Juez dispone salida de prisión de Rondón y Díaz Rúa; les impone garantía económica

Por Liliam Mateo viernes 8 de septiembre, 2017

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Juez de la Instrucción Especial para el caso de soborno de la empresa constructora Odebrecht, ordenó la variación de la medida de coerción a los encartados Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, consistente en una garantía económica de 70 y 50 millones de pesos, respectivamente; presentación periódica e impedimento de salida a los únicos privados de libertad de los 14 encartados en el expediente acusatorio de soborno presentado por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.

El juez Francisco Ortega Polanco ordenó declarar buena y válida las solicitudes  de medida de coerción formuladas por ambos imputados.

El magistrado sostuvo que en cuanto al fondo, varía las medidas de coerción existentes, e impone las medidas establecidas en el artículo 226, numerales 1,2, y 4, del Código Procesal Penal en:

Ortega Polanco varió la medida de coerción de un año de prisión preventiva que le había impuesto a Rondón Rijo, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, por una garantía económica de RD$70 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Igualmente, varió la medida de coerción de nueve meses de prisión preventiva que le había impuesto a Díaz Rúa, de igual manera en el CCR de Najayo, por una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.

 

Que dijeron al Juez Rondón y Díaz Rúa

El empresario Ángel Rondón reiteró ante el Juez Ortega Polanco que se ha ganado por sus servicios prestado con la Odebrecht 83 millones de pesos, producto de 16 obras realizadas por la empresa en el país que suman 6 mil 400 millones de dólares y que “nunca he recibido, ni he sido testigo siquiera que funcionarios de Odebrecht hayan dado dádivas o soborno a ningún funcionario ni legisladores”.

“Yo le ratifico que todavía, al terminado Punta Catalina la Odebrecht me deberá alrededor de 20 a 22 millones de dólares, esa es la verdad y que estoy dispuesto a presentarme ante los tribunales judiciales cuantas veces me requieran”.

De su lado, el exministro de Obras Públicas dijo  que “prometo participar fielmente en este proceso y que no tengo absolutamente ningún interés de sustraerme del mismo; estaré disponible todo el tiempo, incluso tenía un viaje y lo suspendí para estar presente en el proceso”.

“Segundo quiero hablar de algo que nunca se menciona en la declaración del testigo Marcos Vasconcelos Cruz en la página 9, dice “las obras fueron hechas del año 208 al 2012 y yo fui ministro del 2007 al 2008 y dice Marcos Cruz “tengo conocimiento de la relación de amistad que existe entre Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa, quien era ministro de Obras Públicas más no tengo conocimiento de que haya que darle nada para que resultara gananciosos en esos proyectos”, dijo.

Díaz Rúa indicó que “este señor Marcos Cruz me exculpa a mí, eso yo quería decir. Reitero tener mucho interés en estar en el proceso”.

Garantes de Rondón: José González Pérez, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y Manuel de Jesús Paniagua, empresario de vehículos.

Garantes de Díaz Rúa: los periodistas Namphi Rodríguez y Tamara Sánchez; Franklin Almeyda Rancier, Manuel de Jesús Pichardo, Domingo Abréu Jiménez y Franklin Alberto Rodríguez Garabito.

Ministerio Público

En su contraréplica a los argumentos y arraigos presentados por los abogados del empresario Rondón y Díaz Rúa, Ángel Darío Tejera, del Ministerio Público, dijo que en un proceso  presentar pruebas no es hacer sugerencias.

Agregó que tener presupuesto significa mostrarle al juez que sus arraigos son suficientes para provocar variación de la medida.

“La actitud de principalía de ambos  no ha variado. La ley manda a los jueces a valorar pruebas de ambas partes. Esos son argumentos tontos”, precisó.

“Entendemos que en ambos casos no hay nuevos elementos que hagan variar esa decisión de la corte, porque se trata de un hecho de calificación grave que pide 20 años, por lo que está presente en el peligro de fuga”, subrayó.

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