EL NUEVO DIARIO, Santo Domingo, (EFE).- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se retiraron hoy a deliberar antes de emitir su decisión en torno al recurso de apelación que incoaron los inculpados por el pago de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró realizó en el país entre 2001 y 2014.
La magistrada Miriam Germán Brito, presidenta del tribunal, anunció la medida tras escuchar todas las acusaciones del Ministerio Público y las réplicas de las defensas.
La audiencia inició a las 10 de la mañana de este sábado y los jueces se retiraron a deliberar un poco antes de las 6:30 de la tarde.
Los fiscales solicitaron a la Segunda Sala mantener las mismas medidas de coerción que impuso a los imputados el juez de la Suprema Corte, Francisco Ortega, en junio pasado.
Mientras, los abogados defensores reiteraron que sus defendidos eran inocentes de los cargos de asociación de malhechores y de formar parte de una estructura dedicada al soborno y al lavado de activos.
Los acusados también tuvieron oportunidad de reclamar su libertad y de acusar al Ministerio Público de no tener prueba alguna de su supuesta culpabilidad.
El empresario Ángel Rondón llamó «mentirosos» y «falaces» a los fiscales, justo cuando afirmaban que entre él y el exdiputado Ruddy González, otro de los acusados, había tanto relación en el caso, que se reunían 28 de los 30 días del mes.
Rondón, no obstante, se excusó con los cinco magistrados por sus imputaciones contra los fiscales.
Asimismo, en uno de los recesos de la audiencia el imputado César Sánchez fue revisado por una médico que da seguimiento a su condición de salud.
En torno a esto, el Ministerio Público rechazó que el tribunal varía la medida de coerción de prisión preventiva que se ejecuta sobre él, bajo el alegato de que no sufre de una enfermedad terminal.
Los otros imputados son los exministros de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y de Industria y Comercio Temístocles Montás; el exvicepresidente de la CDEEE Radhamés Segura; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista; el expresidente de la Cámara de Diputados y actual legislador Alfredo Pacheco, y el administrador de la Empresa Generadora de Energía Hidroeléctrica, Máximo De Óleo.
Asimismo, el abogado Conrado Pittaluga y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables Radhamés Rodríguez, quien cumple prisión domiciliaria y no apeló esa medida.
Los otros dos imputados que no apelaron son los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, representantes de Santiago y San Cristóbal, respectivamente, sobre quien el juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega, dictó el pago de una multa e impedimento de salida del país. El diputado Pacheco también fue dictaminado con esas medidas.
Un inculpado que no está siendo juzgado es Bernardo Castellanos, quien supuestamente se encuentra en Guatemala y sobre el que pesa una orden de arresto de la Interpol.EFE
