EL NUEVO DIARIO, DUBLÍN.- El Gobierno irlandés confirmó hoy que celebrará el próximo octubre un referéndum para eliminar una ley que prohíbe la blasfemia y castiga con cuantiosas multas las ofensas contra cualquier religión.
El ministro de Justicia e Interior, el democristiano Charlie Flanagan, ha indicado que su abolición sería un «paso importante» en el camino emprendido por este país para mejorar su «reputación internacional».
Después de legalizar el matrimonio homosexual en una consulta celebrada en 2015 y suavizar la ley del aborto en el plebiscito del pasado mayo, Dublín quiere ahora «dar ejemplo» a los países donde la blasfemia conlleva «la pena de muerte», recordó Flanagan.
«En esos países, esas leyes no solo son un anacronismo, sino que también presentan una amenaza muy real para la vida de aquellos que no comparten las ideas de los que las hacen cumplir», ha dicho el ministro.
En su opinión, Irlanda puede «dejar claro al mundo» que la ley sobre la blasfemia «no refleja sus valores» y que no «cree que deba existir semejante legislación».
La Ley de Difamación fue introducida en 2009 por el Gobierno de coalición del centrista Fianna Fáil y el Partido Laborista y prohíbe la blasfemia porque así lo establece la Constitución nacional.
La legislación prevé multas de hasta 25.000 euros para aquellos que «publiquen o profieran material que sea gravemente abusivo o insultante en relación con asuntos sagrados para cualquier religión, causando así indignación intencionalmente a un número sustancial de seguidores de esa religión».
El Ejecutivo dirigido desde 2011 por el conservador partido Fine Gael ha indicado que el referéndum sobre la blasfemia podría celebrarse el mismo día que las elecciones presidenciales, previstas también para el próximo octubre.
En virtud de la agenda modernizadora lanzada por el Gobierno democristiano, liderado desde 2017 por Leo Varadkar, el electorado irlandés será convocado de nuevo a las urnas para participar después en otra consulta cuyo objetivo es eliminar una cláusula de la Constitución conocida como «la mujer en el hogar».
Según el artículo 41.2 de la Carta Magna, Irlanda «reconoce que, por su papel dentro del hogar, la mujer aporta al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común».
El texto, criticado por su lenguaje sexista por la mayoría de los partidos y grupos de activistas, agrega que las autoridades, «en consecuencia, deben esforzarse por asegurar que las madres no están obligadas por necesidad económica a trabajar (fuera de casa) y descuidar sus deberes en el hogar».
Hasta la pasada década de los 60 y principio de los 70 era habitual que las mujeres irlandesas dejasen sus puestos de trabajo tras casarse, sobre todo en el sector público, y aunque esa práctica desapareció hace tiempo, la sociedad cree que la citada cláusula entorpece el avance de la lucha por la igualdad.
