SANTO DOMINGO.- La Red de Centros Sociales Jesuitas se han unido al clamor nacional que exige que la justicia no se vea manipulada por estrategias político-partidarias que buscan encubrir el enriquecimiento ilícito y la asociación de malhechores con el último propósito de esquilmar el erario público y justificar el lavado de activos.
El clamor se realiza a propósito del fallo de «No ha lugar» emitido a favor del senador Félix Bautista por el juez Alejandro Moscoso Segarra.
Los Jesuitas aseguran que la corrupción atenta directamente contra el uso eficiente y justo de recursos para superar la pobreza y la desigualdad social que tanto afecta a miles de dominicanos y dominicanas.
«La apropiación indebida de fondos públicos para uso clientelar y enriquecimiento personal sencillamente borra cualquier otro esfuerzo de construir políticas sociales inclusivas. Con actos de impunidad perpetrados por los máximos dirigentes del partido en el poder todo acto estatal queda contaminado de clientelismo. Queremos pedir a nuestros hermanos políticos en el poder que piensen sobre ello en estos días de Semana Santa. Desde la perspectiva evangélica, robar es un acto inmoral grave, gravedad que se hace más profunda, injusta y dañina cuando los fondos usurpados deberían estar orientados a la protección social de la población más pobre y vulnerable, sin distinción de credo ni de simpatía partidaria», sentenciaron.
El Centro Bonó, Cefasa, ve con preocupación la tendencia de los actores políticos dominantes a trastocar los mecanismos de control y las normas de contraloría y fiscalización así como la administración de justicia con el propósito de asegurarse impunidad y protección. Si los actos de corrupción no son sancionados ejemplarmente por la justicia la democracia se corroe y la libertad y los derechos fundamentales de la ciudadanía se erosionan, abriéndose el paso hacia la tiranía.
Los centros sociales se unen al amplio reclamo popular que exige que los jueces provenientes de partidos políticos sean sustituidos por jueces de carrera judicial para que estos asuman de manera efectiva la gobernanza del sistema de justicia dominicano. Desafortunadamente, la ciudadanía tiene algo más que la mera impresión de que en estos momentos el sistema de justicia dominicano está secuestrado. Más de la mitad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura ha estado controlado por una tendencia dentro del PLD que se cree predestinada a dirigir el país, y cuyos actos pueden afectar la gobernanza y la gobernabilidad del país. No habrá justicia sin el nombramiento de jueces imparciales por lo que se hace imperativa la renovación de la justicia.
El movimiento social ciudadano está abocado, por lo que resta del año, a unir sus esfuerzos para demandar el arreglo del sistema de justicia, especialmente la reestructuración de las Altas Cortes.
