EL NUEVO DIARIO, EDIMBURGO, REINO UNIDO.- El Gobierno británico sufrió este miércoles un duro revés, después de que la Justicia escocesa declarase «ilegal» la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de suspender el Parlamento en el periodo previo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 31 de octubre.
El Tribunal de Apelación de Escocia consideró que la acción del Ejecutivo conservador, que aconsejó a la reina Isabel II refrendar la decisión de clausurar las cámaras desde ayer y hasta el 14 de octubre, quebrantó la legalidad y estuvo motivada por «el propósito inapropiado de obstaculizar el Parlamento».
Tras conocerse el dictamen, el Gobierno comunicó que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, que atenderá este y otro caso similar el próximo martes, día 17, en una sesión presidida por nueve magistrados.
Los tres jueces en Escocia, presididos por Lord Carloway, emitieron su veredicto por unanimidad, pero no dieron ninguna orden específica para que las sesiones de la Cámara de los Comunes se reanuden, bajo el argumento de que el caso llegará al Supremo.
Además del caso escocés, el Supremo deberá atender otro que persigue el mismo objetivo y que fue presentado en Inglaterra por la activista contraria al «brexit» Gina Miller.
En el caso de Miller, el Tribunal Superior de Londres había decretado la semana pasada que la suspensión parlamentaria no es ilegal y que se trata de un asunto político, por lo que la activista y empresaria decidió apelar al Supremo.
El fallo emitido hoy en Escocia revoca así uno anterior del pasado 4 de septiembre, que dictaminó que el cierre sí cumplía con el ordenamiento -por razones muy similares a las del caso Miller-, y que no impidió que la actividad de las cámaras se paralizase este martes hasta el 14 de octubre.
Para el 14 de octubre, el Gobierno ha programado el llamado «Discurso de la reina», la agenda legislativa del Ejecutivo para el próximo año, un procedimiento que es habitual, pero que la oposición asegura que esta vez se ha usado para hacerlo coincidir con las jornadas anteriores al día 31, la fecha prevista para el «brexit».
El gabinete de Johnson se mostró «decepcionado» con la decisión de la corte de apelación de mayor rango de Escocia y señaló que suspender el Parlamento «es la forma legal y necesaria» para poder «presentar una agenda legislativa nacional sólida».
La querella resuelta en Escocia fue presentada por un grupo de más de 70 parlamentarios, entre ellos la representante del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios diputados laboristas e independientes y la asociación contraria al «brexit» «The Good Law Project».
En declaraciones a los medios tras conocerse el dictamen, Cherry instó a que se decrete la reapertura del Parlamento para poder continuar «escrutando lo que está dispuesto a hacer el Gobierno en relación al ‘brexit'».
«Esta es una decisión unánime de la mayor corte de apelación de Escocia sobre que el cierre del Parlamento por Boris Johnson es ilegal, por lo que, a cada instante que permanece cerrado, el Gobierno británico está quebrantando la ley», afirmó Cherry, rodeada por un grupo de manifestantes contrarios al abandono de la UE.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se pronunció en la misma línea al llamar a una reanudación de la actividad parlamentaria «inmediata» y afirmó que el comportamiento de Johnson está siendo «indignante» e «imprudente».
El portavoz laborista para el «brexit», Keir Starmer, celebró la decisión, aunque reconoció que no era algo «esperado», a pesar de que resultaba «obvio para todos que cerrar el Parlamento en este momento crucial era algo incorrecto».
Para el diputado conservador Dominic Grieve, se estaría ante «una cuestión muy seria» si finalmente se sustancia que el primer ministro «engañó» a la soberana al aconsejarle apoyar el procedimiento, por lo que «sería el momento de Johnson de dimitir».
La oposición -con el respaldo de un grupo de 21 diputados conservadores descontentos con la gestión del Gobierno- aprobó la semana pasada una ley que obliga al «premier» a pedir una prórroga del «brexit» si no llega a un acuerdo con la UE para el 19 de octubre, de forma que se evite una ruptura no negociada.
Johnson, sin embargo, sostiene que quiere lograr un pacto que permita una salida ordenada y ha recalcado que no está dispuesto a pedir un retraso de la retirada del bloque comunitario.
