Investigación penal es secreta. No es pública para terceros

Por Jhon Garrido

Ministerio Público viola el carácter secreto de la investigación penal

La investigación penal en el sistema penal dominicano posee dos leyes las cuales imponen que la etapa preparatoria o etapa de investigación no es pública para terceos. Ordenan que la fase de investigación se desarrolle de forma secreta y sin publicidad con el propósito de evitar afectaciones a derechos fundamentales de los investigados y cuidar la pureza del proceso.

El Ministerio Público dominicano es muy dado a publicitar todas las actuaciones de una investigación penal y más si esta genera interés social. Todos los casos de corrupción o de una investigación de gran impacto son promovidos al público a través de los medios de comunicación y redes sociales. Anuncian inclusive, que va arrestar, que investigaran, que apresaran, incautaran y que procesaran a tal persona. Informan hasta que son culpables de tales delitos.

La ley No. 76-02 que crea en Código Procesal Penal, que es la normativa principal por donde se debe regir una investigación penal. Esta ley establece en su artículo 290 que el Ministerio Público, policías, abogados y jueces tienen que guardar una estricta discrecionalidad de la investigación. El Código Procesal expresa que la violación a la discrecionalidad se reputa como una falta grave. Es decir, que el incumplimiento de esta normativa permite que el fiscal, policía y jueces puedan ser juzgados disciplinariamente por cometer una falta de tercer grado. Estas faltas se sancionan con la desvinculación del funcionario.

“Art. 290.- Carácter de las actuaciones. El procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones sólo pueden ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes… Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo adquieran conocimiento de las actuaciones cumplidas, tienen la obligación de guardar discreción. El incumplimiento de esta obligación es considerada falta grave.”

Por su parte, la ley No. 133-11 orgánica Por del Ministerio Público adoptó en el artículo 11 el principio de reserva. Este principio, cuyo contenido no es diferente al artículo 290 del CPP y les prohíbe al fiscal investigador que no debe hacer pública la investigación, también, ordena sancionar con faltas grave a los actores penales que no guarden discrecionalidad.

“Artículo 11. Reserva. La fase de investigación no es pública para los terceros. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo adquieran conocimiento de las actuaciones cumplidas, tienen la obligación de guardar discreción. El incumplimiento de esta obligación es considerada falta grave…”

 Para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el secretismo de la investigación penal forma parte del debido proceso y en reiteradas jurisprudencias ha dicho que la violación a las reglas del debido proceso podría tener el efecto de la nulidad del proceso, la Corte IDH dijo:77. Esta Corte considera que el juez, como director del proceso, debe velar por que se cumplan a cabalidad las reglas del debido proceso de las partes y el incumplimiento de éste podría acarrear la aplicación de reglas de nulidad, Corte IDH, caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, sentencia de 5 de julio de 2011…”.

En otra sentencia la Corte IDH ha dicho que para proteger el principio de inocencia la autoridad no puede emitir juicio público sobre imputado, es por ello, que a Corte dijo: “160. El derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella, Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú Sentencia de 25 de noviembre de 2004.

Por su parte, el tribunal europeo de los Derechos Humanos expresó: “[el] artículo 6 párrafo 2 [de la Convención Europea] no puede impedir a las autoridades informar al público acerca de las investigaciones criminales en proceso, pero lo anterior requiere que lo hagan con toda la discreción y la cautela necesarias para que [el derecho a] la presunción de inocencia sea respetado, caso Allenet de Ribemont Vs France, judgment of 10 february 1995, Series A no. 308, párr. 36 y 38.

Las investigaciones penales en la RD no respetan estas reglas del debido proceso. El Ministerio Público con una aptitud populista publicita todas sus investigaciones y esto es una violación a los derechos fundamentales del imputado. La consecuencia legal de esta violación es la nulidad del proceso, según artículo 95 del CPP.

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