar un recurso de oposición planteado este jueves por la barra de la defensa del imputado Conrado Pittaluga Arzeno, quien solicitó la designación de peritos para dar mayor soporte a sus escritos de defensa probatorias.
El juez Orterga rechazó la admisión en audiencia del perito Irohime Castro Milanés y el intérprete Manuel de Jesús Pérez Hernández, así como el experto Diomedes Félix González, por considerar que esta posibilidad está supeditada a la pertinencia, amparado en el Código Procesal Penal.
En su decisión el magistrado Ortega recordó al imputado Pittaluga Arzeno que en otras ocasiones le rechazó tal petición, de todo lo cual se infiere la extemporaneidad de dicha solicitud.
El magistrado en su decisión explica que rechazó dicha solicitud, por considerarlo extemporáneo, y que aceptar un perito seria violatorio a la sentencia 397-2015 de la Suprema Corte de Justicia.
La barra de la defensa de Pittaluga Arzeno dijo que son respetuosos de la decisión del juez, al tiempo de lamentar que no se les permitiera que peritos verifiquen una serie de situaciones para que el tribunal se edifique.
Edward Valera, de la barra defensa de Pittaluga, dijo que “es lamentable que se nos niegue el derecho tutelar a demostrar, garantizar que unos peritos bajo regla, de calidad y legalidad verifiquen una serie de situaciones que se escapan del ciudadano común, y es necesario que el tribunal se edifique”.
El Ministerio Público, representado por el doctor Wilson Camacho, asegura que los abogados de Pittaluga Arzeno “no hicieron el petitorio correctamente, el tribunal lo rechazó, debe quedar claro. El Ministerio Público no ha tenido miedo a ninguno de los casos presentados por la defensa, hemos dicho al tribunal que sean incorporados al juicio”.
Agregó que la razón por la que el tribunal le ha rechazado su petición de peritos es porque solicitaron de forma contraria a la ley, “incluso se ha pedido que sean incorporados como peritos personas que no tienen esa categoría y personas que simplemente vendrían a explicarle al tribunal cómo se hacen las cosas, y eso simplemente es improcedente”.
El abogado Santiago Rodríguez explicó que el problema es que el Ministerio Público se ha negado a los peritos y nosotros entendemos que el peritaje era una medida salvadora en términos de objetividad, es una persona designada por el tribunal, controlada por el juez, y con la que las partes estarían conteste con el informe que ellos podrían rendir de modo que no es un problema de calidad.
“Es un problema que ellos se opusieron a esa medida por su posición comida toda vez, que ellos produjeron una serie de informes por supuestos expertos sin cumplir con las reglas del peritaje, la regla del peritaje contemplan la contradicción, es decir, de esos informes nunca supimos y luego nos enteramos que esos informes los hizo una persona que tiene su domicilio en la Procuraduría General de la Republica”, dijo.
Indicó que actuó conforme al derecho, “estoy sólido, atropellando en ese sentido, no hay ninguna igualdad en el debate, porque el juez se tomó todo su tiempo, y yo entendía que podía expresarme, el magistrado apelo que me defienda basado en el Código Procesal Penal, articulo 134. He reflexionado, no ofendí, solo plantee un recurso de oposición”.
Designar los peritos de esta manera –y en esta etapa del proceso- es la única forma de garantizar el debido proceso de ley y el derecho de defensa de todas las partes, como lo ha reconocido expresamente la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, 21 de octubre de 2015, sentencia 397, estableciendo que no es posible omitir la contradicción en la designación de los peritos, ni tampoco en ocasión de las diligencias periciales, a fin de garantizar la efectividad de las prerrogativas que asisten a las partes.
La audiencia de este jueves se caracterizó por los “encontronazos humanos” y no jurídicos del juez Francisco Ortega y el abogado Manuel Rodríguez, a tal punto que el exigido “control emocional” del doctor Wilson Camacho se escapó por un momento del tribunal.
