EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (el regulador bursátil español) Julio Segura serán investigados por supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad bancaria Bankia.
La Audiencia Nacional española solicitó hoy al juez instructor del llamado "caso Bankia", Fernando Andreu, que cite como investigados a estas dos personas y a otros seis responsables del banco central español, después de admitir un recurso de la acusación popular.
Según el escrito, Fernández Ordoñez y Segura autorizaron la operación de la salida a Bolsa de Bankia "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España" sobre la inviabilidad del grupo, y de que la solución "no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes", cifrado en 15.000 millones de euros (15.900 millones de dólares).
La Audiencia Nacional asume los argumentos de la acusación popular, que señaló al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por haber ofrecido una "inestimable colaboración" a la excúpula de Bankia como "cooperadores necesarios" de las supuestas irregularidades e "incitar" a la entidad a efectuar lo que denominó una "huida hacia delante".
Bankia, fruto de la fusión en 2011 de siete cajas de ahorro, entre ellas Caja Madrid, hizo una polémica salida a Bolsa ese año bajo la presidencia de Rodrigo Rato, exdirector gerente del FMI, que también está procesado en el caso por delitos de estafa y falsificación contable.
Poco después, en 2012 tuvo que recibir unos 22.000 millones de euros (23.407 millones de dólares al cambio actual) de fondos públicos para hacer frente al agujero financiero que tenía y en estos momentos está parcialmente nacionalizada.
La quiebra de la entidad afectó a miles de pequeños accionistas y a principios de 2016 Bankia decidió devolver 1.500 millones de euros (unos 1.600 millones de dólares al cambio actual) a cerca de 200.000 pequeños inversores que compraron acciones en su salida a bolsa, para frenar las demandas.
Los accionistas habían demandado al banco por el desfase comprobado entre las cifras del folleto informativo de salida a bolsa y la situación económica real de la entidad.
