EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Fueron sometidos ante el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por gozar de jurisdicción privilegiada, los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís, imputados de incurrir en irregularidades al emitir una decisión.
Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Inoa Peña, Miguelina Vargas Santos y Gregorio Cordero Morales están acusados de dictar una ordenanza designando un secuestrario judicial de un inmueble en base a fotocopias de contratos viciadas de falsedad.
El querellamiento incluye los tipos penales de prevaricación, falsedad en documento público y privado, uso de documentos falsos, soborno, asociación de malhechores, abuso de autoridad y en el ejercicio de autoridad pública y legal, robo agravado, complicidad entre otras violaciones.
También fueron sometidos los procuradores fiscales de Nagua, Braulio Duarte y Juan Antonio Mateo Cipriàn, así como los notarios Onésimo García Rosario y Pedro Julio Marmolejos Reynoso, entre otros.
La querella fue presentada a través de su abogado, George Andrés López Hilario, por el inversionista extranjero Julián Rodríguez, y su esposa china, Huang Kitty Qua, Julio César Núñez Alvarado y la Compañía Continental de Progreso Turístico, SRL, contra los señores Marino Rosario Gullón, Basilio Camacho Polanco, y compartes, a quienes acusan de violar los artículos 405, 265, 266,267, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 59, 60, 61, 62, 379, 381, 390, 391, 392, 393, 399, entre otros del Código Penal Dominicano.
La querella fue recibida el pasado lunes 17, y a su vez, solicitan de manera independiente al Consejo del Poder Judicial que investigue los hechos a cargo de los referidos jueces, así como también al Consejo Superior del Ministerio Público, respeto de los fiscales citados.
Los querellantes plantean en sus argumentos legales que los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís, a pesar de estar suspendida la ordenanza 2018-0245 de fecha 21 de noviembre del 2018, tras ser recurrida en casación por los querellantes, procedieron a juramentar a Basilio Camacho Polanco, como secuestrario judicial de la Parcela 26, Distrito Catastral 4 de Nagua, no obstante, haberse notificado a dichos jueces que se abstuvieran de juramentar al referido secuestrario, ante la existencia del recurso de casación presentado ante la Suprema Corte de Justicia, que impide la ejecución de la ordenanza recurrida, que se encuentra suspendida en sus efectos.
PIDE AL PROCURADOR PRESERVAR INVERSION EXTRAJERA
Con relación al caso, el abogado George Andrés López Hilario, demandó del Procurador General de la República actuar, a fin de preservar la inversión extranjera existente en el país, para evitar que dicha mala práctica en vez de atraer nuevos inversionistas los aleje.
Manifestó que en estos tiempos de apertura comercial la República Dominicana debe consolidar el estado social y democrático de Derecho, para de esa manera seguir inspirando confianza a la inversión extranjera, y local.
Dijo que el magistrado procurador ha sido coherente a la hora de enfrentar las estructuras de poder organizada, fuera y dentro del poder judicial.
Señaló que basta de contemplar la corrupción, pues llegó el momento de que hagamos todo lo necesario para frenar dicha mala práctica, como mecanismo de garantía del orden constitucional.
