EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- La Justicia argentina investiga los pagos que supuestamente realizó una financiera declarada inactiva por la Inspección General de Justicia (IGJ) a la sociedad inmobiliaria Los Sauces, cuyos principales accionistas son la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.
Los Sauces es objeto de una amplia investigación que encabeza el juez Claudio Bonadio, quien recientemente citó a declarar como imputados a, entre otros, la exmandataria (2007-2015), por presunto lavado de dinero y cohecho, y a Máximo y Florencia Kirchner.
Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, en torno al caso se investigan ahora los presuntos pagos de hasta 2,3 millones de pesos (147.500 dólares) que entre 2009 y 2011 realizó a Los Sauces la compañía de servicios financieros Solvencia Crediticia, declarada inactiva en 2015 por la IGJ al no detectar movimientos en los últimos años.
Según añadió el diario La Nación, al menos en los tres períodos previos, esa financiera no había presentado balances, no pagó las tasas correspondientes ni había declarado a su directorio ni su sede.
La investigación trata de dilucidar cuál fue el origen de los fondos que Solvencia usó para pagar alquileres concretados con Los Sauces, si la empresa está inactiva.
El pasado 3 de febrero, Bonadio citó, además de a Fernández -quien tendrá que presentarse en los juzgados el 7 de marzo-, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y entre otros a los empresarios ligados al kirchnerismo y contratistas del Estado, Cristóbal López y a Lázaro Báez, ya detenido como acusado en otra causa por lavado de activos.
El caso surgió en abril de 2016 tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), así como a sus hijos.
La legisladora les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
En ese sentido, Stolbizer cree que pudo utilizarse Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y conformada en 2006 por Fernández y Kirchner y su primogénito, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de esos empresarios, quienes previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
El fiscal Carlos Rívolo hizo lugar a esa denuncia de Stolbizer y pidió investigar como imputada a la expresidenta, por lo que decidió convocarla el juez, quien una vez le haya tomado declaración decidirá si dicta su procesamiento, es decir, si abre un proceso penal contra ella que desemboque en la apertura de un juicio oral.
