Juez del Tribunal Constitucional llama a defender la soberanía dominicana

Por Ramon Ramos viernes 2 de marzo, 2018

EL NUEVO DIARIO, MONTECRISTI.- El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Víctor Joaquín Castellanos Pizano, externó en esta provincia que la soberanía dominicana reviste hoy una particular importancia, por la atención que ha suscitado la protección del país y su carácter soberano frente al actual auge de la migración ilegal extranjera en el territorio.

Estas declaraciones formaron parte de la conferencia titulada “La soberanía dominicana”, dictada en el marco de la presentación de los jueces del TC en esta comunidad fronteriza, y que estuvo encabezado por el presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara, acompañado por los jueces Hermógenes Acosta de los Santos, Jottin Cury David, Katia Miguelina Jiménez y Justo Pedro Castellanos Khoury.

 

Castellanos Pizano opinó que la migración haitiana descontrolada ha colocado en peligro la integridad de la soberanía dominicana y, por tanto, representa una seria amenaza respecto al control de los dominicanos sobre el destino de su propio país.

“Se trata de un peligro superior al de las drogas, superior al de la delincuencia, superior a las deficiencias en el ámbito de la salud y de la educación, así como más grave que todos los demás problemas que nos afectan”, consideró el juez constitucional.

Resaltó que el principal problema que enfrenta hoy la República Dominicana es el descontrol de nuestras autoridades sobre la migración ilegal, pues las leyes migratorias no se aplican con el rigor necesario, lo que pone en juego el desarrollo social y económico del país, la preservación de la nacionalidad y la identidad dominicana, así como la existencia como nación soberana.

“Mucha sangre ha sido vertida, y muchos miles de dominicanos han ofrendado sus vidas para preservar nuestra soberanía luego de casi dos siglos de la declaratoria de nuestra Independencia el 27 de febrero de 1844. Felizmente, podemos exclamar, con gran regocijo, que la República Dominicana sigue formando parte de los 194 países independientes y soberanos actualmente existentes en el mundo. Sin embargo, lamentablemente, la satisfacción que nos embarga por esta feliz circunstancia se encuentra empañada por una grave amenaza que actualmente se cierne sobre nuestra soberanía”, sustentó.

El magistrado Castellanos Pizano dijo que en el presente Haití pretende, nuevamente, ocupar el país, no mediante las armas, ni militarmente, como lo hizo de 1822 a 1844, así como en otras 16 ocasiones, sino que “se trata de una invasión pacífica, gradual, pero indetenible, de centenares de miles de haitianos indocumentados, cuya totalidad asciende, según los expertos, a más de millón y medio de personas”.

Refirió que en los medios informativos se denuncia la existencia de una frontera abierta entre la República Dominicana y Haití y que desde la emisión de la Sentencia núm. 168-13, el Gobierno enfrenta la embestida de los organismos y entidades internacionales prohaitianos que pretenden anular la soberanía de la República Dominicana, alegando el supuesto despojo masivo de la nacionalidad dominicana.

Opinó que la presión internacional ha logrado cohesionar una estrategia multifacética contra la soberanía de la República Dominicana en detrimento de sus máximas autoridades, pero el Gobierno dominicano, con estricto apego a la institucionalidad y en pleno ejercicio de su soberanía, rechazó los propósitos dela Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de su parte el TC dictaminó, mediante el fallo TC/0256-14, rendido el 4 de noviembre de 2014, que el aludido organismo carecía de jurisdicción sobre la República Dominicana.

Resaltó que la invasión pacífica de haitianos está presente el ámbito laboral y trasciende al sector de la salud, refiriéndose a la asistencia médica prestada a las parturientas haitianas en los hospitales dominicanos.

Destacó que para los montecristeños esta situación es tan grave que ha sido denunciada tanto por el sacerdote Diómedes Espinal como por los diputados por Montecristi y Dajabón, Samuel Toribio y Darío Zapata, quienes imputaron a las autoridades nacionales del descontrol migratorio de ilegales haitianos, en el Congreso Nacional.

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